NUEVO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso se abre a revisar las leyes de género y LGTBI de Madrid que Vox le ha pedido que derogue

El PP registra en la Asamblea una ley para cambiar al presidente de Telemadrid y facilitar el control político del ente

Toma de posesión de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. En vídeo, Enrique Ossorio, portavoz del gobierno madrileño se abre a modificar las leyes LGTBI porque dice que contienen artículos "revisables".KIKE PARA | VÍDEO: EFE

Menos de una semana después de ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de Vox, Isabel Díaz Ayuso se ha abierto este lunes a buscar un punto de encuentro con las tres exigencias planteadas por la extrema derecha antes de la votación. Si el partido ultra pedía derogar la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; y la de protección Integral contra la LGTBIfobia, el Gobierno regional está dispuesto a revisar su contenido. Y si la formación de extrema derecha quiere cerrar Telemadrid, el PP plantea mantener abierta la televisión pública, aunque bajo su control político. Las tres propuestas suponen enmendar algunos de los proyectos estrella del Gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018).

Así, la formación conservadora ha registrado este lunes una ley en la Asamblea de Madrid para reducir de seis a cuatro años el mandato del director de la televisión (el actual tendría que dejar el puesto) y que el cargo de Administrador temporal que nombraría el Gobierno mientras busca sustituto pueda ser elegido por mayoría absoluta (lo que dejaría en manos de PP y Vox el nombramiento de un cargo sin fecha de caducidad para su permanencia en el puesto). La nueva norma, de ser aprobada, también dejaría el nombramiento de los integrantes del consejo de Administración exclusivamente en manos de los políticos, que ahora comparten las designaciones con asociaciones profesionales. Además, la independencia de la compañía se vería menoscabada por una doble vía: el mandato del jefe de Telemadrid volvería a coincidir con el del presidente regional de turno —al pasar de seis a cuatro años— y se podría nombrar un Administrador único con mando sobre toda la estructura directiva mientras la Asamblea resuelve el nombre del nuevo director.

“No creo que se trate tanto de cerrar una televisión, que a su vez ayuda a vertebrar la Comunidad de Madrid”, ha dicho Díaz Ayuso este lunes, antes de que se conociera un proyecto que afectaría directamente al actual jefe de la cadena, José Pablo López, acortando su mandato en dos años, y obligándole, previsiblemente, a dejar el cargo. Aunque el carácter reversible de le ley ha abierto dudas legales, hay una cosa que está clara: la relación de López con el equipo de la presidenta es mala.

Nada refleja mejor el interés del PP por controlar Telemadrid que haber convertido esa reforma legal en su primera iniciativa de calado de la nueva legislatura. Su registro, en todo caso, no ha sido tanto un guiño a Vox como el resumen de una coincidencia de criterio: los dos dudan de que valga la pena gastarse 78 millones de euros al año en este servicio público. El gesto hacia el partido que propició la investidura de Díaz Ayuso ha sido otro.

“Como portavoz del PP, yo defendí esas leyes en el pleno, y coincido total y absolutamente con su objetivo”, ha dicho el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, cuando se le ha preguntado si el Gobierno coincide con Vox en la necesidad de derogar la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; y la de protección Integral contra la LGTBIfobia. “Estoy muy orgulloso de lo que han logrado esas leyes, pero igual que les estoy diciendo eso, he de reconocer que su redacción no es precisamente la más afortunada”, ha seguido. “Muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos de una norma, de una ley, son declaraciones que no tienen contenido legislativo. Esas leyes tienen aspectos notablemente mejorables en su redacción”, ha añadido. “Eso siempre podría ser revisable. Los objetivos [que persigue la ley], no”.

Comisión de investigación

Díaz Ayuso ya defendió la vigencia de estas dos normas en 2019, cuando Vox reclamó su derogación en la anterior investidura. Que ahora su Gobierno se abra a modificaciones puntuales refleja las tensiones que marcarán la investidura. PP y Vox se necesitan para llegar a las próximas elecciones con un balance legislativo que sirva de carta de presentación ante los electores. Al mismo tiempo, compiten por seducir a los mismos votantes. Eso aboca a los dos partidos a una alianza inestable, que estará llena de acercamientos y separaciones.

En vídeo, declaraciones del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, sobre la reforma de Telemadrid.Jesús Hellín - Europa Press | VÍDEO: EUROPA PRESS

Antes incluso de que arrancara la legislatura ya se vivió el primer ejemplo de lo difícil que será para el PP y Vox apoyarse mutuamente y defender al mismo tiempo su espacio electoral. Rocío Monasterio, la líder del partido de extrema derecha en la región, anunció que su formación apoyaría una comisión para investigar la causa de más de 5.000 muertes en las residencias de la Comunidad durante lo peor de la pandemia. Como ese órgano ha sido impulsado por la izquierda al unísono (PSOE, Más Madrid y Podemos), el PP reaccionó inmediatamente: “Se une a la izquierda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y contra mí”, denunció Ayuso. El efecto fue inmediato: tras provocar el primer encontronazo con la presidenta, Monasterio se retractó el sábado. No apoyará la comisión.

Rocío Monasterio (izquierda) felicita a Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio (izquierda) felicita a Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid.Juan Carlos Hidalgo / EFE

No ayuda que las dos líderes tengan una relación francamente mejorable. Ayuso acusa a Monasterio de ser “doña perfecta”. Y Monasterio acusa a Ayuso de no dialogar: “No hemos hablado desde el 4-M”. Ese desencuentro personal quizás explique la displicencia con la que la presidenta de la Comunidad trata al único partido con el que puede pactar algo en la Asamblea.

“Ahora, en realidad, no les necesito, no necesito pactar con Vox para prácticamente nada”, ha dicho este lunes durante una entrevista en Es Radio. “Necesito que cuatro diputados de Vox se abstengan cuando lleve ciertas medidas”. Una afirmación cargada de veneno político. El PP tiene 65 diputados, más que toda la izquierda junta, pero no alcanza la mayoría absoluta. Eso deja a Vox en una posición de fuerza incompleta: para hacerse valer, el partido de extrema derecha tendrá que votar junto a PSOE, Más Madrid y Podemos. Un peaje de difícil digestión para Monasterio.

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