Vivotecnia firma un millón en contratos públicos tras el vídeo con vejaciones a animales

La ONG británica Cruelty Free International (CFI) denuncia ahora que cuatro organismos públicos españoles siguen contratando los servicios de Vivotecnia, la empresa madrileña investigada judicialmente por maltrato animal. El primer mazazo se lo llevó CFI cuando se vio obligada el pasado abril a publicar unas imágenes grabadas por una extrabajadora del laboratorio que experimenta con animales por encargos de la industria farmacéutica. En un vídeo de ocho minutos se veía sin paños calientes cómo los empleados de este centro de Tres Cantos (al norte de la capital) trataban vejatoriamente a los animales. De esa manera, la ONG y la extrabajadora se metieron en un duro proceso judicial que sigue en curso.

El siguiente mazazo se lo ha llevado con los meses, al ver que las administraciones públicas siguen confiando en esta empresa a pesar de que el trato que da a los animales está en cuestión. Cuatro organismos públicos españoles han confiado en Vivotecnia para el cuidado de sus animalarios o para nuevos experimentos. Gracias a estos contratos la compañía ha recibido más de un millón de euros. CFI ha decidido pedirles sin éxito que reconsideren su relación con la empresa, según ha avanzado la ONG a EL PAÍS.

“Estamos consternados por las decisiones que han tomado estos organismos de extender esos contratos mientras la empresa todavía se enfrenta a cargos por crueldad animal y por incumplir la ley”, explica por correo electrónico Katy Taylor, directora de ciencia de CFI. “Les hemos pedido que, al menos, pospongan cualquier continuación o extensión de esos contratos”.

Taylor ha escrito a los cuatro organismos para incidir en esa idea. Les recuerda que hay actos probados, deliberados y gratuitos de crueldad hacia los animales, que además hay imágenes en las que se burlan de ellos cuando están estresados y sufriendo, que matan ejemplares en presencia de otros, cuando está prohibido, o que utilizan técnicas “espantosas” y hay “mala praxis” que infligen un sufrimiento mayor del necesario, como negarles la anestesia compasiva. Por ahora, ninguno de ellos le ha respondido.

El primer organismo en el que CFI pone el foco es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que el pasado octubre contrató los servicios de Vivotecnia para “manipular y gestionar animales” por 774.064 euros. El CSIC ha insistido en la postura que mantiene desde el inicio de la controversia, incidiendo en que esperarán a que concluya la investigación. En un comunicado que publicó en abril manifestó “el más absoluto rechazo y condena sin paliativos” al contenido del vídeo y en el que apoyaba “firmemente” la investigación abierta por las autoridades de la Comunidad de Madrid. Precisamente el Gobierno regional levantó la suspensión temporal el 1 de junio pasado porque creía que se habían adoptado las medidas cautelares suficientes.

El siguiente organismo al que CFI se ha dirigido ha sido la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (Castilla la Mancha), que contrató los servicios de Vivotecnia en junio para “manejar animales de laboratorio” por un importe de 87.440 euros. La Consejería de Sanidad ha preferido no responder a este periódico.

La Universitat Jaume I, de Castellón (Comunidad Valenciana) es el tercer organismo apelado por CFI, ya que también decidió ampliar su contrato en las mismas fechas para llevar la gestión de los animales de laboratorio por 48.480 euros. “Esta empresa resultó adjudicataria en una licitación pública al acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas”, justifican a EL PAÍS fuentes de la universidad, que explican también que su personal supervisa e informa sobre la calidad del servicio prestado. “Se ha desarrollado con total normalidad”, aseguran.

Informe con “irregularidades”

También el Parque Científico de Barcelona ha recibido la notificación de CFI, ya que el pasado noviembre contrató los servicios de Vivotecnia para realizar “una prueba de toxicidad de 28 días en Beagles”, por una cantidad de 211.280 euros. También ha preferido guardar silencio.

El director general de Vivotecnia, Andrés König, ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

El 10 de diciembre seis de los investigados y tres testigos declararán ante la juez de instrucción de Colmenar Viejo que lleva el caso, según fuentes de la investigación. También lo hará un perito de la Dirección General de Derechos de los Animales que ha realizado un informe en el que confirma “irregularidades”. Ya es el tercero en ese sentido. Una técnico veterinaria del Seprona y otra de la Comunidad de Madrid han concluido en sus escritos que había maltrato.

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