La ‘imprecisión’ de pruebas que implican al exjefe de Hacienda de Vigo con una trama corrupta abre una brecha entre la jueza y la fiscal del caso

La investigación policial por la que se detuvo en enero de 2019 al entonces inspector jefe la delegación de la Agencia Tributaria de Vigo, con competencia en todo el territorio de la comunidad autónoma, Asdrúbal Casares, y de otros cinco implicados en una supuesta trama corrupta que amañaba informes tributarios a cambio de dinero, ha dado un giro. El auto de la jueza en el que se pone fin a más de tres años de instrucción para iniciar la tramitación del juicio contra los encausados ha sido revocado por la fiscal del caso que alega “falta de precisión de las pruebas”.

Asdrúbal Casares y sus presuntos cómplices, la mayoría asesores fiscales, fueron denunciados por varios empresarios y sociedades que aparecen en la investigación como víctimas del amaño de los resultados de las inspecciones de Hacienda a cambio de dinero. Todos ellos han negado que participaran en una trama o manipularan datos tributarios. La Agencia Tributaria, que también se personó como acusación particular en este proceso por posibles incompatibilidades del funcionario, concluye que “no se han producido irregularidades en la tramitación ni en su resolución” de los expedientes bajo sospecha en varios informes solicitados por la jueza instructora.

En este enredo judicial, y mientras la titular del juzgado número 3 de Santiago considera en su auto que “las diligencias practicadas (intervenciones telefónicas, entradas y registros, entre otras) acreditan de forma indiciaria” la comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, la fiscal del caso considera todo lo contrario.

La representante del ministerio público sostiene que en el auto judicial “no se concretan los indicios suficientes, razonables y bastantes con la precisión exigida por las garantías reguladas en un procedimiento penal y respecto al derecho de defensa de todas las partes”. Una conclusión inesperada en esta fase de la causa que la propia fiscal María Fuencisla Ladrón de Cegama Escudero califica de “compleja y voluminosa”.

En su recurso de apelación, la fiscal solicita que el juzgado remita todas las actuaciones a la sección sexta de la Audiencia de A Coruña porque considera “imprescindible que este tribunal las analice de forma íntegra para la debida resolución de las cuestiones planteadas”. Argumenta que “se aprecia falta de precisión de las circunstancias temporales y espaciales de la comisión de los hechos objeto del procedimiento penal”, en referencia a fechas y datos de los expedientes administrativos que incriminan al exinspector de Hacienda y al resto de los encausados como colaboradores necesarios en la presunta trama corrupta.

Incide la fiscal que en el auto “tampoco se relata con suficiente exhaustividad” hechos delictivos referidos al blanqueo de capitales, como operaciones con cuentas bancarias en Suiza y Portugal, así como traspasos de estos fondos a España. Además, subraya que los supuestos delitos no se fundamentan y ni siquiera se concreta cuándo y quiénes de los encausados los cometieron. Por último, pide a la Audiencia que el procedimiento se tramite por el Tribunal del Jurado.

Diez denuncias por supuesta trama

Según la investigación que recoge el auto que ha sido impugnado por la fiscalía, los asesores implicados, Pablo González Tenorio y Francisco González del Pino, eran amigos del inspector Asdrúbal Casares. A través de este, sabían qué empresas estaban siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria por lo que se ponían en contacto con ellas para lograr que la regularización tributaria de la empresa fuese exitosa. “Esa intermediación conllevaba el pago de una cantidad de dinero”, afirma el auto.

Una vez logrado el contacto con representantes de las empresas que estaban siendo inspeccionadas, los encausados les ofrecían los servicios de asesoría de González del Pino, y de otra de la que era representante Beatriz Zunzunegui Caamaño, ex pareja de Asdrúbal Casares. “El modus operandi este este grupo criminal, del que Asdrúbal era el jefe de la organización, ya que conocía los procedimientos y las personas a las que se iba a investigar”, dice el auto, consistía ofrecerles la resolución más satisfactoria del expediente promovido por la Agencia Tributaria y evitar que acabara en la fiscalía por un delito tributario. Todo ello, añade el auto, “a cambio de una suma económica por las gestiones en la mediación”.

Las defensas de los acusados también han recurrido el auto y han solicitado el archivo de la causa. Además, se oponen a la petición de la fiscalía para que la causa se tramite por el Tribunal de Jurado en esta fase ya avanzada de la instrucción y cuando se cuestiona la consistencia de las pruebas.