El PP de Ayuso apuesta por los guiños ideológicos a Vox en la negociación de los Presupuestos

A mediados de septiembre, el PP apoyó en la Asamblea una iniciativa de Vox para que “los restos humanos del hijo muerto por aborto puedan ser reclamados por los padres, independientemente de su edad gestacional o peso” para ser enterrados. El último guiño ideológico de los conservadores a la extrema derecha, que supone dar a todo resto biológico de la gestación la consideración de ser humano, llega justo cuando las dos formaciones afrontan la etapa decisiva para aprobar los Presupuestos de 2022. Vox reclama la gratuidad de la educación no obligatoria (guardería y bachillerato), dice haber identificado 700 millones que se podrían recortar, y plantea derogar las leyes LGTBI. Así, llega la hora de la verdad para el binomio que sostiene la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, cuyas cesiones a Vox han sido hasta ahora simbólicas.

“Me da mucha pena, mucha vergüenza, tener que apoyar a un gobierno como este, de verdad, lo siento mucho”. La frase se le escapó la pasada semana a un diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, y retrata a la perfección el incómodo cálculo político que une a PP y Vox.

El resultado del 4-M obligó a entenderse a dos formaciones que compiten por el mismo electorado y que son lideradas por dos políticas a las que separan desencuentros personales.

Para Díaz Ayuso, que suele definir a Monasterio como “doña perfecta”, fue un triunfo sin guinda: no logró la mayoría absoluta. Para Monasterio, que busca mantener su espacio político frente a la política de moda, fue un éxito amargo: consiguió que cualquier proyecto del gobierno dependa de sus votos, lo que no se ha traducido luego en que tenga una posición de fuerza.

El análisis de Vox es que sus votantes no entenderían un choque con Díaz Ayuso que favorezca a la izquierda en Madrid. Las cesiones consecuentes para evitar el enfrentamiento (rectificar en su objetivo de investigar lo ocurrido en las residencias, por ejemplo) han convencido al PP de que puede hacer mucho camino con cesiones estéticas sin efectos prácticos.

Así, el PP se ha comprometido a una reducción del número de diputados en el Parlamento regional que no se puede hacer sin la izquierda (hay que modificar el estatuto de autonomía). También ha favorecido que Vox tuviera un lugar en la Mesa de la Cámara, evitando al mismo tiempo que ese voto fuera decisivo (los conservadores tienen mayoría). Del mismo modo, se ha abierto a la modificación de las leyes LGTBI que reclama Monasterio, sin dar hasta el momento ningún paso en ese sentido, pese a que es un asunto que Díaz Ayuso tiene bien presente. Igualmente, ha validado el discurso antiabortista de la extrema derecha, normalizándolo y amplificándolo, pero sin trasladarlo aún a ninguna norma. O se ha comprometido a ser más transparente en con quién contrata, una iniciativa de Vox para aclarar a qué se dedica lo recaudado por impuestos que casa muy bien con el programa de Díaz Ayuso.

De hecho, el único pacto con consecuencias prácticas firmado por las dos formaciones es justamente uno en el que ambas se sienten bien cómodas, y del que pueden reclamar la autoría: reducir un 10% el presupuesto de Telemadrid.

Un tanto político

En consecuencia, la formación de extrema derecha llega a la negociación de los Presupuestos necesitada de apuntarse un tanto político y práctico, y consciente de que el PP le puede doblar la mano gracias a la aritmética parlamentaria: para que Vox hiciera valer sus votos en contra del proyecto, tendría que votar con la izquierda. Una apuesta hasta ahora inasumible para Monasterio, que daría luz verde a las cuentas con una simple abstención.

“Hemos tenido reuniones de intercambio de información, pero la negociación está en un estado muy inicial”, aseguró el martes Íñigo Henríquez de Luna, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea. “El Gobierno debe presentar el anteproyecto, que recoja algunos de los planteamientos de Vox, como reducción del gasto superfluo y gratuidad de la educación”, añadió sobre las nuevas cuentas, que el Ejecutivo regional presentará el miércoles. Y destacó: “Lo vamos a exigir, y específicamente en la educación infantil, cuyo coste no llega a 120 millones. Es un esfuerzo razonable en un Presupuesto de 23.000 millones”.

El PP, por boca de su líder, considera ese planteamiento “una utopía”. Hasta ahora, se ha opuesto a todas las propuestas de Vox que requerían de inversión económica. Sin embargo, fuentes populares reconocen que se puede intentar buscar un punto de encuentro en la petición de que la educación de 0 a 3 años sea gratis, en función, por ejemplo, de que se establezcan limitaciones de renta para los solicitantes. En juego está aprobar las cuentas de 2022 y dejar atrás las de 2019, que sacó adelante el Ejecutivo de Ángel Garrido y siguen vigentes desde entonces. Llega el momento de la verdad: tras multiplicar los guiños ideológicos a Vox desde el arranque de la legislatura, ahora toca hablar de dinero.

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