La Fiscalía pide reactivar la causa contra el exalcalde de Alcobendas en el ‘caso Púnica’

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado del caso Púnica, Manuel García-Castellón, de archivar la línea de investigación abierta contra Ignacio García de Vinuesa (PP), antiguo alcalde de Alcobendas y ex comisionado de Víctimas del Terrorismo por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ministerio público considera que el juez no ha valorado de forma adecuada todos los indicios que señalan al dirigente popular, que dimitió del cargo en el Gobierno regional tras la imputación por malversar supuestamente 69.051 euros cuando se encontraba al frente del Ayuntamiento madrileño.

Anticorrupción subraya en su escrito, fechado el 15 de febrero y al que tuvo acceso EL PAÍS, que “son muchos los indicios y elementos probatorios que revelan” que García de Vinuesa y María Teresa Alonso-Majagranzas, su asesora de Comunicación en el Consistorio, contactaron con el experto informático implicado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para que a través de sus empresas realizase unos trabajos para mejorar la reputación online del entonces alcalde. Un encargo que sufragaban, “de forma encubierta”, mediante fondos públicos.

Como documentos para ratificar su tesis, la Fiscalía aporta varios correos electrónicos interceptados en la investigación. Entre ellos, un email recibido por María Teresa Alonso-Majagranzas —uno de los que, entre abril y octubre de 2012, le enviaban cada mes desde la empresa de De Pedro—, donde se adjunta un informe de reputación online sobre el ex alcalde de Alcobendas. “Este prueba la realización de trabajos de reputación personal al alcalde. El propio título del informe no deja lugar a dudas sobre los trabajos realizados por el EICO, [una de las compañías del experto informático]. La palabra clave utilizada siempre es Ignacio García de Vinuesa”.

El ministerio público también destaca al juez un segundo correo enviado por la asesora de Comunicación a una empleada de EICO, “en el que remite material gráfico para una campaña en internet, donde dice literalmente ‘Para tu campaña a mi favor en internet”. “Evidencia que indiciariamente se realizaban también trabajos de reputación personal para la asistenta de Comunicación del alcalde”, apostilla el escrito de este 15 de febrero.

“El juez instructor obvia en el auto que recurrimos, [a través del cual archiva la causa contra el exalcalde de Alcobendas], realizar una valoración de esta prueba, que nos parece contundente”, arremete la Fiscalía. Anticorrupción sostiene que García de Vinuesa y su ayudante contactaron con la trama para que en internet proliferasen las noticias positivas sobre el regidor y, a su vez, desapareciesen las negativas de los primeros puestos de los buscadores. Estos servicios los ocultaban bajo “facturas que recogían falsos servicios de publicidad, normalmente bajo la leyenda ‘inserción de banners”. Francisco Granados, imputado en el caso y exconsejero de la Comunidad, era quien presuntamente incitaba a los alcaldes a que contratasen a De Pedro.

El ministerio público recuerda que también se interceptaron mensajes de WhatsApp entre el equipo de García Vinuesa y De Pedro; que constan “facturas presentadas por la trama bajo conceptos genéricos y pagadas por los fondos públicos”; y que el Ayuntamiento no ha aportado el expediente que pruebe que se hicieron esos servicios de publicidad que supuestamente contrataron. “Ningún funcionario ni cargo de la administración ha podido certificarlo”, destaca Anticorrupción, que quiere que se vuelva a imputar al exregidor de Alcobendas y a su asesora.

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, archivó el pasado febrero esta línea de investigación al entender que no existen indicios suficientes de que García de Vinuesa tuviera la “corrupta voluntad” de desviar fondos públicos en su propio beneficio. El magistrado concluyó que no está demostrado que las empresas de De Pedro no prestaran los servicios que figuran en esas facturas. El hecho de que las facturas tengan “conceptos imprecisos y poco claros”, señaló el auto judicial, es un elemento “periférico” que no pasa de ser “una valoración subjetiva, una sospecha que además fue desmentida” por García de Vinuesa.