La Justicia anula por quinta vez el intento de Baltar de enchufar a 69 personas en la Diputación

José Manuel Baltar Blanco, hijo y sucesor del autodenominado cacique bueno que cerró tres décadas de sucesivos mandatos condenado por enchufismo, lucha contra viento y marea por mantener su propio sistema de enchufados en la Diputación de Ourense.

Baltar lleva tres años combatiendo en todos los frentes contra el rosario de sentencias judiciales que lo obligan a anular los ascensos a dedo (por promoción interna) que concedió a 69 personas, en su mayoría contratados provisionalmente también a dedo.

La institución provincial ha perdido el quinto de los recursos presentados contras todas las decisiones judiciales que suscribieron la primera sentencia, dictada hace tres años por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ourense. El juez concluyó que los ascensos con los que convertía en funcionarios a los 69 contratados vulneraban los principios de mérito y capacidad.

Tras perder en ese juzgado, Baltar apeló y perdió sucesivamente en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la del Tribunal Supremo y en la de casación del mismo Supremo.

Cuando parecía que había perdido la batalla, presentó un último recurso: solicitó al mismo juzgado de lo contencioso de Ourense que dictó la primera sentencia contraria a sus intereses, la inejecución de la misma o, subsidiariamente, el mantenimiento de los ascensos. Alegó que la Diputación había obrado “de buena fe”.

El juez tampoco le ha dado la razón en este caso. “Lo que es nulo no produce ningún efecto, debe considerarse que nunca ha existido, por lo que no puede pretenderse la validez ni de actos particulares dictados al amparo del acto declarado nulo ni, mucho menos, los nombramientos efectuados con base en él”, sentencia el titular del juzgado orensano. Y le impone también el pago de las costas.

Esta es la quinta ocasión en la que Baltar tira de las arcas públicas para hacer frente a las costas los sucesivos recursos que ha presentado para conseguir su propósito de mantener los ascensos de esas 69 personas.

Como todavía puede recurrir esta última sentencia, la CIG, que interpuso la primera demanda cuando el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó en octubre de 2016 la convocatoria de los puestos por el sistema de promoción interna, insta ahora a Baltar a que asuma personalmente las responsabilidades o a que dimita.

El sindicato apela al “momento de especial dificultad para la sociedad” y al hecho de que ha sido “condenado ya cinco veces por todos los tribunales del Estado”.