2.000 vecinos ‘colgados’ del ascensor

El barrio Puerta de Madrid es uno de los más deprimidos y envejecidos de Alcalá de Henares (200.000 habitantes). La mayoría de sus vecinos son pensionistas con magros ingresos y con viviendas igual de humildes. La Comunidad y la Entidad Gestora de Rehabilitación de la ciudad, de la que formó parte el Ayuntamiento y que hoy está extinta, animaron hace siete años a rehabilitar e instalar ascensores en los bloques de pisos del barrio. El proyecto contaba con una subvención del 40% del Ministerio de Vivienda y otra del 20% del Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP). El 40% restante correría a cargo de los residentes. “Nuestro bloque tiene el ascensor pagado. ¡Incluso pagamos los 1.500 euros de un vecino que no había pagado! Pero la Comunidad no cumplió con su palabra y debe la subvención que nos había prometido”, reprocha Felisa Alcaide, una de las afectadas. Cada propietario desembolsó 2.400 euros. Quien no pagó en mano, pidió un préstamo.

Siete años después, unos 2.000 vecinos de Alcalá siguen esperando a que el Ejecutivo autónomo pague su parte. La misma situación se repite por toda la región. La empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA, a la que se otorgó la rehabilitación en Alcalá, demanda el dinero pendiente a los propietarios de las viviendas. De momento ya ha ejecutado embargos a las cuentas bancarias de cada comunidad de vecinos y amenaza con continuar con el patrimonio personal de los dueños de las viviendas para cobrarse lo que el Gobierno regional le debe a la empresa.

“La solución no es otra más que la Comunidad abone las cantidades pendientes”, denuncia Mónica Silvana González, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. En el pleno de hoy expondrá una Proposición No de Ley que insta al Gobierno regional a encontrar “una solución urgente” al “pago total” de la deuda contraída con las comunidades de propietarios del barrio Puerta de Madrid en un tiempo máximo de tres meses. Para ello, anima a aumentar los recursos humanos y técnicos para agilizar los trámites. El Gobierno de Cristina Cifuentes asegura desconocer cuánto debe. Responsables del Ejecutivo aluden a la “herencia recibida” de las Administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González. “Nos animaron a instalar el ascensor, y aquí estamos, esperando años después a que la Administración pague lo que dijo”, se indigna Alcaide.

El importe total de las subvenciones abonadas por la Comunidad desde 2009, año en que comenzaron las subvenciones regionales a ascensores, es de 78,9 millones de euros. Como resultado, se instalaron 2.467 ascensores que beneficiaron a 37.902 viviendas. El Ejecutivo madrileño lanzó la convocatoria de subvenciones para propietarios en junio de 2009, con Aguirre como presidenta regional (octubre de 2003 a septiembre de 2012). En ella, se preveía el pago de hasta un 70% del coste de la instalación, con un límite de 50.000 euros por ascensor. Aguirre redujo el tope de la subvención en 2012. La consecuencia fue que la Comunidad abonó a partir de 2014 el 25% del presupuesto de la instalación, con un tope de 15.000 euros por unidad.

“El PP tiene una magnífica oportunidad para remediar lo que él mismo provocó al hacer que fuera la empresa Ortiz la que realizara las obras de todos los edificios y ahora sea esta empresa la que reclama los pagos que no ha hecho la Comunidad. Hablamos de un barrio de gente humilde y trabajadora que no se merecen este trato y esta situación”, apostilla Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá desde junio por el PSOE y que cuenta en su equipo de gobierno con Somos Alcalá e IU. El PP gobernó la ciudad complutense desde 2003.