Las 700 enfermeras de los colegios permanecen en un limbo sin vacuna

El Colegio Oficial de Enfermería avisa de que denunciará a la Administración regional si no informa a las profesionales de cuándo y cómo entran en el protocolo de vacunación

Una trabajadora del colegio público Tomás Bretón toma la temperatura de los menores antes de entrar.
Una trabajadora del colegio público Tomás Bretón toma la temperatura de los menores antes de entrar.Olmo Calvo

A mediados de enero empezaron a preocuparse. Son enfermeras, pero en centros educativos, lo que hace que se encuentren en un limbo fuera del plan de vacunación, porque no pertenecen a la Consejería de Sanidad, sino a Educación. Son cerca de 700 profesionales y su misión, como coordinadoras covid de los centros públicos y concertados, consiste en aislar a los escolares sospechosos de coronavirus, acompañarlos, realizar un cribado en el centro e informar a Salud Pública. El Colegio Oficial de Enfermería ya ha mandado tres cartas a la Comunidad de Madrid para exigir que sean vacunadas. Sin respuesta. Las enfermeras de los colegios públicos y privados no solo son las responsables de alertar del coronavirus en las aulas, sino que tratan en sus centros a los niños con enfermedades crónicas. Por eso, explican, su inmunidad es esencial para la salud de esos menores.

El runrún ante la pasividad de la Comunidad de Madrid empezó a extenderse conforme pasaba enero. Crearon un par de grupos de Whatsapp y se organizaron. Primero preguntaron a Riesgos Laborales. No hubo respuesta. Después, a cada una de las cinco Direcciones de Área educativa correspondiente. Tampoco. Luego, acudieron a Salud Pública. Nada de nada. Como último cartucho, llegaron al Colegio Oficial de Enfermería, que recogió el guante.

Tras tres cartas remitidas a la Dirección General de Salud Pública, en la que instaban a informar y a incluir a las profesionales en el plan de vacunación, y de no de recibir tampoco ninguna en el colegio oficial siguen sin respuesta oficial. “Elevaremos el asunto a la autoridad judicial”, anuncia Mar Rocha, la portavoz del colegio de enfermeras.

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Alba Martínez, de 29 años, es la enfermera del colegio Federico García Lorca, de Alcobendas, por segundo año consecutivo. Desde las nueve de la mañana a las cuatro y media de la tarde, el horario escolar, no para. Como la mayoría de las sanitarias escolares, trabaja la jornada completa, aunque, explica, “algunas fueron contratadas solo para un 60% de la jornada”. Está disponible todo el día para 900 alumnos y desde las Navidades calcula que ha tenido que aislar a 10 menores a la semana por síntomas relacionados con la covid. “Con algunos se acaba confirmando que son positivos y otros son solo sospechosos”, explica.

Los menores de seis años, recuerda, no llevan mascarilla, pero mantenerlos alejados cuando se encuentran mal no es una opción para una enfermera. Les trata y les cuida como a los demás. Además, atiende al resto de niños del centro que sufren caídas, golpes o cualquier percance y está pendiente de los menores con enfermedades crónicas, como la de una niña de 12 de años que tiene diagnosticada una diabetes severa desde los cuatro. Le mide el nivel de azúcar varias veces al día, le pesa la comida, le pincha insulina y controla sus vahídos diarios. “La niña es maravillosa y ha aprendido que sobrellevar su enfermedad, pero al final si no me vacunan a mí no dejo de ser un peligro para ella o para los que están en una situación similar”, explica Martínez.

Los alumnos en cuarentena en Madrid se duplicaron nada más comenzar febrero: de los 12.051 menores aislados en sus casas por estar contagiados o haber estado en contacto directo con un enfermo a fecha del 27 de enero se pasó a 25.540 contabilizados hasta el 2 de febrero, según los datos facilitados por la Consejería de Educación. La situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. “Esto cada vez va a más”, lamenta Martínez.

Ese miedo es el denominador común de las casi 700 enfermeras repartidas en centros educativos. Saben que el protocolo especifica que los grupos prioritarios de vacunación en esta primera etapa se ordenan de esta manera: 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad. 2. Personal sanitario de primera línea. 3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados).

Pero, tras preguntar en diferentes ventanillas a qué grupo pertenecen, en ninguna de ellas les han aclarado cuándo empezarán ellas a recibir la vacuna. “Nos copian y pegan el mismo mensaje a todas, evadiendo el tema. A nadie les compete, y nos encontramos vendidas completamente”, lamenta la sanitaria.


No son las únicas

La portavoz del Colegio Oficial de Enfermería considera que la situación de estas trabajadoras es lamentable, aunque recuerda que no son las únicas: “Hay miles en una situación similar. Nosotros hemos preguntado por ellas y por las que trabajan por cuenta propia, en clínicas pequeñas o en atención domiciliaria, que también trabajan con pacientes vulnerables”.

Un portavoz de la Consejería de Educación admite que las sanitarias de los centros educativos dependen laboralmente de ellos y asegura que la Viceconsejería de Organización Educativa mantiene reuniones con la Consejería de Sanidad “para aplicar cuanto antes la vacunación a estos sanitarios así como a los docentes”. Aun así, incide, “debe ser Sanidad, que tiene la competencia, quien decida cuándo y cómo se vacuna a este personal”.

En la Consejería de Sanidad, sin embargo, se limitan a asegurar que la próxima semana se reiniciará la administración de la primera dosis “a los profesionales sanitarios pendientes” y aprovechan para recordar que la alteración en la administración de vacunas se debe a que se ha dispuesto de la mitad del suministro por parte del Ministerio de Sanidad. Una respuesta que no convence al Colegio Oficial de Enfermería, puesto que Madrid ha sido de las más lentas en administrar las dosis.

“Hemos preguntado muchas veces y la información es muy opaca, no hay información detallada, es imposible saber los detalles del plan. Existe inquietud y está más que justificado”, insiste Rocha. “Si no tenemos una respuesta, no tendremos más remedio que acudir a instancias judiciales”.


Sobre la firma

Berta Ferrero

Especializada en temas sociales en la sección de Madrid, hace especial hincapié en Educación o Medio Ambiente. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia) y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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