Abierto el plazo del nuevo plan municipal de vivienda

Esta semana se ha abierto el plazo de solicitudes de Rehabilita2020, una remesa de ayudas en materia de regeneración urbana. Provista de nueve millones de euros, la iniciativa municipal sale adelante pese a la deuda heredada de los distintos planes de vivienda de Carmena, que asciende a 120 millones según datos oficiales. Más de 24.000 familias esperan a que se resuelvan sus subvenciones, pero solo hay dinero para la mitad. Antes de comunicarles las concesiones y desestimaciones, el Consistorio anima a la participación en este nuevo programa de escaso presupuesto.

Rehabilita2020 subvenciona obras de eficiencia energética, conservación y accesibilidad, sufragando entre un 40% y un 75% de la inversión. Las ayudas están abiertas a todos los barrios de la capital, pero su presupuesto ni tan si quiera sirve para saldar la deuda acumulada en materia de rehabilitación. El programa, eso sí, se publicita con vehemencia: “Si te quedaste fuera de anteriores convocatorias, ¡apúntate!”, dicen los carteles que cuelgan de las marquesinas de autobús. Pero el Área Delegada de Vivienda, cuyo titular es el popular Álvaro González, admite que aún no ha empezado a cursar los 1.500 expedientes pendientes de resolución desde 2018. Los vecinos, por tanto, desconocen si están fuera o dentro “de anteriores convocatorias”.

Nadie les ha explicado cómo actuar ante el nuevo plan consistorial. “¿Perderemos nuestras ayudas si no nos inscribimos?”, se pregunta Manuela Navarro, de 65 años y vecina del Poblado Dirigido de Orcasitas. En su barrio 60 bloques se presentaron a la última edición de Mad-re (Madrid Recupera), las ayudas dirigidas a barrios en deterioro que publicó el anterior Consistorio. Primero, por el estado defectuoso de las fachadas, de donde se han desprendido antepechos de hasta 1.200 kilos de peso. Segundo, porque el programa incluía la colocación de un aislamiento térmico que consigue reducir la factura energética de las viviendas. Y el ahorro, en uno de los barrios más pobres de Madrid, no parece baladí.

“Nuestro caso resulta especialmente flagrante porque estos edificios con peligro los construyó en los años 80 el antiguo Instituto de la Vivienda (IVIMA)”, apunta Navarro. Arreglar cada bloque cuesta unos 350.000 euros. Mientras esperaban las subvenciones, una docena de cantos de los forjados se han despegado de los bloques del barrio. Reparar este perfil de los balcones sale a 6.000 euros por cada uno. Ángel de Andrés, otro vecino de 55 años, cuenta que en su escalera han incrementado el recibo de la comunidad y alimentan una hucha común o caja de resistencia: “Vamos juntando algo de dinero con el objetivo de costear los desperfectos y acumular la entrada de la obra”. También, prosigue, se cubren las espaldas por si “esto terminara como lo de los ascensores de Aguirre”.

La expresidenta del Ejecutivo regional inauguró decenas de elevadores bajo la promesa de unas ayudas que tardaron en llegar y lo hicieron con dificultades. Los beneficiarios se encontraron con que la convocatoria final reducía el tope de las ayudas con carácter retroactivo, pasando de 50.000 euros a 15.000 por unidad. Muchos madrileños habían comenzado ya las obras y contrajeron deudas bancarias con las que solventar la diferencia. En municipios como Alcalá de Henares, el dinero regional tardó hasta una década en ingresarse. Eso mismo teme Yolanda Merino, vecina de Moratalaz, que pueda suceder con los planes de rehabilitación que administra el actual Ayuntamiento. La suya es una de las 187 fincas que aún esperan a recibir la financiación concedida en 2017.

La instalación de su ascensor se finalizó hace año y medio. ”Nos costó 82.000 euros, a repartir entre 20 vecinos. La ayuda cubría dos tercios de la obra y la mitad se cobraba por adelantado, pero aún no ha llegado nada”, cuenta Merino. “Para afrontar su parte hubo quien necesitó un préstamo, que se concedió a nombre de la comunidad. Si ahora no puede pagar la letra, porque le hayan aplicado un ERTE con la pandemia, tenemos que hacernos cargo los demás”, agrega. Su barrio es uno de los más envejecidos de la capital. El 26% de los vecinos son mayores de 65 años: “Hemos hecho un gran esfuerzo de gasto porque los más longevos no se podían permitir subir todos los días las escaleras de un quinto”, relata.

La edil socialista Mercedes González argumenta que el alcalde Almeida “debería cerrar primero los planes heredados y aprobar después uno propio”. Una posición recogida en los Pactos de Cibeles, el gran acuerdo global alcanzado por los cinco partidos políticos con el que Madrid afrontará la reconstrucción tras la pandemia: “El Área Delegada de Vivienda debe continuar la agilización de los pagos que quedaron pendientes en la anterior legislatura, a las comunidades de propietarios que se encuentran inmersas en un proceso de rehabilitación, que se torna en estos momentos una carga económica más a sumar a la complicada situación actual”, reza el texto pactado.

Álvaro González asegura que están dando curso a “todos y cada uno de los expedientes que el anterior equipo dejó abandonados”. Esta legislatura Vivienda ha ingresado 26 millones de euros a los vecinos, correspondientes a ayudas reconocidas en 2016 y 2017. Pero al tiempo confirman que todavía no se ha firmado la encomienda de gestión con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para comenzar con las diligencias de las solicitudes de 2018. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, entiende que esa “ineficacia hace peligrar muchas obras de mejora que el Ayuntamiento ya se había comprometido a financiar”. Y agrega: “Rehabilita2020 genera desconfianza en la Administración, como ya sucedió con los ascensores de Esperanza Aguirre”. La sombra de la expresidenta planea de nuevo.