La Cañada Real, sin comisionado municipal tras la reforma del equipo de Almeida

La reforma del equipo que lidera el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) ha dejado vacante el puesto de comisionado municipal para los asuntos que atañen a la Cañada Real Galiana. Todo en un momento en el que este asentamiento vive la crisis más grave en décadas. El sector seis lleva cuatro meses sin suministro eléctrico y unos días menos el sector cinco. Por ese motivo, un grupo de vecinos se ha manifestado este jueves delante de la sede de la Asamblea regional.

El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en la ciudad de Madrid ha nombrado a la que hasta ahora era comisionado municipal de la Cañada Real, Laura Castaños, como nueva directora general de Inclusión Social. El nombramiento se ha hecho efectivo durante la Junta de Gobierno celebrada hoy. En la Junta del jueves de la semana pasada se hizo efectivo el cese de la que hasta ahora era directora general de Igualdad, Rosa Gómez, cuya salida el ejecutivo municipal trató de encubrir como una dimisión previa a su jubilación. Por eso, la remodelación del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha estado rodeada de polémica.

El delegado de ese área, Pepe Aniorte, ha comentado que están buscando a una persona adecuada para cubrir el puesto de Castaños, que fue nombrada hace ocho meses, porque el cargo de comisionado no va a desaparecer del organigrama. Mientras tanto, según Aniorte, será Castaños la que se encargue de los asuntos relacionados con la Cañada desde la dirección de Inclusión Social. Es más, su nuevo cargo permitirá abordar mejor que hasta ahora los problemas del asentamiento, aseguran fuentes del área.

Mientras los vecinos sin luz se manifestaban ante la sede de la Asamblea, en el interior el consejero de Vivienda, David Pérez, ha tratado de defender el papel jugado por el gobierno regional y ha dicho que la luz regresará a la Cañada cuando la Delegación del Gobierno acabe con las plantaciones de droga. Se ha aferrado al pacto firmado en 2017 por las tres administraciones concernidas y al medio centenar de reuniones celebradas desde que, a principios de octubre, se fuera el suministro eléctrico en una zona donde la población vive enganchada de manera irregular al tendido eléctrico. Nadie duda de que las sobrecargas se deben a que las plantaciones de marihuana han prosperado en la zona, pero, al mismo tiempo, reconocen que todos los habitantes están pagando las ilegalidades de unos pocos. Cuatro meses después siguen sin luz.

Un juzgado ha archivado la denuncia de los vecinos que señalada como responsables a la Comunidad de Madrid y a la empresa suministradora Naturgy. Habrá recurso ante la Audiencia Provincial, anunció ayer Javier Rubio, el abogado que acompaña a las familias. No es momento tanto de buscar responsables como soluciones, ha señalado durante la manifestación María Pilar Sánchez, concejal de Más Madrid. Ha insistido en que hay que conseguir que los vecinos tengan en sus casas contadores, contratos y facturas para poder pagar el servicio, algo que ahora no ocurre porque viven en casas levantadas en muchos casos hace décadas en terrenos no autorizados.

Reestructuración polémica

El ejecutivo de Almeida asegura que la Cañada no va a quedar desatendida pese a la vacante temporal del puesto de comisionado municipal. Tras la Junta de Gobierno de hoy, la hasta ahora Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social, encargada de asuntos como Servicios Sociales, Cañada Real, Tarjeta Familias o personas sin hogar, se ha dividido en dos direcciones generales. Se trata de la de Inclusión Social, con la hasta ahora comisionada Laura Castaños al frente, y Servicios Sociales y Emergencia Social, comandada por Alejandro López.

En cuanto a las políticas de Igualdad, donde antes había dos direcciones generales, la de Prevención frente a la Violencia de Género de Ana Fernández y la de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades, de la cesada Rosa Gómez, habrá una llamada dirección general de Políticas de Igualdad y frente a la Violencia de Género. Ante este departamento, cuyo personal pasa de 76 a 71 trabajadores, se queda Ana Fernández. En cuanto a Integración Social, el área de Hacienda debe todavía aprobar un refuerzo.

Los cambios se deben, según Aniorte, a la actual emergencia social consecuencia de la pandemia y a la necesidad de cambiar el modelo municipal de Servicios Sociales. Asegura que, en líneas generales, mantienen presupuestos, personal y objetivos. Las críticas llevan aflorando sin embargo desde que hace diez días se supo que Rosa Gómez había sido cesada.

Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acusa a Almeida de llevar a cabo una “ofensiva” contra la igualdad y los derechos de las mujeres y de efectuar “recortes” de personal con la remodelación del área social del equipo de gobierno municipal.