La jueza archiva la denuncia contra Vox por el cartel de menores extranjeros

La instructora considera que no se ha creado riesgo para los jóvenes migrantes y que la formación de Abascal estaría ejerciendo su derecho a la libertad de expresión

El cartel electoral de Vox, en la estación de Cercanías de Sol en Madrid.
El cartel electoral de Vox, en la estación de Cercanías de Sol en Madrid.ANDREA COMAS

Una jueza de Madrid ha archivado las denuncias presentadas contra Vox por la colocación de carteles electorales contra los menores de edad migrantes. La magistrada ha descartado que la formación de extrema derecha haya cometido un delito de odio, como mantiene la Fiscalía, al considerar que sus mensajes “no presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo” entre estos niños y adolescentes extranjeros. “Requisito que exige la jurisprudencia para que exista un delito de odio”, subraya la instructora en su resolución, que las partes pueden recurrir ahora.

Según la magistrada Mónica Aguirre, responsable del Juzgado de Instrucción número 53 de la capital, “el lenguaje directo” empleado por Vox “no ha creado una situación de peligro”. “No tienen la aptitud para generar un riesgo. Riesgo que justifique el recurso a la violencia”, apostilla en un auto fechado este jueves, avanzado por la Cadena SER y al que tuvo acceso EL PAÍS. Y, en esa línea, añade que el partido ultra solo ejerce su “derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir” el contenido de su programa sobre inmigración.

Con motivo de los comicios del 4-M, Vox intensificó sus ataques contra los menores migrantes. La formación de Santiago Abascal puso en marcha una campaña contra este “colectivo vulnerable”, según admite la jueza, que se tradujo en arremetidas contra ellos a través de mensajes en su página web, perfiles de redes sociales y en carteles colocados en estaciones de Cercanías. En estos últimos, se observa a un lado a una anciana y al otro a un adolescente extranjero con el texto “Un mena [acrónimo con el que la formación se refiere a los menores extranjeros no acompañados], 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros de pensión/mes” y el lema “Protege Madrid, vota seguro”.

La Fiscalía defiende que el cartel pretende “trasladar una imagen prejuiciosa”, vinculando a los menores extranjeros con la delincuencia al representarlos “embozados y encapuchados”. “Busca una predisposición social negativa hacia este colectivo”, ahonda el ministerio público en un escrito remitido al juzgado, en el que atribuye a Vox “una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa”, además de generar “la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización”.

Además, como inciden los denunciantes (entre ellos, el PSOE), la colocación de estos carteles no es un hecho aislado. A través de Twitter y Facebook, Vox también ha puesto en la picota a los adolescentes y niños extranjeros no acompañados. Entre los mensajes difundidos contra ellos, se encuentran estos: “Vamos a acabar con la inseguridad que provocan los menas en los barrios y en las calles de Madrid”; “Los madrileños no merecen seguir sufriendo esto. No hay libertad sin seguridad. Con Vox serán expulsados y cumplirán condena en las cárceles de sus países”; “Los españoles no tienen por qué mantener a los menas y a los ilegales que asaltan nuestras fronteras con sus impuestos”; y “Los menas degradan nuestros barrios convirtiéndolos en lugares inseguros para los españoles”.

La jueza mantiene que toda esta campaña no constituye un delito de odio de Vox, que copia las técnicas de propaganda de los nazis. Según la magistrada, los mensajes del partido de extrema derecha se enmarcan dentro de una campaña electoral y constituyen “la forma de expresión” de su política de inmigración, “así como también la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones”. Además, en referencia a los datos manipulados que aparecen en el cartel colocado en las estaciones, la instructora asegura que no le corresponde “analizar la realidad de las cifras” que aparecen. “Esta cuestión carece de trascendencia a los efectos de determinar la posible comisión de las infracciones penales que se denuncian”, añade.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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