El Ivima cargó la plusvalía a los compradores de sus casas

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), organismo dependiente de la Comunidad, ha cobrado por la venta masiva de sus viviendas cantidades superiores a las estipuladas al cargar a los compradores la plusvalía. Este impuesto debe abonarlo, según la ley, obligatoriamente el vendedor, en este caso el Ivima, y nunca el comprador, como en realidad ocurrió.El Ivima inició en 1996 la venta de sus viviendas a miles de madrileños de barrios humildes y les obligó a pagar entre 25.000 y 40.000 pesetas por vivienda como impuesto de plusvalía.

Las primeras denuncias, por parte de Izquierda Unida, en junio pasado respecto al cobro de esas cantidades hicieron rectificar a Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas. Cortés ordenó a los gestores del Ivima que dejaran de cargar a los compradores el impuesto. "En caso de duda, la consejería se pone de parte del más débil, en este caso los vecinos", indicaron los portavoces del departamento.

El Ivima desconocía el pasado viernes a cuántos vecinos se les cobró irregularmente la plusvalía antes de que el consejero decidiera suprimir el requisito. IU cifra los afectados en "unos cientos", y anuncia una iniciativa parlamentaria para que se devuelva a los compradores el dinero pagado de más.

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Presunta ilegalidad

IU denuncia la "irregular" contratación de una empresa de encuestas para vender casas del Ivima

IU ha denunciado más anomalías en la venta de pisos. ejecutada por la Comunidad. Por ejemplo, la adjudicación a la empresa de sondeos Sigma Dos del contrato de apoyo al Ivima para la venta de los pisos por "20 millones de pesetas". "Huele a pucherazo la adjudicación de un concurso a una empresa cuyo objeto social nada tiene que ver con el asunto al que se refiere. Hacer sondeos no tiene nada que ver con tramitar la venta de pisos", explica la coalición. IU solicitará hoy el expediente del concurso adjudicado por el Ivima.Juan José Franch asegura que la adjudicación fue "totalmente legal". "Sigma Dos tenía la clasificación como contratista que nosotros pedimos en el pliego de condiciones [grupo III, subgrupo 3, categoría B]. Tras pedir informes al secretario general del Ivima, al de la Consejería de Obras Públicas y al jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad, todos avalaron la legalidad de la adjudicación".

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