El caso del inspector Casares, el exjefe de Hacienda en Vigo acusado de favorecer a empresas en apuros a cambio de dinero

En enero de 2019, dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvieron a Asdrúbal Casares, entonces jefe la delegación de la Agencia Tributaria de Vigo, con más de 30 años de carrera como experto en fraude fiscal. El inspector, señalado como el principal acusado de una supuesta trama corrupta que amañaba informes tributarios a cambio de dinero, pasó casi tres meses en la prisión coruñesa de Teixeiro. Desde la investigación, que arrancó antes de la detención de Casares y arrastró a su expareja y a dos asesores fiscales como principales cómplices, ha pasado casi una década en instrucción y todavía plantea interrogantes. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión para Casares por delitos de cohecho, revelación de informaciones, negociaciones prohibidas para funcionarios y blanqueo, con la atenuante de dilaciones indebidas. Y mientras la defensa cree que la causa se ha desinflado por unas pesquisas que se han dilatado ante la falta de pruebas de cargo y pide por enésima vez su archivo.

El día de su arresto, el exinspector Casares, acostumbrado a despachar asuntos de carácter reservado con jueces y fiscales, se dirigía como cada mañana a las 7.30 a su despacho de Hacienda. Aquella mañana los agentes lo obligaron a regresar a su domicilio y allí esperaron la llegada de la secretaria judicial y un abogado de oficio para asistir al detenido. Se registraron todos sus enseres, ordenadores y cajones en busca de documentos, incluso dinero en efectivo. Luego registraron su despacho en la Agencia Tributaria y él pasó su primera noche como detenido en la Comandancia de Pontevedra.

La caída en desgracia del inspector se ciñó a al menos una docena de denuncias de empresarios por presunta extorsión, aunque el número de testigos de cargo y de imputados fue decayendo con el paso de los meses por inconsistencia de pruebas. Una de las denuncias, y sobre la que principalmente se asienta el caso, es la que interpuso un conocido empresario de la ciudad que había sido acusado de un fraude millonario de IVA comunitario y que finalmente fue absuelto. En el momento de la detención del inspector, Hacienda estaba obligada a devolverle al denunciante unos ocho millones de euros.

Nueve años después de incoarse estas diligencias y con más sombras que luces sobre la supuesta trama corrupta, el caso encara su fase final, a la espera de que un tribunal de jurado juzgue a Casares probablemente en 2026. El fiscal concluye que el acusado operaba con dos asesores también implicados, Francisco González del Pino y Pablo González Tenorio, a los que pasaba información sobre empresas que estaban bajo la sospecha de fraude fiscal. A cambio de asesorar y mediar para que las multas no fuesen tan elevadas, los acusados reclamaban supuestamente dinero a los empresarios investigados por Hacienda.

Según la investigación de la UCO, ambos empresarios acusados eran amigos de Asdrúbal Casares y a través de este sabían qué empresas estaban siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria. Se ponían en contacto con ellas para lograr que las regularizaciones tributarias fuesen exitosas a cambio de una suma económica. Una vez logrado el contacto con representantes de estas compañías, los encausados les ofrecían los servicios de la asesoría de González del Pino y de otra de la que era representante Beatriz Zunzunegui Caamaño, expareja de Casares.

En 2016, relata el fiscal, el inspector de Hacienda facilitó a los dos empresarios implicados información sobre una firma ubicada en Santiago que estaba siendo investigada por Hacienda y contra la que él había presentado denuncia ante la Fiscalía. Con esa información reservada del expediente, ambos contactaron con el asesor fiscal de la afectada para advertirle de las posibles consecuencias penales de la inspección y ofrecerse a realizar gestiones por medio de una persona con “mucha influencia” que podría resolver el asunto de la forma más favorable. “Se ofrecían a ayudarle en ese proceso a cambio de dinero”, aunque el ministerio público admite en su escrito que no hay pruebas de que el asesor o la compañía afectada llegaran a pagar a Casares por la mediación.

El informe de la Fiscalía sostiene que, antes de 2016, el acusado ya había prestado asesoramiento fiscal a numerosas empresas que estaban siendo investigadas a cambio de pagos a través de la firma de uno de sus cómplices o de la sociedad que tenía su esposa. Según el ministerio público, que ha retirado la acusación de organización criminal, Casares no solicitó nunca la declaración de compatibilidad para compaginar su actividad como funcionario con la de asesor fiscal, o con cualquier otra actividad pública o privada. Sin embargo, mantiene que con estas actuaciones que llevó a cabo durante años consiguió ingresos adicionales que sumaba a su sueldo.

La Fiscalía acusa al exinspector y a su mujer (de la que se separó en 2016) de tratar de “esconder” el dinero llevándolo a una cuenta de un banco de Suiza. Parte del dinero expatriado regresó después a sus cuentas mediante transferencias desde la entidad suiza. El fiscal atribuye al exfuncionario de Hacienda los delitos de cohecho, revelación de informaciones, actividades prohibidas para funcionarios y blanqueo, y pide para él penas que suman seis años y tres meses de cárcel, además de multas por más de 232.000 euros.

Al empresario Francisco González del Pino lo considera cooperador necesario en los delitos de cohecho y de actividades prohibidas para funcionarios y pide una condena de dos años de prisión y multas que suman 21.000 euros. Para Pablo González reclama un año de cárcel y multa de 1.500 euros y para Beatriz Zunsunegui, una pena de tres años y tres meses de cárcel por blanqueo y multa de 194.602 euros.

“Hubo retraso deliberado de pruebas exculpatorias”

La defensa de Casares ha defendido la falta de pruebas de cargo y por tanto su inocencia en “un asunto con gran repercusión mediática que ha destrozado su vida personal y profesional”. El exinspector peleó estos años para reincorporarse a su puesto de trabajo en la delegación de Vigo pero sus pretensiones laborales fueron desestimadas en los tribunales y entretanto le llegó el pasado año la jubilación forzosa al cumplir 65 años.

“Con el objeto de justificar el ingreso en prisión, el señor Casares fue acusado de extorsionar, tanto a contribuyentes como a funcionarios de la AEAT, de dirigir una organización criminal que disponía de una veintena de inspectores fiscales en toda España, de poseer cuentas corrientes en los países árabes, yates y coches de lujo, o de realizar movimientos injustificados de efectivo, pero sorprendentemente esas acusaciones se han desvanecido por falta de pruebas”, esgrime la defensa del exinspector.

En su escrito de alegaciones, la defensa esgrime que en el informe de acusación tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado “aportaron con retraso deliberado pruebas exculpatorias para el acusado”. La jueza de instrucción solicitó a la Oficina Nacional de Inspección de la AEAT (ONIF) los accesos que Casares habría realizado en los expedientes tributarios controvertidos y concluyó que no existían. “Ese informe fue retenido por la UCO durante año y medio hasta que una nueva jueza instructora volvió a requerir de nuevo dicha información”, subraya la defensa en su informe. “Sin duda alguien debería justificar este escandaloso retraso”, apunta.

También incide la defensa en que los escritos de acusación “asumen como hechos probados movimientos de efectivo que nunca han sido probados y, a partir de este presupuesto gratuito ambos informes se articulan totalmente ininteligibles debido a una total falta de precisión y de rigor”. Y subraya que la motivación de la acusación se centra en movimientos de efectivo que nunca han sido demostrados”.