Abascal cambia los estatutos de Vox para hacer más opaco su funcionamiento

Vox será un partido más opaco a partir del sábado. A propuesta de la dirección que preside Santiago Abascal, la asamblea anual de Vox aprobará un cambio en los estatutos según el cual sus afiliados estarán obligados a “guardar secreto” no solo de las deliberaciones, sino también, “en su caso, de los acuerdos de los órganos de gobierno y grupos institucionales” de los que formen parte. El “incumplimiento grave” de esta obligación dará lugar a la expulsión del partido.

No es esta la única mordaza que se impone a los afiliados. Por vez primera se tipifica como sanción grave —sancionable con hasta dos años de suspensión de militancia e inhabilitación para representar al partido en cargos públicos— “el incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas en relación con los actos de comunicación pública, en redes sociales o medios ordinarios”. Estas instrucciones han incluido hasta ahora el veto a numerosos medios de comunicación y a periodistas señalados en listas negras.

La opacidad llegará al extremo de que ya no se sabrá quiénes son los miembros del Comité de Acción Política (CAP), el núcleo duro del partido que dirige el día a día de su actividad política. Hasta ahora, estaba compuesto por el presidente, el secretario general, el portavoz del Congreso y otros cargos orgánicos. En el futuro, solo los dos primeros, Abascal e Ignacio Garriga, tienen su puesto asegurado y serán ellos quienes decidan a qué otros dirigentes incorporan por cooptación a este sanedrín. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dejará de ser miembro nato, mientras que se da por segura la presencia del eurodiputado Jorge Buxadé, cuya ascendencia sobre Abascal es creciente.

Desde el martes, los afiliados de Vox disponen del documento con los cambios propuestos por la dirección, para que lo voten a través de la web del partido hasta el sábado a las once de la mañana, cuando se celebrará la asamblea anual en el Palacio Municipal de la Feria de Madrid. Solo pueden aprobarlos o rechazarlos, ya que no se ha establecido ningún procedimiento para enmendarlos y ni siquiera para debatirlos. Aunque, según sus estatutos, todos los afiliados de Vox tienen derecho a participar en su asamblea, no se les ha invitado a asistir a la misma (tendrán que seguirla telemáticamente), aunque sí al mitin que a continuación celebrará Abascal en el mismo lugar.

Una de las novedades de la reforma de los estatutos es que consagra definitivamente la celebración telemática de la asamblea y el voto por internet, que hasta ahora se habían justificado por las secuelas de la pandemia. Y lo hace con un argumento sorprendente: “La Asamblea General podrá celebrarse presencialmente o por medios telemáticos. El voto será preferentemente telemático para garantizar el respeto al principio de funcionamiento democrático”.

Este carácter más democrático del voto telemático respecto al presencial contrasta con las dudas que ha arrojado Vox sobre el voto por correo o el recuento electrónico de la noche electoral en los comicios que se han celebrado en los últimos años en España. Además, en Vox no hay observadores ni interventores que garanticen la limpieza del voto electrónico. El partido ultra no informa del resultado de esas votaciones más que en términos porcentuales, sin revelar el número de votos emitidos, ni siquiera cuando en 2020 impidió a Carmelo González, el rival de Abascal, presentarse a las elecciones internas alegando que no había reunido suficientes avales.

Esta vez, Abascal no tiene que ser reelegido, ya que cambió los estatutos para prologar su mandato cuatro años, hasta 2024, al igual que el resto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Sin embargo, este último órgano, el único que eligen los afiliados —ya que se han suprimido las elecciones primarias a candidatos a puestos públicos y a cargos orgánicos internos—, pierde peso, mientras que lo gana el propio líder. El CEN, cuya composición puede variar desde 8 a 20 miembros, deberá reunirse a petición de seis de sus integrantes (hasta ahora bastaba con tres) y lo hará al menos cada dos meses (hasta ahora mensualmente). Además, el presidente podrá disolverlo e incorporar a nuevos miembros o cesarlos, siempre que cuente con mayoría simple en el primer caso o de dos tercios en el segundo y no supere el 50% de los mismos. Formar parte del CEN ni siquiera garantiza que se pueda someter un asunto a discusión, pues la mayoría podrá oponerse a debatirlo.

El sesgo cada vez más autoritario de Vox rezuma en el lenguaje. Por primera vez, se establece que Abascal podrá “dictar órdenes” y también “instrucciones internas” sobre el “funcionamiento del partido”. El secretario general deberá reportar cada semana con el presidente, de quien dependerá directamente la Oficina Electoral.

La reforma de los estatutos de Vox incluye la creación de un Comité de Cumplimiento Normativo cuya función es velar para que el partido, como persona jurídica, no llegue a ser condenado por delitos de corrupción, como le sucedió al PP con el caso Gürtel; y anuncia la creación de un “canal ético”.

Junto a la reforma de los Estatutos y de otros reglamentos internos, los afiliados de Vox deberán aprobar el sábado las cuentas anuales del partido para 2022. Según su informe económico, Vox depende cada vez más del erario público. En concreto, el 64% de los 15,5 millones de ingresos ordinarios que tuvo el año pasado correspondieron a subvenciones públicas y solo el 36% a las aportaciones privadas, que se redujeron un 4,16%. Si se suman los 1,9 millones que recibió como subvención electoral, el porcentaje de fondos públicos llega al 67,6%.

Especialmente significativa ha sido la caída en las cuotas de los afiliados (112.000 euros menos, un 2,2%), lo que confirma que se sigue ralentizando el crecimiento de la afiliación: 2.591 afiliados más el año pasado, con 8.766 ingresos, que compensaron un número muy alto de bajas: 6.193. Las donaciones también bajaron de 189.929 euros en 2021 a 150.262 en 2022.

Una fuente de ingresos cada vez más importante para Vox son las subvenciones de los grupos municipales y parlamentarios, que transfirieron 1.122.600 euros el año pasado a la sede central del partido, 146.679 más que el año anterior. Pero no todos los grupos contribuyen en la misma medida, mientras los de los parlamentos catalán y andaluz aportaron 552.000 y 249.000 euros, respectivamente, el de la Asamblea de Madrid solo entregó 24.000. Y el del Congreso no solo no contribuyó sino que recibió un crédito de medio millón que se ha declarado fallido por la disolución de las Cortes.

Vox no tiene deudas con los bancos y en la caja del partido hay 7,2 millones de euros, a pesar de que en las campañas electorales de Castilla y León y Andalucía, el año pasado, perdió 546.000 euros y ha tenido que pagar otros 286.816 por condenas judiciales. Pese a ello, el año pasado Vox donó a Disenso, la fundación que preside el propio Abascal 2,5 millones de euros y este año le ha entregado otros 1,5 millones, por lo que las transferencias a la misma ya suman 6,4 millones en solo cuatro años.

La formación ha aumentado su plantilla de personal de 111 a 127 empleados, pero el número de mujeres se ha reducido de 60 a 51. El partido ultra dedica 517.052 euros a remunerar a sus siete directivos, aunque todos ellos (salvo el jefe de Gabinete de Abascal, Enrique Cabanas, y su tía Begoña Conde) son parlamentarios.