El Atazar, donde izquierda y derecha conviven en división salomónica

“Zona restringida. Municipio peatonal”. Nuevas señales prohíben el acceso en automóvil a El Atazar, un municipio de 112 habitantes empadronados a 80 kilómetros al norte de Madrid, cuyo alcalde llegó al puesto por el capricho de una moneda tirada al aire. Se trata, además, del único municipio de los 179 que integran la región donde la suma de PP, Ciudadanos y Vox fue exacta a la de PSOE, Más Madrid y Podemos en los comicios autonómicos de 2019. Para un lado, 31; Para otro, 31. Igualdad absoluta, división total.

El ojo de la cámara encaramada en una farola apunta al visitante del pueblo, con 88 vecinos habituales. Casi todos se conocen bien. Desobedecer la alerta de la entrada supone una multa de 200 euros. El Consistorio ha cortado incluso los otros dos accesos que conducen al municipio, en una medida de cuya legalidad dudan algunos habitantes, curiosamente los que votaron en contra del alcalde, Juan Pablo Lozano, un socialista que, según varios residentes, aglutinó los votos de la derecha.

Una vez dentro del puñado escaso de callejuelas, dos bares y sus universos paralelos —cual bancadas opuestas de la Asamblea— sirven al visitante para entender un poco mejor los entresijos del poder.

En El Atazar no hay ni una sola tienda. Tampoco monumentos reseñables. Sí hay una rica naturaleza circundante, presidida por el pantano más caudaloso de Madrid, que toma el nombre de la localidad. El sinuoso asfalto y el paisaje están detrás de esta meca motera de fin de semana. La plaza de la iglesia se convertía, hasta la clausura del casco urbano, en la habitual parada en boxes para cientos de aficionados. Una mina de ingresos para los únicos establecimientos del pueblo, esos dos restaurantes. Pero ambos están absorbidos por la guerra política. El equipo de gobierno guarda silencio al respecto.

En la mañana del viernes cuesta cruzarse con alguien. El mesón El Athazar, el más visible y mejor emplazado, lleva clausurado varios meses. En la misma plaza, a una veintena de pasos, se encuentra el asador Los Riscos del Atazar. Es el único sitio en el que tomar algo y, si uno de los habitantes sucumbe y entra, se convierte, de inmediato, en un “apestado”. El responsable del local, Enrique Plaza, de 54 años, relata las maniobras de acoso y derribo que, según su versión, ha sufrido por parte del Consistorio, donde la teniente alcalde es, además, la dueña del bar de la competencia. Los problemas para él empezaron desde el mismo momento en que abrió “ilusionado” en enero de 2020. Ahora se siente impotente ante un caso de “caciquismo”.

Alcaldía a cara y cruz

Y es que la curiosa coincidencia en los comicios regionales de 2019 no llegó sola. En los municipales tuvo lugar otro empate insólito y hubo que sortear a cara y cruz la alcaldía. Una moneda otorgó el tercer concejal en juego a los socialistas, lo que convirtió en primer edil a Lozano y en teniente de alcalde, a Magdalena Martín. Ninguno tiene dedicación exclusiva, pero ambos cuentan con residencia y arraigo en el pueblo. Lozano, además, ya había ostentado el cargo durante 12 años en el pasado.

La suerte dejó en la oposición a Manuel José Rebollo, del PP, residente en la capital y sin relación con la localidad. Aun así, consiguió la mitad de los votos. Curiosamente, los de aquellos considerados “de izquierdas”, según varios vecinos, los de aquellos que querían acabar con “el poder de tres familias”.

Magdalena Martín pertenece a una de ellas y regenta el Mesón El Athazar. Y ahí está el quid de la polémica. Su hermana Sonia Martín, también empleada en el Ayuntamiento, asegura que el cierre actual del establecimiento se debe al miedo a la covid-19. No hace referencia a la falta de licencia que sí trasluce en los argumentos de la oposición y del responsable del otro restaurante. Ven “sorprendente” que la propia tabernera tome decisiones en el Pleno sobre el devenir de los bares siendo parte implicada, señala Rebollo, que habla de “intereses oscuros”.

Así que, entre licencias y demás polémicas, solo hay un bar abierto desde hace meses, aunque no sin impedimentos. Plaza narra un acoso constante por parte del propio Ayuntamiento: le han aparcado justo donde colocaba parte de la terraza, le han cerrado zonas en el exterior en plena pandemia e incluso le amenazaron con una multa de hasta 600.000 euros por no tener, supuestamente, licencia. Algo que niega mientras muestra el expediente. Pero las pruebas ya no son suficientes. Ha decidido tirar la toalla. Se larga tras unos meses “horrorosos”. Una victoria para unos, una derrota para los “apestados”, como él dice que les llaman. “Era el negocio de mi vida”, lamenta.

A la una del mediodía toca la venta diaria de pan. Minutos antes, una decena personas espera delante del Mesón El Athazar. Aparece un coche blanco. La mujer que va al volante les despacha con familiaridad. La panadera del pueblo es la propia teniente de alcalde, que trata de impedir que se fotografíe la escena en mitad de la calle, delante de su bar cerrado. Se niega a hablar con EL PAÍS. “Nada. No. Adiós”, zanja. Tampoco accede el alcalde.

Cambiar las tornas arraigadas nunca ha sido fácil. El equipo político que precedió al actual salió de una agrupación de vecinos con ansias transformadoras. Se presentó Juan Ramón Fernández como cabeza de lista de Unidas Podemos y ganó. Les llamaban “los podemitas”, aunque no tenían nada que ver con ellos, salvo el nombre y que les consideraban “de izquierdas”. En dos años, el teniente de alcalde de Fernández tuvo que irse del pueblo. Sufrió pintadas, el maltrato de sus animales e insultos homófobos. Tras cuatro años en el Ayuntamiento, no intentaron revalidar el mandato.

“Aquí las siglas dan igual”

La única manera que encontraron para luchar, según admiten varios habitantes, consistió en aliarse con los nuevos contrincantes. Y así fue como aquellos supuestos podemitas apoyaron en su mayoría al candidato del PP. “Aquí las siglas dan igual, se vota a las personas”, dice un vecino que prefiere que su nombre no se publique. “En los pueblos todo es muy enrevesado, hay lazos familiares, enemistades...”, cuenta otro.

Sonia Martín, la hermana de la teniente de alcalde, cree que el pueblo es “como una urbanización privada”, donde solo falta el reparto de comida a domicilio. “Nos llevamos bien, si no hablas de fútbol o de política”, asegura detrás del mostrador del Ayuntamiento. Para ella su vida es idílica, mucho más que la de los urbanitas a los que visita en contadas ocasiones.

Uno de esos urbanitas aterrizó en El Atazar, escapando del rigor pandémico. Juanma García, un informático y diseñador granadino de 37 años, vivía en Lavapiés con sus dos perros cuando decidió dar un vuelco a su vida en 2020. Ocupa ahora una de las viviendas municipales dedicadas antes al turismo rural. Comparte clases de yoga con el alcalde de la misma forma que acude al bar de los “apestados”. Reconoce que integrarse entre los autóctonos lleva su tiempo. Como ejemplo saca a relucir el grupo de WhatsApp en el que estaba metido todo el pueblo y del que le acabaron echando —como a una mayoría― cuando alguien publicó unos versos de Miguel Hernández. El poema derivó en opiniones políticas y, con ellas, el gran lío. Lo recuerda y se ríe: “¡Todo a tomar por saco!”.

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