Cobrar de la sanidad pública en Galicia mientras se trabaja para una multinacional en hospitales de otras comunidades

Tres magistrados estamparon su firma el pasado 23 de enero en una sentencia que anula el despido en Galicia de una trabajadora por parte de Abbott, un gigante farmacéutico y de tecnología sanitaria que coloca sus productos en 160 países y emplea a 115.000 personas. Entre sus 38 páginas, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) describe una insólita fuga de dinero público: la empleada en cuestión pasó dos años y medio, entre julio de 2017 y diciembre de 2019, cobrando su nómina de una fundación de la Xunta como supuesta “técnica superior de apoyo a la investigación” cuando, en realidad, ejercía sus funciones para la multinacional. La Consellería de Sanidade alega que la entidad pública no tenía conocimiento de esta irregularidad, por lo que no ha depurado responsabilidades.

A pesar de que su sueldo lo pagaba la fundación pública, la técnica cumplía órdenes de Abbott Medical. El TSXG esgrime el “ingente tráfico de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp” que la empleada de la entidad dependiente de la Xunta “intercambiaba a diario” con la empresa privada, que le daba “continuas indicaciones sobre la forma de ejecutar su trabajo”. Con la fundación que la tenía en nómina, sin embargo, existía una “nula o marginal comunicación”, dictamina el tribunal. Cuando en enero de 2020 la trabajadora fue recontratada por la compañía, sus tareas no variaron, añaden los magistrados para apuntalar su dictamen sobre el despido, recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia es contundente. Concluye que la afectada “fue víctima de un negocio especulativo de tráfico de mano de obra o cesión ilegal” mientras estuvo contratada en la Fundación Biomédica Galicia Sur, un organismo sin ánimo de lucro al que la Consellería de Sanidade tiene encomendada la gestión de la investigación e innovación en las áreas sanitarias de las provincias de Pontevedra y Ourense. El TSXG utiliza el dato para fijar la antigüedad de la trabajadora en la multinacional y, por tanto, la indemnización a la que tiene derecho. La cesión ilegal la dio por probada también el dictamen del juzgado de lo social que abordó el caso en un primer momento, aunque ninguna de estas instancias judiciales ha condenado a nadie por estos hechos porque, alegan, no son objeto de la demanda.

Es precisamente en esa falta de condena a la fundación pública en la que se escuda la Xunta para restar importancia al caso. En respuesta a este periódico, la Consellería de Sanidade, al contrario de lo dictaminado por el TSXG, rebaja las tareas realizadas por la técnica de la fundación pública para la multinacional a “actividades puntuales”. Este departamento autonómico dirigido por Antonio Gómez Caamaño descarga además la responsabilidad en la trabajadora, pese a que la justicia da por probado que ella demandó “de manera insistente” a Abbott Medical que legalizara su situación. “Esta trabajadora realizó unas actividades puntuales para Abbott que fueron satisfechas a través de tres facturas viradas a la citada empresa, actividades de las que la fundación no era conocedora”, aduce Sanidade, que no aclara si se ha abierto una investigación interna para averiguar si hay más empleados en la misma situación. “Los procedimientos de contratación fueron mejorando en los últimos años, y el hecho de que actualmente sean evaluadas por el comité de ética responde a la voluntad de impedir que existan supuestos de conflicto de intereses”, se limita a señalar.

Durante la instrucción del caso y el juicio, emergieron datos sobre la irregular situación en la que se encontraba la trabajadora. Mientras estuvo contratada por la fundación de la Xunta de Alfonso Rueda, supuestamente para desarrollar un proyecto de investigación que la consellería tampoco aclara si existe, la técnica tenía su puesto de trabajo en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Sin embargo, viajaba durante su horario laboral a diferentes centros hospitalarios, tanto públicos como privados, ubicados en otros puntos de España como Bilbao, Barcelona o Sevilla, según la documentación aportada en los tribunales. En estos hospitales cumplía con las tareas que le encomendaba Abbott Medical, dando soporte a los implantes de marcapasos o desfibriladores comercializados por la multinacional y manejando los ordenadores en las operaciones de arritmias. También se presentaron durante la tramitación de la demanda judicial intercambios de mensajes que recogen conversaciones entre la compañía y la fundación sobre las condiciones laborales de la trabajadora y comunicaciones que revelan que pactaba sus vacaciones con Abbott y no con la entidad de la Xunta.

Sanidade elude aclarar a este periódico si piensa tomar alguna medida contra Abbott Medical o reclamarle las nóminas abonadas a su trabajadora. La multinacional es una de las donantes de la Fundación Biomédica Galicia Sur. Empresas y particulares entregan fondos a esta entidad pública para labores de investigación o para la organización de jornadas y cursos de formación para el personal del Servicio Galego de Saúde (Sergas), un dinero que recibe un especial tratamiento fiscal, según la web del organismo. La consellería, sin embargo, tampoco explica qué fue de los proyectos de los que supuestamente se encargaba la técnica que en realidad trabajaba para esta compañía privada. Según las memorias de la fundación, el grupo Abbott Medical, que factura al Sergas millones de euros al año en servicios y productos sanitarios, donó 17.000 euros y suscribió convenios de colaboración por valor de 372.000 euros entre 2017 y 2019, años en los que la Administración autonómica le pagó el sueldo a su trabajadora. La empresa no ha respondido a las preguntas de este periódico, pese a las reiteradas llamadas y mensajes.

La trabajadora, que antes de fichar por la fundación pública ya había trabajado para una firma comprada por Abbott Medical, fue recontratada formalmente por esta multinacional en 2020. Un año después, la echaron acusándola de espionaje industrial. El TSXG ha anulado aquel despido porque considera que la compañía fisgó ilegalmente en sus correos electrónicos para intentar encontrar una justificación para ponerla en la calle. En esa sentencia, el alto tribunal confirma la cesión ilegal de la técnica que la fundación pública hizo al gigante sanitario durante más de dos años y rechaza la petición que le hizo Abbott Medical en su recurso: que se borrasen del fallo todas las alusiones a la irregularidad destapada mientras se dirimía la demanda por despido.