La Comunidad de Ayuso pagará a plazos 12,5 millones para dejar de ser el mayor deudor del Ayuntamiento de Almeida

La Comunidad de Madrid dejará de ser el principal deudor del Ayuntamiento de la capital tras una sentencia judicial que obliga a la Administración presidida por Isabel Díaz Ayuso a pagar 12.555.648,69 millones de euros a la que dirige José Luis Martínez-Almeida. Pese a que el Ejecutivo regional cuenta con unos Presupuestos de 22.000 millones de euros, y está en plena elaboración del proyecto de cuentas públicas para 2022, ha negociado un plan de pagos para no hacer frente de golpe a esa cantidad. Con ella debe compensar el impago del impuesto de plusvalía por ventas de casas de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) entre 1999 y 2002.

“Se trata de una deuda contraída por el impuesto de plusvalía [impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana] en un periodo que abarca desde 1999 y 2002″, detalla un portavoz gubernamental. “En esa época se consideraba que el IVIMA [hoy agencia de la vivienda social] estaba exento de pagar ese impuesto al aplicar el criterio de “administración publica”, añade. “El Ayuntamiento no lo consideró así, y por eso acabamos litigando”, amplía. Y remata: “Ahora la sentencia es firme y recoge que el criterio es de “organismo autónomo” y por eso tenemos que asumir la deuda, para lo que ya se ha fijado un plan de pagos con el Ayuntamiento, por lo que ya es una cuestión meramente administrativa”.

Durante 2020, 21 empresas y administraciones públicas contrajeron deudas tributarias superiores al millón de euros con la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. La cifra, a 31 de diciembre de 2020, se disparó hasta los 83,3 millones de euros, el 3,5% de los 2.343 millones de euros de los ingresos tributarios municipales. De esos deudores, el más importante era la Comunidad, según información municipal publicada en el Tablón de Edictos: la Agencia de Vivienda Social, dependiente del Ejecutivo regional, adeudaba 14,1 millones de euros, a lo que se añadían otros 4.570.651,94 vinculados directamente al Gobierno.

Tras la Comunidad, los principales deudores fueron el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con 12,8 millones; una empresa de comercio con 10,7 millones; y la Administración General del Estado con 7,7 millones.

Plusvalía

No es la primera vez que la AVS tiene problemas con el impuesto de plusvalía. A finales de los años noventa, este organismo público cobró masivamente esa tasa a los compradores, cuando debe abonarla el vendedor. Así, coincidiendo con el primer gobierno del PP en la región, el IVIMA inició en 1996 la venta de sus viviendas a miles de madrileños de barrios humildes y les obligó a pagar entre 25.000 y 40.000 pesetas por vivienda como impuesto de plusvalía (entre 150 y 240 euros). Cuando estalló el escándalo, la reacción fue inmediata.

“En caso de duda, la consejería se pone de parte del más débil, en este caso los vecinos”, indicaron los portavoces del departamento, a los que el entonces consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, ordenó que frenaran esa práctica.

Sin embargo, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, se negó a devolver el dinero ya cobrado. Y al poco estalló el conflicto con el Ayuntamiento, también a cuenta del pago de esa tasa, que la Comunidad consideró que no debía pagar al ser una institución pública. El pulso legal se enquistó durante años, y alcanzó su cenit cuando las dos administraciones dejaron de estar pilotadas por el PP.

“Es una disputa histórica, y ahora, desde la diferencia política y la responsabilidad institucional, es el momento de que la Comunidad afronte la necesidad de financiar adecuadamente los servicios que prestamos”, dijo en 2015 la entonces portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre, cuando Manuela Carmena solo llevaba unos meses al frente de la alcaldía.

“[La deuda] se corresponde con ventas de viviendas sociales del IVIMA en favor de las familias adjudicatarias de los pisos en años en que en el IVIMA era un organismo autónomo exento de dicho impuesto”, contrapuso Engracia Hidalgo, por entonces consejera de Economía, Empleo y Hacienda del Gobierno regional de Cristina Cifuentes.

Sentencia de 2020 recibida en 2021

Una interpretación que no ha compartido la justicia, que tras años de litigio le ha dado la razón al Ayuntamiento con una sentencia de 2020 que el Ejecutivo regional ha recibido en 2021, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

“Reiteramos que el IVIMA no es un Organismo Autónomo del Estado sino de la Comunidad Autónoma de Madrid, creado por ella, con personalidad y patrimonio propios”, se leía ya en una sentencia del Supremo de 2003 que tumbaba punto por punto toda la argumentación de los representantes legales del Ejecutivo regional, y veía un intento de “desfigurar” y “retorcer” preceptos legales para sostener la idea de que el IVIMA no debía pagar la tasa.

¿A qué se debe que la Comunidad afronte el pago a plazos, en lugar de en una sola transferencia, cuando es una de las Administraciones más potentes del país?

“Si se puede pagar a plazos es más práctico para liquidar una deuda”, argumentan desde el Ejecutivo regional.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.