La crisis del coronavirus

La Residencia de Alzheimer de Getafe asumirá finalmente el coste de las PCR de sus trabajadores

La decisión se ha tomado el mismo día que Comisiones Obreras iba a registrar una denuncia contra el centro ante la Inspección de Trabajo por negarse a realizar las pruebas

Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde.
Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde.Mariscal / EFE

Los trabajadores de la Residencia de Alzheimer de Getafe que vuelvan de vacaciones, libranza o baja por otros motivos, no tendrán que pagar sus pruebas PCR para la detección del coronavirus. Hasta este lunes, la empresa del Grupo Edad Dorada no quería hacerse cargo del coste, pero finalmente ha dado marcha atrás, según ha anunciado Comisiones Obreras.

La decisión se ha tomado el mismo día que el sindicato iba a registrar una denuncia contra la residencia ante la Inspección de Trabajo. “No ha sido denunciada porque se han comprometido a asumir el gasto de pruebas y a hacerlas”, afirma Rosa Muelas, la responsable de Salud Laboral de CC OO Sanidad Madrid. Muelas sostiene que “la empresa es la responsable de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores” y que los gastos en prevención “deben ser asumidos por el empresario, nunca por el trabajador”. “Un gerocultor cobra 900 euros si trabaja a jornada completa. Cualquier coste es demasiado, al margen de que no les corresponde pagarlo”, explica.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado 14 de agosto la obligatoriedad de hacer PCR a todas las personas que ingresen en residencias y también a los empleados que vuelvan de vacaciones. Además, entre las tres recomendaciones acordadas por Gobierno y comunidades, está la de hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica en las residencias para asegurar que no ha habido ningún trabajador que sea positivo. Atendiendo al artículo 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores”.

Muelas advierte que serán “muy beligerantes” con este incumplimiento de la ley porque el virus dentro y fuera de las residencias de mayores “genera un importante impacto de transmisión comunitaria y el índice de mortalidad es brutal, por lo que no realizar los cribados adecuados pone en peligro la salud y seguridad de mucha gente”. Por ello, ha indicado que van a seguir “rastreando” para conocer las prácticas que están llevando a cabo las residencias privadas y concertadas de Madrid con sus plantillas, informarán a los profesionales de sus derechos y obligaciones frente a esta pandemia, y actuarán “contra quién incumpla la norma si fuera necesario”.

Responsabilidad del Gobierno regional

La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, Amade, formada por residencias privadas, concertadas y sin ánimo de lucro, ha trasladado al Gobierno regional la necesidad de que sea Salud Pública la encargada de realizar test a los trabajadores de residencias para garantizar que el virus no afecte a las personas mayores que viven en ellas. “La seguridad de las personas mayores que viven en los centros y de las y los trabajadores de los mismos es una cuestión de Salud Pública y por ello es la la Comunidad la que debe hacerse cargo de los test ante la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo”, indica Amade en un comunicado.

La entidad madrileña considera que “la salud es una responsabilidad del Sistema Sanitario, no de las entidades prestadoras de servicio y el hecho de que el coste de la obligación recaiga en los centros puede perjudicar a los usuarios de aquellos que no puedan afrontar este coste porque la obligación se impone no en beneficio de los trabajadores, sino en beneficio de los usuarios residentes los que se verían más afectados si entrase el virus, ya reciban el servicio de forma pública o privada”.

Otras regiones como Andalucía, Cataluña, Extremadura, Navarra Valencia y Cataluña ya han adoptado esta medida. Muelas, en cambio, la considera una injusticia: “Claro, así las pagamos entre todos y las residencias privadas no se gastan en prevención del contagio. No sería muy justo, ¿verdad?”, dice la responsable sindical. “La Comunidad ha asumido buena parte del trabajo de seguimiento desde geriátricos en los hospitales de referencia y desde Atención Primaria, pero esto debería ser prevención de riesgos, parte sustancial para la política preventiva de una empresa”.

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