Del Metro a los colegios de Madrid: se extiende la preocupación por los efectos cancerígenos del amianto

La preocupación por el amianto salta del Metro de Madrid a los centros escolares. Por eso, la representante de Educación en Madrid de UGT, Teresa Jusdado, y la presidenta de la Federación de asociaciones de padres Francisco Giner de los Ríos, Carmen Morillas, mandaron ayer una propuesta a la Comunidad de Madrid para empezar de manera eficiente el desamiantado “a corto y medio plazo” de los edificios donde estudian 1.243.653 alumnos no universitarios de Madrid. El correo electrónico con el plan llegó ayer por la mañana al buzón del director general de Infraestructuras y Servicios y esperan una respuesta.

“No se trata de crear alarma”, explica Jusdado, “pero es algo en lo que debemos poner el foco porque hablamos de la salud de los profesores, de todo el personal de un centro educativo y de los niños, que pasan muchas horas ahí dentro”. El origen de esta iniciativa se encuentra en un centro en particular “con un alto volumen de amianto”, del que prefiere que no se revele su nombre. Varios profesores, tras enseñar décadas entre sus muros, han sufrido cáncer en los últimos años y sus expedientes médicos señalan que la causa “es compatible” con la producida por las fibras de amianto.

El problema, sin embargo, no es puntual, sino generalizado. De hecho, según una estimación de UGT, entre el 80% y el 90% de los centros públicos contienen amianto en sus construcciones. Algo que también afecta a los edificios de la educación concertada, con una estimación entre el 50% y el 60% de edificios afectados; y a la privada, con cerca del 80% de edificaciones con amianto. En la capital, calculan que hay al menos 56 centros con este problema. “En esto defendemos a todos los docentes y todos los alumnos por igual, porque el origen del problema tiene que ver con las fechas de edificación”, esgrime la representante del sindicato. El amianto y los materiales en los que está presente se han utilizado desde los años cincuenta para el aislamiento de los edificios y esta práctica de construcción continuó hasta que se hizo pública la naturaleza carcinógena de dicho material. En España, se importó amianto sobre todo entre los años sesenta y ochenta. No fue hasta 1999 cuando se generó conciencia de la problemática gracias a la directiva de la Unión Europea que prohibió la comercialización y utilización de todas las fibras de amianto y de los productos que las contuvieran. En España se estableció la prohibición de utilizar este material en las construcciones a partir del 15 de junio de 2002, aunque se permitió seguir comercializando e instalando los productos fabricados previamente hasta el 15 de diciembre de 2002.

“Pese a su prohibición, todavía existen millones de toneladas de amianto instalado y está presente en numerosos edificios públicos y privados, maquinaria, depósitos, techos de uralita, instalaciones, materiales, componentes, tuberías de distribución de agua y elementos en los que a menudo desconocemos su ubicación, ya que no existe un registro ni de su situación ni sobre la cantidad de amianto que debe eliminarse”, explican Jusdado y Morillas en el correo enviado.

Lo que proponen, en todo caso, es crear una comisión —con representantes de toda la comunidad educativa— para estudiar pormenorizadamente los centros afectados y para establecer un calendario de retirada, sobre todo en época vacacional. “Según varios estudios, las fibras de amianto flotan a un metro de altura, que es la de un niño. Creemos que se tienen que tomar esto en serio”, dice Morillas, que representa a unas 900 asociaciones de padres y que recuerda, además, que existe una plataforma para impulsar la erradicación del amianto. La plataforma —a la que pertenecen también varias asociaciones, como la de Víctimas por el Amianto, Ecologistas en Acción, CC OO y partidos políticos como PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos— se ha marcado como prioridad elaborar una proposición de ley para la erradicación del amianto y reclamar la inclusión de partidas en los presupuestos.

La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que ya existe un plan de retirada que “se lleva ejecutando desde 2018”.

El departamento de Salud Laboral de UGT pregunta: “Lo pueden tener para cubrir el expediente, pero ¿dónde está el mapeo o el catálogo de sitios?”. A lo que Morillas añade: “¿Se refieren a que este verano se va a desamiantar un centro en Leganés y otro en Getafe? Porque Madrid es muy grande y no se está haciendo nada más”.

El pasado 23 de enero murió Santos González, el primer trabajador de Metro Madrid al que se le diagnosticó asbestosis, enfermedad respiratoria crónica producto de una exposición prolongada al asbesto. Según varios estudios, se estima que entre 4.000 y 5.000 personas fallecen anualmente en España por enfermedades provocadas por este mineral.

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