La estrategia de Vox: meter miedo y vender protección

Santiago Abascal lanza proclamas patrióticas, pero Rocío Monasterio cuenta historias. “Me preguntáis cómo preparo mis intervenciones: hablando con la gente, escuchando”, explica la candidata de Vox a sus seguidores. Y las historias de Monasterio conmueven más que los discursos de su jefe porque supuestamente tratan de gente real como la que acude a escucharla.

“El otro día, en Ciudad Lineal, se me acercó una mujer mayor llorando, desesperada, y me dijo: ‘Monasterio, te he traído estos geranios, es lo único que me queda, porque me han ocupado la casa cuando he salido al supermercado’. No hay derecho: 30 años cotizando, pagando todos tus impuestos, ahorrando para tener un piso que dejarle a tus hijos y que vengan unos desalmados y lo ocupen y encima se rían de ti. Esto es tremendo y está pasando en Madrid”, relata Monasterio con indignación contenida. Esta historia la ha repetido en mítines, entrevistas y debates, incluido el de Telemadrid, con ligeras variaciones. O no tan ligeras: en su intervención en el Club Siglo XXI y en el mitin del pasado sábado en San Sebastián de los Reyes la mujer que se quedó sin casa por ir al supermercado ya no era una vecina de Ciudad Lineal, sino de Arganda.

Lo que no cuenta Monasterio es qué le contestó a la señora. Si se limitó a escucharla o le dio una solución rápida y expedita: acudir a comisaría. Aunque la líder de Vox utiliza esta historia para ilustrar el problema de los okupas, lo que relata no es una “usurpación de inmueble” por parte de unos invasores cuyo desalojo requiere un largo y proceloso trámite burocrático, sino un “allanamiento de morada”, un delito flagrante ante el que la policía tiene instrucciones de proceder de manera inmediata, sin necesidad de orden judicial, según la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad. La “patada en el culo a los okupas” que promete Vox en sus mítines ya está en la legislación española para casos como el de la señora del supermercado. No está, eso es cierto, para los pisos vacíos de inmobiliarias quebradas y fondos buitre.

En los barrios de Madrid, relata Monasterio, las madres se organizan para acompañar a sus hijas adolescentes hasta el metro, las bandas latinas se enfrentan a tiros en Ciudad Lineal y una niña de 16 años es acosada sexualmente por una “manada de menas [menores extranjeros no acompañados]” en el parque del Oeste. La solución que propone Vox para atajar esta situación consiste en expulsar a los menores inmigrantes. “Si son delincuentes, que los metan en la cárcel; y, si son niños, que los entreguen a sus padres”, proclama Abascal.

Pero no todos los miembros de las bandas latinas ni los acosadores sexuales son menores extranjeros. De los siete integrantes de Dominican Don’t Play (DDP) arrestados en Torrejón en julio pasado, cinco eran españoles y solo tres, menores. Entre los 13 detenidos por el caso del parque del Oeste hay tres españoles y tres menores de edad.

La criminalización de los menores extranjeros sin familia se plasmó en el cartel electoral en el que Vox contraponía a una mujer mayor de raza blanca con un joven embozado y de tez oscura, junto al lema “Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes”.

La cifra con la que la Comunidad de Madrid financia cada plaza para un menor tutelado no podía sorprender ni escandalizar a Vox, ya que el número 9 de la lista de Monasterio es José Ignacio Arias Moreno, vicepresidente tercero de la Asamblea de Madrid. Arias, que ha dedicado su vida profesional a la gestión de centros de protección de menores con problemas –fue 14 años director jurídico de la Fundación Internacional O’Belen y 30 meses jefe de área de la Fundación Salud y Comunidad, cuando se liquidó la primera— reconoce a EL PAÍS que el coste de 4.700 euros por plaza no es excesivo, si se trata de menores con trastornos de conducta y problemas de adaptación.

De hecho, su fundación tenía tarifas muy superiores, de hasta 7.130 euros mensuales en 2008, según el informe que elaboró entonces el Defensor del Pueblo. Aquella investigación desveló numerosas irregularidades en centros gestionados por O’Belen, como el uso excesivo de la fuerza por los vigilantes, la administración de fármacos sin prescripción médica, el encierro en celdas de aislamiento o los intentos de suicidio, lo que motivó una denuncia de Amnistía Internacional y una advertencia a España del Comité de la ONU contra la Tortura.

Arias alega que el cartel de Vox no pretende denunciar el excesivo coste de las plazas para niños y adolescentes extranjeros sino la disparidad entre el dinero que la Administración dedica a su sostenimiento y el importe de una pensión mínima. Para ello, Vox podría haber comparado, por ejemplo, lo que cobra una abuela jubilada con el sueldo de los diputados. Pero, en ese caso, el cartel habría provocado indignación contra los políticos y no odio contra los menores inmigrantes.

Como los fabricantes de alarmas, no se puede vender seguridad si no se consigue antes que el cliente se sienta inseguro. Y ese es precisamente el lema electoral de Vox en esta campaña: “Protege Madrid. Vota seguro”.

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