El negocio silencioso de las empresas sanitarias durante la pandemia

De repente, una madrugada de junio el conductor del coche Tango del Summa 112 de la Comunidad de Madrid recibió órdenes de llevar las neveras con las PCR del día a un laboratorio privado. Hasta entonces las muestras que tomaban los sanitarios de emergencias del Gobierno regional durante sus visitas a viviendas de madrileños las llevaba ese vehículo con nombre de baile argentino al hospital público La Paz. Pero desde esa fecha esos tests los recibe la empresa Analiza, que gestiona el laboratorio del hospital Moncloa, del grupo HLA.

Analiza es una de las empresas privadas sanitarias que están trabajando para la Comunidad en el diagnóstico de la covid-19 con PCR, un esfuerzo clave para controlar la pandemia de coronavirus. Cuando ha hablado de las campañas de diagnóstico del virus, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado acciones como la compra de seis robots para procesar estos tests en los laboratorios públicos, pero su Gobierno ha sido menos transparente sobre estos contratos que los críticos tachan de “regalos a empresas amigas”.

Otros contratos de servicio recientes de la Comunidad con grandes empresas han tenido también como fin procesar PCR (con Ribera Salud y Unilabs por siete millones de euros) o hacer tareas de rastreo (con el grupo Quirón por 194.000 euros y con Telefónica e Indra por 421.080 euros). El mayor negocio ha sido la construcción por 50 millones del nuevo hospital de Emergencias Isabel Zendal, adjudicado a 14 empresas. Ifema costó 19,4 millones en adjudicaciones para infraestructuras y servicios como comida o limpieza.

Cuando la Comunidad publica notas de prensa para informar de estos contratos a veces omite el nombre de la empresa seleccionada. El comunicado se conforma con informar con ambigüedad de que “el Gobierno regional ha destinado” tantos euros a tal fin.

Son adjudicaciones a dedo pero legales. Las permite la ley en situaciones de emergencia como la actual. Se han hecho durante décadas para riadas, incendios y otras catástrofes, pero lo que nunca había ocurrido es una situación excepcional tan prolongada. Seis meses han pasado desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo y tanto la Comunidad de Madrid como otras comunidades y el Gobierno central están recurriendo a estos contratos que ofrecen pocas garantías. Los expertos advierten que en muchos casos se están produciendo abusos.

“Estamos en una burbuja jurídica anómala que se está prolongando de modo indefinido y causando inseguridad”, dice José Luis Villar, socio director del despacho especializado en contratación Ariño y Villar.

Uno de los problemas es la opacidad. Muchos de estos negocios se conocen por filtraciones o tras ser detectados en el portal de la contratación o el boletín oficial. La ley no obliga a dar más publicidad que en esos medios de consulta minoritaria y compleja. Los cargos públicos que los adjudican pueden guardar silencio sobre ellos si así lo desean, incluso cuando afectan a la externalización de servicios de máximo interés noticioso, como está sucediendo ahora.

Estamos en una burbuja jurídica anómala que se está prolongando de modo indefinido y causando inseguridad

José Luis Villar, abogado especialista en contratos públicos

Pero ocurre también que a veces estos contratos ni siquiera son publicados en esos portales durante meses. Como no hay un plazo legal obligatorio pasan desapercibidos. Ese ha sido el caso del contrato para analizar los PCR del Summa 112. En el portal de la contratación del Gobierno regional no aparecía aún este viernes, por lo que se desconocen su cuantía o duración.

Ni la Comunidad, ni las empresas han dado información a este periódico sobre los detalles del contrato, cuya existencia reconocen. Tampoco hay información al respecto en las notas de prensa que publican en sus webs.

Según una portavoz del grupo HLA, al que pertenece Analiza, la Comunidad de Madrid contactó con ellos para pedirles ayuda en el procesado de los tests porque no daban abasto en un momento en que aumentó el volumen de estas pruebas. “Nuestro laboratorio es muy potente y nosotros garantizamos celeridad. Damos resultados en 24 horas, un tiempo menor que el de otros”, añade esta portavoz.

Analiza es la misma empresa que la Comunidad eligió en mayo para procesar PCR a 93 euros, cada una durante un período de 26 días. Entonces la Comunidad estaba estancada en la fase 0 porque su capacidad para hacer PCR era insuficiente. El importe de aquel contrato fue de 2,4 millones de euros.

Un portavoz de la Comunidad dice que este nuevo contrato con este centro privado tiene por fin “no interferir en los circuitos de realización de pruebas de los hospitales y centros de salud de la red pública, que representan el grueso de las PCR que se realizan en Madrid”. Trabajadores del Summa 112 se extrañan del motivo dado por la Comunidad. Dicen que no entienden qué interferencia causaban en el hospital de La Paz las pruebas que ellos hacen.

Para los sindicatos consultados, esta adjudicación es un paso más en una progresiva “privatización” de la sanidad madrileña que empezó hace dos décadas. “Madrid es el laboratorio de pruebas de la privatización sanitaria”, dice Rosa Cuadrado, secretaria general de CC OO Sanidad Madrid.

“El Sermas [Servicio Madrileño de Salud] debería dar prioridad a la prestación de estos servicios con recursos públicos”, protesta José Balado, portavoz en Madrid del Sindicato Asambleario de Sanidad.

Amaños

Otras comunidades y el Gobierno central también están haciendo contrataciones cuestionables. El Ministerio de Sanidad ha publicado numerosos contratos concedidos a empresas con domicilio desconocido, como ha denunciado Villar en un artículo publicado en el blog de la Fundación de lucha contra la corrupción Hay Derecho. “Así cualquiera suscribe un contrato similar, porque no hace falta tener empresa ni ser experto en nada; basta con un contacto que cobre una “comisión” y que sepa cómo realizar el objeto del contrato [compra de respiradores] en el mercado”.

El Gobierno central también ha permitido durante la pandemia el pago por adelantado a los contratistas, una “chapuza” que favorece los amaños. “Si se abona la totalidad del precio por anticipado a quien no tiene ninguna clase de solvencia, no resultará extraño que buena parte del mismo se pierda en comisiones y la Intervención del Estado y los ciudadanos carezcamos de cualquier medio para conocer el destino real de nuestro dinero”, denuncia Villar.

Recurrir y tumbar estos contratos de emergencia no es nada fácil porque, entre otros motivos, no hay otra empresa licitadora con un interés perjudicado. Uno de contratos que ha sido más cuestionados en Madrid ha sido el de los rastreadores del grupo Quirón. La Comunidad llevaba prometiendo 400 rastreadores desde mayo, pero en agosto le entraron las prisas. Anunció que necesitaba la incorporación urgente de 20 empleados por el grupo Quirón.

Para justificar la elección, la nueva directora general de Salud Pública, Elena Andradas, argumentó en la resolución que había que actuar de inmediato y que solo esta empresa podía ser de ayuda.

“Dada la importancia de los servicios a realizar y por tratarse de una emergencia de carácter inaplazable la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es QUIRON PREVENCIÓN, S.L., que cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio”, alegó la alto cargo regional.

Sin embargo Quirón no estaba preparada. Días antes de que el contrato apareciera en el portal madrileño de la contratación, Quirón estaba buscan contratar a rastreadores. La prueba estaba a la vista de todos: un anuncio en el portal de empleo Infojobs.

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