El psiquiátrico donde el Defensor del Pueblo destapó violaciones de derechos superó siete inspecciones de la Xunta

El psiquiátrico gallego Hestia La Robleda, en el que una visita sorpresa de técnicos del Defensor del Pueblo destapó violaciones de derechos humanos y diversas irregularidades, superó siete inspecciones de la Consellería de Sanidade de la Xunta en los últimos 18 años. Así lo ha reconocido este jueves en el Parlamento gallego la secretaria general de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato Mosquera, durante una comparecencia solicitada por el BNG después del demoledor informe elaborado por la institución que vigila en España el trato a los ciudadanos recluidos en cárceles, centros de menores o unidades de salud mental. Lobato señala que los inspectores sanitarios visitaron esta clínica, investigada ahora por la Fiscalía, en 2007, en 2012 y en 2017, y que además fue objeto de auditorías en 2010, 2013, 2017 y 2022. Ninguna de estas visitas de la Xunta detectó los abusos en las inmovilizaciones de los pacientes, los ingresos involuntarios sin justificación médica, los encierros en las habitaciones como castigo o las denuncias de agresiones sexuales que sí hallaron los inspectores del Defensor del Pueblo en su primera incursión en el sanatorio el pasado septiembre.

La número dos de Sanidade ha enumerado las inspecciones autonómicas que ha recibido La Robleda desde 2007, cuando este histórico psiquiátrico de Santiago de Compostela inauguró sus nuevas instalaciones en el municipio vecino de O Pino. Ese año, para autorizar la entrada en funcionamiento de la sede, se comprobó que se cumplieran las exigencias en personal, equipamiento, material, documentación clínica, barreras arquitectónicas o protección de incendios. En 2012, los inspectores regresaron al recinto para vigilar que todo seguía en regla después de una ampliación de camas, y en 2017 se le renovó la autorización tras una nueva visita. Las cuatro auditorías que se realizaron a mayores revisaron, según Lobato, el plan de calidad de La Robleda, la “satisfacción” de los pacientes, el reglamento interno o la guía de información que se le da a los internos.

“¿Cómo tiene la valentía de decir que todo está bien?”, le ha respondido la diputada del BNG Iria Carreira, que ha calificado las conclusiones de los técnicos estatales como “un relato de terror” que “pone los pelos de punta”. “¿Acaso los inspectores [del Defensor del Pueblo] mienten?”, ha preguntado Carreira sin recibir respuesta. Sobre la alusión de la responsable de Sanidade a que la Xunta también atiende posibles reclamaciones de los pacientes, Carreira le ha recordado a Lobato el contenido del informe: “¡Pero si el propio Defensor del Pueblo dice que no hay mecanismos para que las pacientes denuncien malos tratos o violencias! ¿Qué reclamaciones le van a llegar?”.

El Defensor del Pueblo envió a Sanidade su informe el mes pasado, pero no ha sido hasta que EL PAÍS publicó su contenido que los inspectores sanitarios de la Xunta han regresado a La Robleda. La nueva inspección ha sido “esta misma semana”, según informa a este periódico el Gobierno gallego, que ha declinado avanzar su resultado. En el Parlamento autonómico, en una comparecencia leída de principio a fin, la secretaria general de la consejería ha señalado que esta última visita pretende “verificar la corrección de la situación de la atención sanitaria en el centro”. Si en palabras de Lobato el objetivo es “corregir”, ¿da el Gobierno gallego por comprobadas las irregularidades? Sanidade ha eludido responder a esta pregunta. El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño se limita a afirmar que “en estos momentos está pendiente de evaluar la información recogida por los inspectores”.

Lo destapado por la visita sorpresa del Defensor del Pueblo a este psiquiátrico propiedad de la empresa Hestia Alliance ha provocado la indignación no solo de la oposición a la Xunta de Alfonso Rueda (PP) sino también de organizaciones médicas y asociaciones de pacientes. El colectivo El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue no solo al sanatorio sino también al Gobierno gallego por “dejación de funciones”. El Movemento Galego de Saúde Mental, integrado por organizaciones médicas, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes y entidades judiciales ha criticado este jueves las “prácticas coercitivas” desveladas por esta inspección “ante el silencio” del Gobierno gallego y las “carencias en la fiscalización y control por parte del ámbito jurídico”.

A los promotores de este movimiento cívico, surgido en Galicia para reclamar mejoras en la asistencia de la enfermedad mental “ante el grave deterioro que está sufriendo”, les “resulta difícil de digerir que en 2025 volvamos a saber de centros donde hay pacientes, según se recoge en el informe de la visita, en situación de contención mecánica de duración prolongada, o en aislamiento en la habitación durante días a modo de castigo”. La entidad también aprecia vulneración del derecho a la privacidad en La Robleda porque se mantienen “cámaras de videovigilancia 24 horas en la mayoría de las habitaciones, siendo estas utilizadas al mismo tiempo como estancia personal y cuarto de contención, con el potencial traumatógeno que de ello se deriva”.