El sacrificio de ‘Gosu’ abre una batalla judicial de los animalistas contra las prácticas en perreras: “Nadie puede jugar a ser Dios”

El joven Gosu llevaba en la perrera de Bando (Santiago) desde el pasado 1 de septiembre. Según los datos que figuran en la ficha pública de su “fallecimiento” en este recinto (a donde van a parar los perros y gatos abandonados o perdidos de 10 municipios), el can registrado con la referencia 508-25, nacido en 2024, pesaba 38 kilos y procedía de Compostela. En el lugar al que fue a parar para acabar muriendo con una inyección el pasado viernes fue catalogado como uno de esos perros que antes se etiquetaban como “potencialmente peligrosos” y ahora se dicen de “manejo especial”. Y tuvo la mala suerte de no encontrar en su recorrido vital quién lo “manejase” debidamente. Pudo haberlo hallado, porque cuando ya esperaba en el patíbulo —después de la sentencia de muerte dictada por un patronato mayormente político pero apoyado en informes de una veterinaria y una etóloga— el grupo animalista Abeiro peleó por su cesión para darle “una oportunidad” con una educadora privada.

Ahora, este colectivo que forma también parte del patronato anuncia una ofensiva judicial bajo el lema “Xustiza para Gosu”, con la aspiración de evitar muertes futuras. Esto, en un momento en que la ley estatal reduce al máximo los casos en que se puede justificar un sacrificio, amparado en pruebas e informes y un intento previo de ser reconducido en el caso de los “potencialmente peligrosos”. “Gosu fue sacrificado sin explorarse, evaluarse y autorizarse la alternativa de vida amparada en la legislación autonómica y estatal”, criticaba Abeiro en un comunicado al conocer que se había ejecutado el sacrificio. Las ”acciones legales” anunciadas por la asociación se van a dirigir “contra las personas y administraciones responsables con el fin de determinar quién lo autorizó y sobre qué base técnica o jurídica”.

Según explica la portavoz de Abeiro, Susana Romero, exvoluntaria en Bando, antes de entrar en la perrera Gosu se llamaba Dodo y a finales de 2024, cuando todavía era un cachorro “de unos seis meses y tranquilo”, apareció solo en la calle. Otra chica fue quien lo encontró y avisó al lacero, pero antes de que fuera trasladado a la perrera apareció su supuesto propietario. El perro le fue entregado “a pesar de que no llevaba microchip”. Y así Dodo, luego Gosu, se fue con el hombre a su presunto hogar. Era un narcopiso. En septiembre de este año, el perro mordió supuestamente a un conocido de su propietario, cuando se encontraban en esa misma casa, el atacado llamó a la policía y Gosu ingresó en la perrera. Allí, tras la reja de un canil, rodeado de heces (como se ve en un vídeo que corre por internet) y sin estímulos positivos, protagonizó dos ataques a trabajadores en una semana, tal y como confirman fuentes del Ayuntamiento de Santiago. El primero, sin consecuencias físicas, se produjo después de que una empleada entrase a limpiar el canil con una manguera. El segundo, en iguales circunstancias, acabó con el trabajador herido, con mordiscos con desgarro muscular en los brazos que requirieron asistencia sanitaria. Ambos empleados cogieron una baja. El que llevó la peor parte, según todas las fuentes consultadas, no deseaba la muerte para Gosu.

Coincidió, aquella semana de primeros de octubre, que había junta ordinaria del patronato. Allí se puso sobre la mesa, por primera vez, la opción de “eutanasiar” a tres perros de los llamados PPP (Potencialmente Peligrosos): Krenchy, Kayser y Gosu. Eran tres y solo había un canil reservado para este tipo de animales. Desde entonces, hubo dos informes de la veterinaria de Bando aconsejando la eutanasia y otras tantas reuniones del patronato, estas ya extraordinarias, además de una fuerte polémica en las redes sociales y una manifestación en Compostela para salvar a los sentenciados. “Nadie puede jugar a ser Dios”, defiende Romero.

La contestación de los animalistas y los voluntarios sirvió para que el patronato reculara e indultara a dos, Krenchy y Kayser, para los que aceptó un programa de reeducación fuera de Bando. Ante la presión de los colectivos, el jueves, por encargo de la fundación del refugio, una especialista en comportamiento evaluó positivamente a Krenchy y Kayser, pero hizo un “informe de peligrosidad” negativo sobre Gosu. Al igual que la veterinaria, ella recomendaba sacrificarlo. Todo esto sucedía al tiempo que Abeiro luchaba a contrarreloj, la semana pasada, para conseguir que los representantes políticos del patronato rubricasen la cesión del can con el compromiso por escrito, por parte de la asociación, de un plan para reeducarlo.

A finales de semana, horas antes de que matasen a Gosu, el grupo explica que ya había cosechado el sí de los Ayuntamientos: apoyarían la cesión del perro si la Xunta confirmaba que este paso era legal, algo que Abeiro esperaba para el lunes de esta semana. Algunos alcaldes llegaban a expresar, en sus correos, su “completo acuerdo”, porque “intentar rehabilitar a Gosu” les parecía “lo mejor”.

Y cuando creían que ya estaba hecho, el sábado 25 por la mañana Susana Romero recibió la noticia de que a Gosu lo habían dormido para siempre. Su colectivo tenía ya implicada en la salvación del cachorro a una adiestradora bregada en “reinserción exitosa de perros ya condenados”, animales de toda España que “parecían irrecuperables”, incluso considerados “locos”, con historiales “mucho más negativos” que el de Gosu. Durante su estancia en el refugio, el cachorro permaneció aislado y nunca salía a pasear. Abeiro transmite ahora el sentir de la educadora que estaba convencida de poder reencauzarlo: “Le parte el corazón. Cree que Gosu ha pagado con su corta y triste vida la ineptitud de quienes están obligados a velar por el bienestar animal. Dice que nunca nadie le había negado la opción de intentarlo”.

En el lado contrario, la autora del “informe de peligrosidad” que fue crucial para matar a Gosu —una profesional que ostenta el título de “veterinaria diplomada europea en medicina del comportamiento animal”— ha atendido la llamada de este diario pero pide no ser nombrada. El día 23, horas antes de la muerte del perro, efectuó una serie de test y puntuaciones numéricas, siempre con el animal separado, en su cubil, tal y como se reconoce en el documento al que ha tenido acceso, por otras fuentes, EL PAÍS. La experta también revisó el historial de ataques. En contra de Gosu pesaron su “imprevisibilidad” y el tipo de mordida de este can de año y medio. “En base a la evaluación de riesgo conductual y considerando los factores ambientales y humanos desfavorables (ausencia de tutor responsable y miedo del personal), se concluye que el manejo seguro no resulta viable”, zanjaba el dictamen. “Desde un punto de vista técnico y de seguridad pública”, terminaba, “se recomienda valorar la eutanasia humanitaria como medida final, siempre conforme al protocolo legal y ético vigente para casos de riesgo extremo o no rehabilitable”.

Según informan fuentes del Ayuntamiento de Santiago, el Refugio de Bando sobrevive especialmente con las aportaciones económicas de los municipios que lo integran, aunque siempre ahogado por las necesidades de los cientos de animales que se abandonan. “No hay para pagar educadores” y “estos perros no son aptos para dar en adopción, sería una irresponsabilidad hacerlo”, comentaba la misma persona hace una semana, al tiempo que aclaraba que la decisión de la muerte “no es” de los patronos, que solo dan “el visto y place” al informe profesional.

Abeiro y otros colectivos animalistas y ecologistas (SOS Animalia, Adega, Argo) están en un patronato integrado por 14 miembros, la mayoría representantes municipales (todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Santiago más regidores de varios consistorios) y una responsable de la Xunta (Dirección Xeral para a Conservación da Natureza). Las votaciones no fueron inamovibles desde el principio, de tal manera que el PP de Santiago primero se abstuvo y finalmente votó por la eutanasia, y el grupo ecologista Adega votó primero en contra y luego se abstuvo. Al final, ante la ausencia en la reunión del otro colectivo animalista, solo se opusieron al sacrificio de Gosu en la última junta extraordinaria (del 17 de octubre) Argo y Abeiro.

El domingo 26, de nuevo con las redes sociales ardiendo por la muerte de Gosu, miembros de estos grupos se concentraron en la puerta de la perrera, con velas, flores, una corona y muchos mensajes entre los que la palabra “asesinato” era la más repetida. Ese mismo día nacía en Facebook la Plataforma por los Afectados del Refugio de Bando dispuesta a “visibilizar la situación” de los animales que allí llegan.

Basta con revisar el catálogo histórico de las protectoras para comprobar que los perros de “manejo especial” son los que casi nadie se lleva a casa y acaban convirtiéndose en los más viejos de las jaulas. Gosu era un american stanford, un american bully, un pit bull “red nose” o un cruce de alguno de estos, algo que solo determinarán las pruebas de ADN que la Asociación pola Protección Animal Abeiro ha solicitado por registro, junto a una necropsia, mientras prepara su ofensiva judicial.

El grupo cree que era american bully, una raza no incluida en la lista gallega de PPP. Ha pedido, además, explicaciones de las pruebas que se le hicieron para determinar que era irreconducible. Todavía no tiene respuesta. En un último intento para salvar su vida, el colectivo envió un correo a Bando el viernes pasado: “Gosu atraviesa un momento de miedo y aislamiento, no está siendo evaluado en un contexto adecuado ni representativo de su comportamiento real”; “apelamos a vuestra humanidad. Gosu es un ser sintiente y merece vivir”.