La campaña no pasó por aquí

El doctor Javier Torres, médico de familia, de 61 años, pensaba todo el rato en su pobre centro de salud Palma Norte cuando el pasado 21 de abril veía en televisión el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Luego se fue a la cama decepcionado, cuenta. El ambulatorio, en pleno corazón de la ciudad, en el barrio de Malasaña, se aloja en un piso bajo de no más de 200 metros cuadrados y contiene tres consultas, una sala de curas, un cubículo acristalado que sirve de oficina y otra dependencia interna. Lo que queda se emplea de sala de espera. No hay salida de emergencia. La entrada es tan pequeña que no cabe la camilla de las ambulancias. Así que, según cuenta Torres, cuando tienen un caso grave, un infarto, por ejemplo, ellos lo estabilizan como pueden y lo sacan a la calle en una silla de ruedas. El centro hermano, con el que comparte algunos servicios, se encuentra a unos 200 metros, también en la calle de la Palma, y carece de ventanas. Torres trabaja aquí desde hace nueve años. A razón de 45 enfermos al día.

“El ecógrafo no cabe en ningún sitio, así que lo tenemos en la consulta de una colega. Si necesito utilizarlo, tengo que ponerme de acuerdo con ella”, explica. Y añade: “Todo es caótico”. Se ríe cuando cuenta que la Consejería de Salud les envió una instrucción para que, durante la pandemia, se habilitaran zonas covid y no covid. En la sala de espera solo caben ahora, para evitar contagios, cinco personas. El resto aguarda en la calle. Y si hablan alto se oye todo en alguna de las tres consultas, situadas al nivel de la calle. Torres recuerda que en la pasada campaña de las elecciones municipales, en 2019, visitó el centro el por entonces candidato —y hoy alcalde— José Luis Martínez-Almeida, del PP. “Aquel día criticó la situación del centro, pero desde ese día no ha vuelto”, dice Torres. Solo Mónica García, candidata de Más Madrid, se ha acercado al centro recientemente. Lo hizo antes de que empezara la campaña, según recuerda Torres.

En el otro extremo del ambulatorio (es decir, a una veintena de metros en diagonal) está la sala de curas. La atiende la enfermera Consuelo Díaz. La habitación es, además, el almacén de medicinas y el lugar donde se coloca la máquina de esterilizar material quirúrgico, con aspecto de microondas gigante. Produce un molesto ruido de centrifugado de lavadora cuando está en marcha. “Y con este ruido tengo yo que atender a veces a los pacientes”, se queja la enfermera. “Además, es muy normal que mientras estoy atendiendo a algún paciente entre algún colega a por alguna medicina”, se lamenta.

Torres asegura que ha denunciado todos estos problemas a Salud Laboral y que ha enviado a la consejería de Sanidad diversos emplazamientos posibles, vacíos, para cambiar el centro sin salirse de la zona. “Pero nadie me ha respondido”.

200 camiones avanzan por el centro del pueblo

José Antonio Domínguez, alcalde de Fuentidueña del Tajo (2.300 habitantes), al pensar, primero, en la campaña electoral y, segundo, en su pueblo, dice: “Somos ciudadanos de segunda”. Y después enumera una lista de quejas: no hay instituto, no hay pediatras, no hay tren y los autobuses más allá de las ocho no circulan, no hay ambulancia…

Son las reivindicaciones de muchos de los alcaldes de los pueblos de Madrid.

Pero luego están los camiones.

A primeros de mayo, cuando empieza la recolección en la Vega del Tajo, los tráileres llegan a Fuentidueña para cargar y transportar los productos. En las tierras de este pueblo se recolectan 6.000 toneladas de patatas al año. También hay una gran cosecha de cebollas. “Y muchos de los melones que dicen que son de Villaconejos, son de aquí”, precisa el alcalde, encogiéndose de hombros ante una reclamación histórica.

Los camiones vienen de Madrid, pasan por Fuentidueña, se pesan en vacío, recogen el producto, se vuelven a pesar y regresan a Madrid o se distribuyen por el resto de España. Para hacerlo, atraviesan el pueblo, ya que circulan por la vieja nacional. Y pasan por delante de la guardería (que ha cambiado la puerta de salida), del centro cultural, del centro de mayores y del cuartel de la Guardia Civil. Son camiones largos, que para dirigirse a la carretera que conduce a la báscula y a la vega deben hacer un giro de 45 grados en el centro de la localidad. En la maniobra ya se han llevado por delante la cabina del pueblo, unos antiguos y decorativos surtidores de gasolina y la instalación de aire acondicionado de un mesón, pegada a la pared. El alcalde teme que cualquier día se lleven por delante también la vida de algún vecino. Desde mayo hasta septiembre atraviesan el pueblo 200 camiones al día. Domínguez, del PSOE, que lleva ya seis años en el cargo, ha conocido cuatro directores generales de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Y a todos les ha ido con el problema: “A todos tienes que explicárselo desde el principio. Mire, don Ignacio, mire doña Concepción….”. Y con la solución: “Una variante que cuesta como mucho 5 millones de euros”. El equipo municipal ha elaborado un informe técnico que Domínguez ha remitido a todos los Gobiernos regionales. Incluso se lo llevó a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando fue a visitar, hace meses, la cercana Villamanrique. “Se lo conté, pero no me hizo mucho caso”, dice.

El pueblo es próspero. Ha crecido como consecuencia de la pandemia en más de 300 habitantes, que decidieron mudarse desde Madrid y trabajar a distancia. La agricultura crece porque se moderniza y se moderniza porque crece. Pero el alcalde teme que cualquier día ocurra una desgracia. Así que no le quedará otro remedio que acudir con el informe de la variante al próximo director general de Carreteras que salga de las próximas elecciones. Luego dice, resignado: “En Villamanrique hay otra báscula, pero está estropeada. Y la alcaldesa me dice que no piensa arreglarla. Yo la entiendo”.

La parcela desierta que espera un instituto

El ensanche de Vallecas, en el esquinazo sureste de la ciudad, alberga ya a más de 50.000 personas. Comenzaron a llegar en 2006. Todo es nuevo aquí. Los bloques de pisos, las puertas de los garajes, los columpios del parque, los carriles bici, las tiendas… Susana Pereda, de 51 años, es profesora de instituto en Rivas-Vaciamadrid, madre de tres hijos y vecina combativa en el ensanche. Pertenece a la Agrupación Ciudadana por la Escuela Pública de Villa de Vallecas (ACEPVV), que agrupa a todas las asociaciones de padres de todos los colegios e institutos de la zona. O instituto. Porque en todo el ensanche hay un solo instituto público, el María Rodrigo. Hay tres centros escolares concertados más, todos religiosos, que cubren la etapa escolar. Uno de ellos, el Stella-Maris, separa a niños y niñas en las clases. Pereda muestra una parcela enorme llena de hierbas situada en el sector cinco (el ensanche cuenta con seis sectores). En 2018 fue cedida por el Ayuntamiento, entonces gobernado por Manuela Carmena, a fin de levantar ahí un nuevo instituto público. Pero allí sigue, llena de hierbajos y flores por las lluvias de la primavera. “Las clases tienen la ratio más alta, 33 alumnos por clase, y eso va a ir a peor porque este barrio es de gente joven que ha tenido hijos y que ya empiezan a tener edad de ir al instituto. Y la solución que nos han dado, en vez de construir otro centro nuevo, es el de ampliar el María Rodrigo. Pero, claro: las instalaciones serán siendo las mismas, el mismo gimnasio, el mismo comedor…”. Hay otro problema que recuerda esta madre y con el que coincide un profesor de este instituto que se jubiló el año pasado, Juan Angelina: los alumnos más conflictivos, o con menos nivel educativo, proveniente de familias muy pobres, como los de la Cañada Real, acaban en un porcentaje mucho mayor en los colegios públicos de la zona y en el María Garrido. Nunca en los concertados. “Y al revés: al hijo de una vecina, que va a uno de los centros concertados religiosos y que no iba muy bien en el colegio, le invitaron a irse”, asegura Pereda. “Lo de la libertad de elegir centro, tan pregonado por Ayuso, aquí significa elegir entre un solo instituto para todos. ¿Qué libertad es esa?”, se pregunta.

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