Otra derrota para los hijos de residencias

Carlos Javier Álvarez acabó su comparecencia este viernes en la Asamblea de Madrid y salió de la sala con una carpeta llena de folletos de la Marea de Residencias. Tenía la idea de repartirlos a los periodistas. “Cronología de un desastre que podría haber sido evitado” se titula el documento de esta asociación que pide justicia por la tragedia de la primavera. Sorprendido por la soledad del pasillo, se marchó a casa algo cabizbajo con su carpeta prácticamente llena.

Era el tercer y último testigo de la sesión. Hace 14 días hablaron en la comisión de investigación de la crisis los tres primeros comparecientes y dentro de tres semanas lo harán los tres próximos. La idea es celebrar 21 sesiones en un año. A ese paso de tortuga avanza el examen de uno de los episodios más dramáticos de la pandemia, la muerte en primavera de miles de ancianos abandonados en las residencias de la región. Es una investigación intermitente cuyo calendario fue planificado por la Mesa de la Asamblea, controlada por los partidos que apoyan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Las sesiones tan espaciadas no favorecen el escrutinio mediático. Además, han coincidido con el vértigo de la segunda ola, que ha alejado el interés por indagar responsabilidades en la gestión de la primera.

Tampoco ayuda este ritmo tan dilatado a centrar la atención de los 18 diputados que participan en la comisión. Algunos llegaban esta mañana a la Asamblea agotados tras el largo pleno del jueves, donde hicieron su control semanal al Gobierno de Ayuso. Entre la primera sesión de testigos de la comisión de residencias, el 9 de octubre y la de hoy, se han sucedido un estado de alarma, dos plenos, 20 sesiones de comisiones, 499 muertos más por covid-19 y otros 25.699 contagios.

Además del representante de La Marea, este viernes hablaron en la Asamblea un formador de cuidadoras y una portavoz de Comisiones Obreras en nombre de las trabajadoras de residencias. La discusión giró en torno a si las residencias privadas tuvieron más muertes (fallecieron un 14% de sus residentes en Madrid frente a un 11% en las públicas, según CCOO), y si eso se debió a un modelo que prioriza el negocio a la atención. Hace dos semanas un empresario del sector desvió culpas, señalando al rechazo de los hospitales.

Es probable que la atención crezca cuando comparezcan los políticos, y quizás haya revelaciones que se sumen a las muchas evidencias del abandono. Pero eso sucederá en un segundo bloque de comparecencias el año que viene. Para las familias este calendario es una nueva derrota. En el plano judicial han sufrido ya otros varapalos. En septiembre, una jueza de Leganés desestimó una de las querellas de la Marea de Residencias contra Ayuso y otros consejeros. La semana pasada, la Fiscalía en Madrid anunció que no aprecia relevancia penal en la gestión que las residencias hicieron durante la crisis. Dijo que por sistema archivará la mayoría de las investigaciones abiertas. Muchas familias, movidas inicialmente por la rabia de una muerte dolorosa, no se llevan a engaño. Lo estaban temiendo.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con el reportero de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o mándale un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado

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