El PP rechaza dar explicaciones por los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a familiares de Feijóo

El curso político arranca en Galicia con el foco puesto en las contrataciones de la Xunta que durante 15 años han beneficiado a empresas relacionadas con la familia de Alberto Núñez Feijóo. El Parlamento gallego debate este martes una petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para que se cree una comisión de investigación sobre las adjudicaciones millonarias y en muchos casos sin concurso a dos compañías en las que ocupan cargos directivos la hermana y el cuñado del líder del PP: Eulen, en la que Micaela Núñez Feijóo es delegada en Galicia, y Universal Support, con Ignacio Cárdenas Botas, hermano de la pareja del expresidente gallego, como director comercial. Todo apunta a que el PP de Alfonso Rueda utilizará su mayoría absoluta para frenar esta iniciativa. En una entrevista en la Cadena SER este domingo, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, defendió que en estos contratos “se ha demostrado que no hay absolutamente nada y se han dado explicaciones”. A su juicio, la petición tanto del BNG como del PSdeG-PSOE es “la única vía de escape” a la “actuación cuando menos éticamente condenable” de Begoña Gómez, la esposa del presidente socialista Pedro Sánchez.

Las críticas al volumen de contratos que ha recibido Eulen del Gobierno gallego se remontan a hace más de una década, pero han vuelto a coger fuerza desde que Feijóo accedió a la presidencia del PP. Con la pandemia, las sospechas de la oposición se han extendido además a otras firmas, entre ellas una en la que trabaja el hermano de su pareja. En relación con Eulen, según recoge la petición registrada por el BNG en la Cámara autonómica, una investigación del diario El Salto reveló que la Xunta le otorgó 1.311 contratos menores entre 2018 y 2023 por una cuantía de 4,8 millones de euros. Los nacionalistas añaden que durante este periodo el montante total de las adjudicaciones a esta empresa supera los 55 millones y que en los dos últimos años con Alfonso Rueda como presidente, la compañía recibió más de 17 millones en adjudicaciones, una información destapada por Público. El partido de Ana Pontón ha reclamado una auditoría independiente de estos expedientes porque, a su juicio, Eulen ha sido favorecida “claramente” desde que Feijóo llegó a la Xunta, “sobre todo en la etapa de Alfonso Rueda, donde se incrementó el ritmo y la cuantía de las contrataciones con esta empresa”.

El Bloque también pone el foco en los contratos recibidos durante la pandemia por Universal Support, en la que es directivo el hermano de la actual pareja de Feijóo, Eva Cárdenas Botas. Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, siendo Ignacio Cárdenas Botas director comercial para Galicia, la firma se benefició de adjudicaciones de la Xunta por valor de 19,2 millones de euros “con contratos a dedo”. En este tiempo, solo en las facturas por el servicio de rastreadores de contagiados por la covid, la Administración autonómica pagó 10,9 millones (7,8 entre enero y octubre de 2021) “de manera consecutiva y a dedo”, destacan los nacionalistas. A esta firma el Gobierno de Feijóo llegó a adjudicarle un concurso por cuatro millones “a pesar de ser la oferta más cara de todas”. El objeto del contrato era un servicio de call center para atención e información telefónica sobre la covid.

El PSdeG-PSOE ya ha pedido formalmente en el Parlamento gallego los expedientes completos de los contratos suscritos entre 2018 y 2024 por el Gobierno gallego con Eulen y con Universal Support. Los socialistas quieren conocer los detalles para “arrojar luz ante posibles conflictos de interés y favoritismo”. El partido de José Ramón Gómez Besteiro denuncia que desde que Feijóo asumió la presidencia de la Xunta en mayo de 2009, esta empresa recibió contratos de su Gobierno por un valor medio anual de 2,86 millones.

La petición de una comisión de investigación que se debate este martes en el Parlamento gallego incluye otros contratos durante la pandemia que el BNG considera sospechosos. Los nacionalistas quieren que se indague en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas a Sibucu 360, sin relación con el sector sanitario y, según el Bloque, vinculada a un empresario condenado por fraude y falsedad: José Ramón García, exCEO de Blusens. Con cuatro trabajadores, Sibucu 360 pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020, “multiplicando por diez sus beneficios en tan solo un año”. El Bloque ha detectado contradicciones en la documentación oficial sobre estos contratos y una alerta del Instituto Galego de Consumo de la Xunta porque una parte de los tapabocas presentaba certificados falsos. El expediente sancionador se saldó con una multa de solo 600 euros y no evitó que la compañía siguiera recibiendo encargos de la Administración autonómica.

Sobreprecios

La otra firma señalada por la oposición a Rueda es Mape Asesores, empresa pontevedresa con la que medió la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso antes de recibir una comisión millonaria por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Mape Asesores recibió de la Xunta 12 contratos por más de 10,4 millones entre abril y julio de 2020 y, según el Consello de Contas, órgano fiscalizador en Galicia, el Gobierno gallego pagó sobreprecios por la mercancía que le suministró esta sociedad.

El partido de Pontón esgrime que ha pedido sin éxito “de manera reiterada” al Gobierno de Rueda los detalles de todas estas operaciones sobre las que pide una comisión parlamentaria. “Queda claro que la transparencia no es la principal virtud” del Ejecutivo del PP, critican los nacionalistas, que ven “evidente” su “interés en ocultar documentación”.