El exalcalde de Baiona juzgado por quitarse multas: “Firmé el archivo de las infracciones sin leer su contenido”

El exalcalde de la localidad pontevedresa de Baiona y diputado provincial del PSOE, Carlos Gómez Prado, ha reconocido este viernes, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra que le juzga por quitarse cinco multas, que él mismo, siendo regidor, firmó los expedientes por los que estas sanciones fueron archivadas: “Lo hecho está hecho, y una vez anuladas ya no tenía potestad para modificar el procedimiento administrativo y poder activar de nuevo las multas”, declaró. El político está acusado de un presunto delito de prevaricación continuada y otro de falsedad.

El exregidor socialista ha explicado que, pese a firmar los decretos para anular las cinco denuncias, “desconocía el contenido de los mismos”: “Lo hice sin saber en realidad lo que estaba firmando y sin ser consciente de lo que aquello podía acarrearme”. A preguntas del fiscal, Gómez subrayó que cuando recibió en su despacho los expedientes para firmar, estampó su rúbrica sin leer de qué se trataba. “Firmé sin saber el contenido de aquellos expedientes”, aseguró. Según él, fue más tarde, en el momento que recibió en su casa que las multas habían sido anuladas, cuando se dio cuenta. “Ya no podía activar de nuevo las multas y anular un acto administrativo”, alegó el acusado.

El político aseguró al tribunal que disponía de una tarjeta que le habilitaba a aparcar en la zona donde fue multado, pero no la llevaba porque se la había dejado en un vehículo que estaba reparando en el taller. Gómez trató así de desmontar los argumentos del fiscal, que sostiene que este documento no existía en el momento de los hechos y que fue falsificado con posterioridad.

La tesis de la Fiscalía fue corroborada por varios policías locales que declararon como testigos en este juicio, que aseguraron que nunca habían visto la tarjeta de aparcamiento del alcalde hasta que se interpusieron las denuncias por infracción de tráfico entre abril y junio de 2021, y que incluso carecía de número de expediente, informa Europa Press.

Este viernes también ha declarado el otro acusado, el agente Plácido Vieitez, actual jefe de la Policía Local, que era oficial (segundo jefe) en el momento de los hechos. Él sí ha reconocido la existencia de una tarjeta que autorizaba al alcalde a aparcar en la zona de vehículos autorizados, ya que fue firmada por él debido a que el jefe estaba de vacaciones. Vieitez, que afronta también una condena de tres años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación por supuesta prevaricación y complicidad en el delito de falsedad documental, relató que se había puesto en el tablón de anuncios una orden que explicaba la creación de la tarjeta de aparcamiento del alcalde para que los agentes tuviesen conocimiento de ello. Sin embargo, los siete policías denunciantes en este proceso indicaron en sus declaraciones que desconocían su existencia y que solo vieron la tarjeta después de que el alcalde fuese multado cinco veces.

El jefe de la Policía Local admitió que con anterioridad había visto el coche del alcalde aparcado en la zona de autorizados pese a no tener tarjeta. Respecto a esto, esgrimió que todo el mundo conocía en el pueblo de quién era ese vehículo y entendía que no se le multaría.

En esta jornada del juicio también declararon como testigos de la defensa varios concejales socialistas durante el mandado de Gómez como alcalde. Estos han defendido que el regidor sí tenía tarjeta de aparcamiento autorizado antes de las multas. Y otros trabajadores del Ayuntamiento, de departamentos como Servicios Sociales o Deportes, han asegurado que existían tarjetas de aparcamiento autorizado para que algunos empleados pudiesen aparcar en ciertas zonas y que hasta 2022 no se especificaba número de expediente. Para los agentes denunciantes, esa carencia invalida la tarjeta. El hecho de que el dato fuera incluido con posterioridad sustentó la querella que estos presentaron contra el regidor en 2021.

El juicio quedará visto para sentencia el 29 de enero con las conclusiones finales de la acusación y las defensas. Después de escuchar a los acusados y testigos, cabe la posibilidad de que el ministerio público modifique los términos de su escrito de acusación de unos hechos que se remontan a abril y junio de 2021, cuando fue multado Gómez Prado, que ahora lidera el grupo municipal del PSOE de Baiona tras ser desbancado de la alcaldía en las elecciones locales de mayo pasado.

La Fiscalía sostiene que la tarjeta de aparcamiento que presentó el exregidor fue elaborada posteriormente y firmada por él y el otro acusado con el propósito de eludir su responsabilidad. Gómez llegó a aportar también un informe firmado por el policía que también se sienta en el banquillo, en el que éste aseguraba que conocía la existencia del documento acreditativo y que, por tanto, el coche del alcalde estaba estacionado esos días y en esa zona con su conocimiento y autorización.

En todo caso, el ministerio público apunta que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en áreas habilitadas a tal efecto. A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.