La oficina antifraude remite al Parlament la denuncia de una diputada de Vox contra Garriga

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha acordado remitir a la Mesa del Parlamento catalán la denuncia presentada el pasado 8 de abril por la diputada autonómica de Vox por Tarragona Isabel Lázaro contra el presidente de su grupo parlamentario, Ignacio Garriga. En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la oficina alega que las presuntas irregularidades denunciadas no forman parte de su ámbito de competencias sino que corresponden a otro organismo; en este caso, la Mesa del Parlament.

La diputada de Vox denuncia que en las cuentas de su grupo parlamentario hay “gastos que pudieran no tener encaje en la buena praxis y la normativa” a la que están sujetos. En concreto, cita la cuota del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro educativo del Opus Dei donde estudian los hijos de Garriga, así como pagos a una librería también del Opus, un club de playa de Pals (Girona), restaurantes, vinotecas, empresas de reparto de comida o peluquerías. “Sumando todos los importes, la cantidad no es importante, pero la gravedad es el concepto”, apostilla.

En su escrito, Isabel Lázaro denuncia también pagos a Garriga por más de 35.000 euros anuales con cargo al grupo parlamentario. Según ha podido comprobar EL PAÍS, se trata en muchos casos de ingresos regulares de carácter mensual de 1.538,46 euros en 2021, 1.250,62 en los primeros meses de 2022 y 3.700 en los últimos, lo que sugiere que podría tratarse de un sobresueldo. Garriga cobra del Parlamento catalán una retribución anual bruta de 88.973,60 euros, a los que suman otros 16.032,44 en concepto de dietas exentos del IRPF. Garriga reconoce que además cobra un sueldo como secretario general y vicepresidente de Vox cuya cuantía no se ha hecho pública. Sí se conoce la retribución de Abascal como presidente del partido: 37.357,8 euros al año.

Las cuentas del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento catalán recogen también pagos a la empresa Tizona Comunicación, propiedad de Gabriel Ariza (hijo de Julio Ariza, patrón mediático de Vox) y Kiko Méndez-Monasterio (asesor de Abascal) por 1.149 euros mensuales, además de otros cargos esporádicos de hasta 5.082 euros; el pago de la cuota de asociado a la organización tradicionalista Empel e incluso un embargo de la Agencia Tributaria. También confirman que Pau Ruiz González, supuestamente vinculado a un perfil neonazi en las redes sociales, trabaja como asesor de Vox en el Parlamento catalán.

Cuando El Confidencial adelantó la denuncia de la diputada, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, aseguró que su grupo en el Parlamento catalán es “escrupuloso” con el dinero público y que sus cuentas están “auditadas hasta el último céntimo”. Y atribuyó la denuncia de Isabel Lázaro a un “pataleo” por no haber sido incluida en las listas electorales para el próximo 12 de mayo.

El control de la contabilidad de los grupos parlamentarios del Parlament lo lleva la propia Mesa de la Cámara, que cuenta con el apoyo de la Oidora de Cuentas, un organismo que realiza una revisión de carácter formal. Según la normativa vigente, “las subvenciones a los grupos parlamentarios se han destinar a gastos corrientes y aquellos necesarios para el funcionamiento del propio grupo”. La denuncia subraya que en agosto de 2022, mes sin actividad parlamentaria, se cargaron 7.636 euros con tarjetas del grupo parlamentario ultra. Vox recibió una subvención del Parlamento catalán de 839.800 euros en 2021 y de 1.032,815 en 2022. Más de la mitad de dichos fondos se trasvasaron al aparato del partido en Madrid. Las cuentas de 2023 no se han hecho públicas.