La Tarjeta Familias ya tiene una ordenanza que la regula

El Ayuntamiento de Madrid cerró ayer el largo proceso de modificación de una de sus regulaciones más técnicas, pero con más impacto en la realidad pandémica actual, la Ordenanza de Prestaciones Económicas de los servicios sociales municipales. Será el mecanismo para poner en marcha las llamadas Tarjetas Familias, que permitirá conceder ayudas directas a personas y familias vulnerables con un trámite sencillo. Durante el debate se verbalizaron dudas sobre la compatibilidad de este tipo de ayudas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Una ordenanza es el más alto rango normativo que los municipios pueden adoptar. Con su reforma se pretende dar cobertura normativa a la Tarjeta Familias, la herramienta estrella promulgada por el equipo municipal para los servicios sociales, adaptar los procesos con carácter de urgencia al contexto de crisis social actual y facilitar que las prestaciones lleguen con mayor agilidad a las familias, además de introducir la plurianualidad en las ayudas otorgadas.

Este último punto es valorado positivamente por trabajadores sociales consultados por EL PAÍS: “Permitirá que en cualquier momento del año planteemos una ayuda y se pueda otorgar con cargo a distintos ejercicios presupuestarios anuales”, explican. Como punto negativo recalcan los mismos funcionarios que “el texto se amolda única y exclusivamente a la Tarjeta Familias, cuando la ordenanza recoge y regula muchas otras ayudas sobre las que siguen quedando dudas”.

Más Madrid votó en contra de su aprobación. En palabras de su concejal Javier Barbero, “no recoge expresamente la exigencia de que la tarjeta prepago u otras ayudas económicas similares sean realmente compatibles con la RMI y el IMV”. Barbero recordó que el Ayuntamiento prometió hacerlo real el pasado mes de enero, a pesar de que hasta la misma mañana de ayer en el espacio municipal de información ciudadana se podía seguir leyendo, destacado en negrita, que la Tarjeta Familias es incompatible con el disfrute de prestaciones públicas dirigidas a atender las mismas necesidades; con la percepción de la Renta Mínima de Inserción y con la percepción del Ingreso Mínimo Vital. El párrafo fue finalmente retirado de la web del Ayuntamiento a última hora de la mañana.

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Durante la negociación también ha sido eliminada la posibilidad de que entraran entidades colaboradoras a gestionar las ayudas económicas de los servicios sociales, tal y como planteaba el equipo de José Luis Martínez-Almeida, algo que han remarcado desde el grupo socialista, que sí ha votado a favor del texto final. “Se abría la puerta a la gestión privada”, manifestó en su tiempo de comparecencia Emilia Martínez Garrido, concejal de PSOE-M. “Hemos defendido siempre la gestión pública de los servicios públicos, especialmente los socialmente sensibles como la Tarjeta Familias”, concluía.

Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) igualmente valora el texto en positivo: “coincide con buena parte de las propuestas que le hicimos al Ayuntamiento durante los peores momentos del estado de alarma”. En la federación se quedan preocupados con la compatibilidad de las ayudas municipales con el IMV, que no parece quedar suficientemente garantizada, “siendo éste un aspecto esencial”, afirma.

La pandemia por la covid-19 ha obligado al Ayuntamiento a darle salida, azuzado por los Acuerdos de la Villa firmados en julio. En palabras del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs), “con esta reforma damos respuesta a las nuevas necesidades de los madrileños con espíritu reformista, porque la esencia tiene que ser el servicio a los ciudadanos en situaciones de dificultad”.

Asistencia LGTBI+

Por otra parte, el Ayuntamiento pondrá en marcha “en las próximas semanas” un proyecto piloto de asistencia psicológica y jurídica dirigido a personas LGTBI+ que sean víctimas de agresiones o delitos de odio. Lo anunció en el pleno municipal Pepe Aniorte, quien destacó que Madrid será “el primer Ayuntamiento que va a tener un servicio propio que aborde esas agresiones”. El nuevo servicio para el colectivo LGTBI “constará de un sistema de detección de las víctimas mediante la creación de diferentes canales telefónicos y online, atención psicológica para minimizar los efectos de la agresión sufrida, y asesoramiento jurídico para informar a los usuarios sobre las herramientas que tienen a su disposición y los procesos de denuncia”.