El BNG forzará una investigación parlamentaria sobre los contratos a empresas de familiares de Feijóo

Los millonarios contratos recibidos por empresas vinculadas a familiares de Alberto Núñez Feijóo serán objeto de investigación parlamentaria en Galicia pese al intento del PP de parar estas pesquisas. El BNG, segunda fuerza con 25 de los 75 diputados, ha anunciado que impulsará la comisión en solitario, haciendo uso de la única oportunidad que le ofrece en esta legislatura el reglamento del Parlamento gallego por contar con un tercio del total de escaños. “Vamos a destapar lo que el PP quiere esconder”, ha advertido este martes desde la tribuna de la Cámara la líder nacionalista, Ana Pontón, después de que los populares de Alfonso Rueda hayan impuesto su mayoría absoluta para frenar el intento de la oposición de crear esa comisión de investigación por la vía ordinaria. El PP califica las sospechas sobre estas adjudicaciones al entorno de Feijóo como “máquina del fango”.

El partido de Pontón, con el apoyo de los socialistas de José Ramón Gómez Besteiro, quiere que la Xunta aclare las adjudicaciones recibidas, en muchos casos sin concurso, por dos empresas de servicios que cuentan con familiares de Feijóo como directivos: el Grupo Eulen, en el que Micaela Núñez Feijóo es delegada en Galicia, y por Universal Support, con Ignacio Cárdenas Botas, hermano de la pareja del expresidente gallego, como director comercial. La primera de estas firmas, según una investigación del diario El Salto, se benefició de 1.311 contratos menores entre 2018 y 2023 por una cuantía de 4,8 millones de euros, y, según los nacionalistas, de un montante total de 55 millones en encargos durante este periodo. La sociedad en la que es directivo el cuñado de Feijóo, por su parte, obtuvo en plena pandemia, entre mayo de 2020 y octubre de 2021, 19,2 millones de euros en contratos a dedo, denuncia el Bloque.

El debate sobre si el Parlamento gallego debe investigar estos contratos se desarrolló con la sonora ausencia del presidente de la Xunta. Rueda se levantó de su escaño justo cuando se iba a abordar el asunto. “Es toda una declaración de transparencia”, ironizó Pontón desde el atril. “Solo el que tiene algo que esconder tiene miedo a una comisión de investigación”. La nacionalista interpreta el veto de los populares a esa investigación como una confesión de que “están metiendo la mano en la cartera de los gallegos para beneficiar a empresas amigas”. Asegura que Eulen ha sido favorecido con “contratos deliberadamente fraccionados” para evitar el concurso público y que “muy pocas empresas” se repartieron los contratos de emergencia de la Xunta de Feijóo durante la pandemia “protagonizando auténticos pelotazos”. Entre ellas, señala Pontón, Universal Support, la empresa en la que el hermano de la pareja del líder del PP es director comercial: recibió 19 millones de euros en contratos a dedo entre mayo de 2020 y octubre de 2021.

El portavoz parlamentario del PP en la Cámara gallega, Alberto Pazos, esgrimió su negativa a crear la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a familiares de Feijóo acusando a BNG y PSOE de actuar como Nicolás Maduro con la oposición en Venezuela: “Los admiradores del ejemplar sistema electoral bolivariano pretenden importar la metodología del régimen de Maduro convenientemente adaptada a la realidad española. Así, ante la acumulación escandalosa de casos de corrupción en el entorno más cercano del presidente del Gobierno, la izquierda se niega a dar cualquier explicación y al mismo tiempo exige que se investigue al jefe de la oposición”. Pazos sitúa a Pontón “al volante de la máquina del fango, con Besteiro sentado de copiloto”. “Embarrar es venir aquí a hablar de Venezuela”, ha replicado la nacionalista.

Los socialistas gallegos han unido este martes sus 9 votos a los de los 25 diputados del BNG en favor de que la Cámara indague en estos contratos. “La Xunta no puede normalizar que empresas del círculo familiar de Feijóo tengan un trato de favor en la contratación pública”, ha defendido la exministra Elena Espinosa. La diputada del PSdeG ha incidido en que “el fraccionamiento de contratos es una ilegalidad” y ha advertido de que, aunque la pandemia obligó a tomar “decisiones rápidas”, “la urgencia no supone no cumplir con las normas”.

El sobrecoste del hospital de Vigo

Los nacionalistas gallegos pretenden que la investigación parlamentaria no se quede solo en los contratos que afectan a las empresas vinculadas a familiares de Feijóo. También incluirá las adjudicaciones en pandemia a Sibucu 360, una firma sin relación con el sector sanitario y, según el Bloque, vinculada a un empresario condenado por fraude y falsedad: José Ramón García, exCEO de Blusens. Pasó de facturar con la Xunta 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020. La otra firma señalada es Mape Asesores, empresa pontevedresa relacionada con la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Xunta le otorgó 12 contratos por más de 10,4 millones entre abril y julio de 2020 y pagó sobreprecios.

Otro de los asuntos que serán objeto de investigación parlamentaria es el sobrecoste de 470 millones que supuso el modelo elegido por Feijóo para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Solo llegar a la Xunta en 2009 como adalid de la austeridad, el ahora líder del PP optó por ejecutar el complejo a través de una colaboración público-privada y así evitar que esta inversión le descuadrase el cumplimiento del déficit. Según un informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador autonómico, el resultado de esa decisión es que el hospital ha costado 470 millones más que con la fórmula puramente pública y tiene 700 camas menos.

Tras conocer que el BNG forzará la creación de la comisión parlamentaria, los populares gallegos han prometido que darán en ella “las explicaciones pertinentes” sobre estas contrataciones. “Demostraremos que ustedes solo aportan mentira a la política gallega”, pronostica Pazos. Pontón, por su parte, le ha lanzado una petición al PP de Rueda: que “no vete” las pesquisas y evite utilizar el rodillo de su mayoría absoluta para bloquear el acceso a la documentación o “comparecencias necesarias”.