El presidente del Senado reprende a Feijóo por ocultar a la Cámara cuánto cobra del PP

Alberto Núñez Feijóo ha desobedecido el requerimiento efectuado por el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, el pasado 27 de junio, cuando exigió al líder del PP que actualizase su declaración de bienes y rentas registrada en la Cámara alta, haciendo constar cuánto cobra como presidente de su partido. Gil dio de plazo a Feijóo hasta este martes para modificar el documento —presentado en mayo de 2022, cuando adquirió el acta de senador autonómico—, pero el jefe de la oposición no lo ha hecho. En la declaración siguen sin reflejarse oficialmente las remuneraciones que percibe Feijóo del PP, aunque el monto —39.260 euros brutos el año pasado— sí se conoce porque él decidió hacerlo público en los medios de comunicación el 28 de junio. “La falta de transparencia es una de las causas que provocan la desafección y el descreimiento de la sociedad en las instituciones. Y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que se está por encima de las normas y de la ley no hace sino abundar en ello”, ha censurado el presidente del Senado, cuarta autoridad de España, en un comunicado emitido este miércoles.

Después de días en los que Feijóo insistía en su negativa a hacer público cuánto dinero cobra del partido, la dirección del PP se descolgó hace una semana, al día siguiente de que Gil efectuara su petición, filtrando a los medios que el presidente popular percibió 39.260 euros brutos, sujetos a impuestos, el año pasado. Pero Feijóo no ha incorporado ese dato a la declaración de bienes y rentas registrada en el Senado. Además, ese importe no es el sueldo total del líder popular —calificado como “gastos de representación” por la dirección—, pues en 2022 solo ejerció como máxima autoridad del partido desde abril a diciembre; es decir, previsiblemente este año cobrará más al ser un ejercicio completo. “Los datos que hemos dado son similares a las que venía percibiendo el anterior presidente del partido”, dijo Feijóo en rueda de prensa desde Bruselas el jueves pasado. Su antecesor, Pablo Casado, declaró en 2019 en el Congreso percibir del PP un sueldo de 47.720 euros netos.

En el comunicado de este miércoles, el presidente del Senado insiste en que Feijóo está incumpliendo el artículo 26 del Reglamento del Senado y el 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). “Hay que recordar que el plazo de una semana que se le indicaba en la carta no era sino una deferencia de esta Presidencia hacia su señoría, pues la obligación de todos los senadores y senadoras lo establece el reglamento [y] es la de modificar de inmediato la declaración de bienes, patrimonio y rentas, siempre que se produzca cualquier modificación de las circunstancias respecto de las inicialmente declaradas al tomar posesión”, reitera Ander Gil. El Reglamento del Senado no prevé un código sancionador para los parlamentarios que incumplan sus normas, por lo que el presidente de la Cámara solo puede, como añade en el escrito de hoy, manifestar que “en este caso el senador Núñez Feijóo, se aparta de las obligaciones contraídas en su condición de servidor público”. “Así pues, esta Presidencia no puede sino poner de manifiesto estos hechos ante la opinión pública”, remarca.

Fuentes de la dirección del PP puntualizan que el importe que percibe Feijóo del partido es en concepto de “gastos de representación” y no como un sueldo aparte. Esta denominación no es nueva, pues desde tiempos del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar se recoge como tal. Sin embargo, en el pasado se demostró que esos “gastos de representación” se abonaban en 14 pagas, incluyendo dos pagas extra, como suele ocurrir con los salarios al uso.

Según el artículo 26 del Reglamento del Senado, y conforme al artículo 160 de la LOREG, los senadores “están obligados a formular” una declaración de actividades y otra de bienes patrimoniales. El mismo precepto, en su apartado 2, explicita: “Ambas declaraciones deberán formularse al iniciar su mandato, como requisito para la perfección de la condición de senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”. El PP se acoge así a la primera acepción del artículo 26.2. del reglamento (“en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición”) y asegura que modificará la declaración de Feijóo después de que se disuelva la Diputación Permanente del Senado y él entre como diputado en el Congreso, ya el próximo 17 de agosto, tras las elecciones generales del 23-J.

Pero el presidente del Senado replica en su escrito de hoy que un acuerdo conjunto alcanzado por las Mesas de Congreso y Senado en 2011 especifica que las declaraciones de bienes y rentas las han de formular los diputados y senadores no solo al adquirir y al perder sus cargos sino también “siempre que se produzca cualquier modificación de las circunstancias respecto de las inicialmente declaradas”. Y señala que fue el propio Feijóo quien, en una entrevista el pasado 19 de junio, reconoció ese cambio en sus retribuciones.

Además, sostiene Gil que Feijóo incumple la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece, en su artículo 8, que los cargos públicos “deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación”, citando entre ellos “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación”. En su ámbito de aplicación se incluye a los partidos políticos. La página web del PP no recoge cuánto percibe Feijóo del partido.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano público independiente, envió en marzo de este año una carta formal al PP, a la que ha accedido este periódico, y en la que se informaba de que se había “recibido un escrito en el que se señalan carencias de información en la página web de este partido político en relación con la publicación relativa a la retribución de los máximos dirigentes en los términos a los que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Añadía que, una vez consultada su página web, no se había “identificado dicha información”, y lo ponía en su conocimiento “a los efectos que considere oportunos”. La carta respondía a una denuncia del diario Público, que constató que el PP no publicaba en su web los sueldos de sus máximos dirigentes hace meses y adelantó la respuesta del órgano independiente.

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