La factura de la sanidad privada por la crisis del coronavirus es todavía una incógnita
Seis semanas después del comienzo de la pandemia no hay nada concreto. La patronal del sector privado apunta al acuerdo alcanzado en Cataluña como referencia
Madrid ha sido sacudida por lo más crudo de la pandemia como ninguna otra Comunidad, lo sigue siendo. Este viernes, tiene 61.726 casos confirmados, de los que 5.652 están hospitalizados; en sus camas de UCI hay 949 infectados graves y registra 12.252 fallecimientos, aunque también 38.690 curados. Para hacer frente a esas cifras se han necesitado todas las camas, todos los profesionales y todos los recursos frente al coronavirus. También los de la sanidad privada, aunque todavía no se conoce cuánto va a costar.
Seis semanas después de que el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero pusiera a disposición del sistema público todos los centros privados que operan en la región —49 con 6.819 camas, según el catálogo de hospitales, con datos de 2017, y 37 públicos con 13.654 camas—, su área responde que de esta cuestión “aún no se sabe nada”; grupos como Quirón no han respondido; y otros, como HM, explican que es “la autoridad sanitaria competente [la Consejería]” quien ha de pronunciarse porque se encuentran “bajo su control”.
Madrid tiene 49 hospitales privados con 6.819 camas, según el catálogo de hospitales, con datos de 2017, y 37 públicos con 13.654 camas
Solo Aspe, la Alianza de la Sanidad Privada Española, que representa al 80% del sector, afirma que han solicitado una reunión con la Consejería, “a la que todavía no han tenido respuesta”. Y apunta hacia el acuerdo que se ha alcanzado en Cataluña. Según el decreto aprobado por la Generalitat, el pacto es de 43.400 euros por cada paciente con covid-19 en UCI y con alta, 2.500 por hospitalización de tres días o menos, 5.000 para las que se alarguen más, 93 euros por cada prueba PCR y un importe mientras dure la emergencia sanitaria que será del 4% de la facturación que tuvieron al mes de febrero, para compensar los gastos que ha supuesto la apertura de nuevas áreas para luchar contra la pandemia.
Un 85% menos de actividad
Hasta hace una semana, según cifras de la Consejería madrileña, la privada había recibido 1.250 pacientes, tenía ocupadas 4.939 de sus 6.068 camas, más de 2.000 con pacientes con coronavirus; y en sus unidades de cuidados intensivos, con 378 plazas, había 270 enfermos, 256 de ellos por covid-19. El lunes, según los últimos datos a los que ha tenido acceso este diario, en Quirón Pozuelo había 93 pacientes hospitalizados por este virus y ocho en cuidados intensivos, en la Clínica Moncloa había 88 en planta y 15 en UCI, en la Ruber Juan Bravo, 70 y 13, y los cuatros hospitales en la región del grupo HM concentraban 296 ingresados y 47 críticos.
Esta dedicación, según Aspe, ha supuesto que desde que comenzó la crisis, en “zonas de foco alto como La Rioja, Barcelona o Madrid, ha habido un 85% de descenso de la actividad habitual, de promedio, en centros con internamiento”. Y en los que no tienen capacidad de ingreso, ese porcentaje sube al 90%: “La situación económica es lamentable y aún en muchas regiones, entre ellas Madrid, no tenemos respuesta”.
En otro ámbito muy distinto, el político, las incógnitas son las mismas. El socialista en la Asamblea José Manuel Freire, se lamenta de “la falta de transparencia” de la Comunidad durante la pandemia y explica que solicitaron un debate monográfico sobre la gestión de la crisis que fue rechazado por el Gobierno de la región: “¿Cuánto le va a costar a la sanidad pública la atención, absolutamente necesaria, por supuesto, durante estos meses? No lo sabemos, pero no va a ser gratis”.
El coste medio de una hospitalización convencional es de 5.501 euros para un paciente que pasa ingresado 7,3 díasDatos del Ministerio de Sanidad
Los costes reales del tratamiento de los pacientes de coronavirus —que como de cualquier otro depende del consumo de recursos materiales y humanos y los procedimientos a los que son sometidos— aún no se conocen y dependerán de la gravedad con la que hayan pasado la enfermedad; no supondrá lo mismo un enfermo que solo ha estado en Urgencias, que un ingreso en planta o el que ha necesitado tres semanas de UCI. Aunque siempre hay múltiples variables para cada paciente y la covid-19 es una enfermedad nueva, el precio de los procesos hospitalarios del Sistema Nacional de Salud que publica el Ministerio de Sanidad pueden dar una idea del contexto.
El último informe, de 2019, fija el coste medio de una hospitalización convencional en 5.501 euros para un paciente que pasa ingresado 7,3 días; 3.190 euros el coste medio de una neumonía por virus sincitial respiratorio [una enfermedad viral común que en sus cuadros leves presenta síntomas parecidos a los de un resfriado y en sus cuadros graves puede provocar infecciones pulmonares que requieran de ingreso y ventilación]; 3.962 euros para otras neumonías; 5.174 euros para las infecciones e inflamaciones pulmonares; o 17.192 euros para las enfermedades respiratorias con ventilación asistida de más de 96 horas.
Desde Aspe, aunque hacen referencia al acuerdo en Cataluña, no concretan cifras. Sí afirman que aunque “la principal cuestión en una emergencia sanitaria es atenderla, el camino aún va a ser largo y el daño va a ser fuerte". Como en los públicos, los privados tuvieron que prescindir de todo aquello programado que no fuese urgente: “Y la vuelta de los pacientes no va a ser a nivel masivo, además del excedente de instalación que se ha generado para hacer frente a la pandemia y que habrá también que mirar”.
Hasta el momento, sin la contraprestación por esta pandemia, la sanidad privada en Madrid acumula en la región un 42,9% del gasto sanitario: de los 12.285 millones, tienen 4.422 destinado a gasto privado y 842 millones a conciertos. 7.021 fueron para gasto público, según el último informe de la Fundación Idis, el lobby de la sanidad privada. Y un informe de UGT del pasado diciembre daba las cifras que reflejaban cómo, en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplica por tres el de la pública.
Recortes y privatizaciones que profesionales, sindicatos y oposición llevan denunciando dos décadas. El pasado diciembre, cuando se publicó la última memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), las cifras seguían reflejando ese trasvase de presupuesto. Entonces, Mónica García, de Más Madrid en la Asamblea, hizo alusión a uno de esos datos, el de la bajada de profesionales, de la que tanto se están acordando durante esta crisis: “La población de la región ha crecido en casi medio millón de personas entre 2010 y 2018, mientras que el número de profesionales de la sanidad pública ha decrecido en 3.300”.
¿Y los laboratorios?
El pasado 14 de marzo, el Gobierno decidió intervenir los laboratorios privados que hacen test para detectar el coronavirus y publicó una orden ministerial que daba potestad a las autonomías para tomar el control de dichos laboratorios, con el objetivo no solo de acelerar las pruebas, sino para impedir que se haga la PCR solo quienes pueden permitírsela y saltándose la normativa, que indica que estos procedimientos se harán en caso de tener síntomas graves, ser profesional sanitario y otro personal esencial o ser residente en un centro de mayores. Más de una semana después, la Comunidad de Madrid todavía está trabajando en el desarrollo de esa orden y no ofrece más datos.
Al margen de las decisiones institucionales, las empresas no han estado hibernando. Ya en marzo, el grupo empresarial Arquimea Group, con base en Leganés, comenzó a prepararse y crearon la AlianzaCovid19, una unión de laboratorios privados de análisis PCR repartidos por todo el país. Según contó la pasada semana a Europa Press el presidente de la empresa, Diego Fernández, ya estarían preparados para comenzar con esta técnica. Aseguró que tienen personal, suministros y tecnología suficiente para hacer unas 70.000 a la semana y hasta un millón en los próximos 3 meses. ¿Su precio? 110 euros. Contó Fernández que se han puesto en contacto tanto con el Ministerio de Sanidad como con la Consejería de Sanidad de Madrid pero aún no han tenido respuesta; también que el Instituto de Salud Carlos III, competente para decidir qué laboratorios pueden realizar este procedimiento, revisó y validó su actividad y están a la espera.
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