Junts sostiene que Sánchez y Aragonès pactaron el adelanto electoral para impedir la candidatura de Puigdemont

El objetivo político y jurídico de Junts, el partido de Carles Puigdemont, es ahora que el ex mandatario catalán pueda acudir en persona, como desea, a la sesión de investidura del nuevo presidente de Cataluña que salga de las elecciones del 12 de mayo, una sesión que podría desarrollarse a mediados de julio, según sus previsiones. Pero en Junts no las tienen todas consigo y dudan de las intenciones y comportamiento de todos los demás partidos, y en particular de sus rivales de ERC y del PSOE. Fuentes de la dirección de Junts y de la defensa de Puigdemont han llegado incluso a manifestar su conclusión de que el actual presidente catalán, Pere Aragonés, y el español, Pedro Sánchez, “han coordinado sus agendas” para anticipar esos comicios e “impedir que el dirigente fugado de la Justicia pueda presentarse como candidato a esas elecciones”. La defensa de Puigdemont, que cerró el acuerdo de la ley con el PSOE, no contempla que ningún juez se niegue a aplicar los beneficios de la norma a nadie, aunque dice tener previstos todos los escenarios y recursos.

El panorama electoral que se ha precipitado en Cataluña ha pillado a Junts con el pie cambiado y con el punto de mira, al menos en el Congreso, fijado en capitalizar el éxito de la ley de amnistía y en los preámbulos de una dura negociación para obtener resultados en los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Esa realidad ha avivado de nuevo la recurrente competición en las Cortes de Junts contra ERC, pero también la enorme desconfianza que el partido de Puigdemont mantiene en el Gobierno del PSOE, pese a haber conseguido este jueves la aprobación de aquella polémica ley de amnistía.

Hace semanas, los negociadores presupuestarios del PSOE le habían comunicado a Junts que la negociación presupuestaria debería estar cerrada para el 12 de marzo. Ese plazo no se cumplió. Fuentes de la dirección parlamentaria de Junts admitieron este jueves en el Congreso que esas negociaciones estaban “verdísimas” y concluyeron como “hechos objetivos y viendo las piezas del puzle”, que tanto a ERC como al PSC y al PSOE “les ha ido bien” adelantar la fecha de las elecciones autonómicas catalanas casi un año “para dificultar la candidatura de Puigdemont”. La formación nacionalista presupone que ERC y Aragonès pretenden “frenar su caída electoral” con la “excusa” del rechazo al proyecto de un gran casino del Hard Rock en Tarragona.

Ni la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ni el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que asistió este jueves como invitado en el hemiciclo, quisieron relacionar, en declaraciones posteriores, la ley de amnistía con la estabilidad de la legislatura y del Gobierno central de Pedro Sánchez, y ambos mostraron su alegría y su satisfacción por los compañeros amnistiados. Nogueras quiso subrayar que esa norma “no es un punto final” en el camino trazado por su partido hacia su única prioridad: la independencia de Cataluña. Junqueras fue más diplomático y apuntó a que su partido siempre está y estará a favor de la estabilidad y de los presupuestos “expansivos que ayuden a las familias, los trabajadores y las empresas a llegar a fin de mes”.

En el Gobierno niegan que se haya producido ningún acuerdo previo entre Aragonés y Sánchez para pactar el adelanto electoral. Ni siquiera ha habido conversaciones, aseguran, pero no niegan que esta convocatoria catalana les pueda convenir políticamente en este momento tan complejo y tenso de la legislatura, en medio del ruido del caso Koldo. El presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, viajará el fin de semana a Cataluña para participar en el congreso del PSC y para impulsar la candidatura de Salvador Illa. Los socialistas creen que el exministro tendrá “un magnífico resultado” en las urnas, aunque luego no se atreven a vaticinar cómo se resolverá el enigma de la gobernabilidad en ese territorio. También están convencidos de que al PP le irá muy mal en esos comicios.

Fuentes de la dirección política y judicial del equipo de Puigdemont aseguran que la pretensión de la ley de amnistía no es únicamente beneficiar al expresident (calculan que podrá afectar al final a entre 300 o 400 personas con causas penales y más de 1.000 con sanciones económicas). Sin embargo, sí reconocen que una de las metas fundamentales es conseguir que Puigdemont pueda acudir a la sesión de investidura del nuevo president a mediados de junio. En este sentido, esas fuentes políticas y jurídicas han manifestado este jueves en Madrid, en pleno debate de la amnistía, que tampoco le afectarán a Puigdemont las medidas cautelares que pueda requerir en su momento cualquier juez, en particular Pablo Llarena, de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

“Dudas orquestadas y otras legítimas”

“Los jueces van a tener dudas, es innegable, algunas orquestadas y otras legítimas, para plantear una cuestión prejudicial sobre la aplicación de la amnistía, pero eso no debería afectar al levantamiento de las medidas cautelares que pudieran pedirse. Primero, porque esa lucha entre el deber del juez de hacer la consulta y el derecho personal a la libertad debería resolverse a favor del afectado porque está por encima”. Así ven esas fuentes del equipo jurídico de Puigdemont la posibilidad de que el juez del Supremo pudiera intentar impedir de esta forma la medida de gracia hacia el máximo dirigente de Junts.

Estas fuentes dicen “no contemplar” esa opción de Llarena, y menos aún que la pudiera demandar el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que abrió una investigación por presunto delito de terrorismo a Puigdemont como cabeza o promotor de las acciones violentas de Tsunami Democràtic. También remarcan que la ley de amnistía no puede especificar nada sobre cómo o quién levanta las medidas cautelares sobre un afectado porque ese poder corresponde a un juez o un tribunal; pero lo que sí precisa la norma es que están obligados a aplicarla en dos meses desde su entrada en vigor, que se prevé para mediados de mayo. Y ahí “no cabe la objeción de conciencia”, precisan.

En el entorno político y de su defensa más inmediato a Puigdemont mantienen que el líder podría presentarse como candidato sin ningún impedimento, tanto a las elecciones catalanas como a las europeas. Sería él quien decidiera, al momento de tomar posesión del acta, en qué parlamento preferiría quedarse y que entonces se presentaría el momento de renunciar a una de esas actas. Esas mismas fuentes aseguran, con la doctrina y los precedentes establecidos por la Junta Electoral Central, que tampoco se podría imposibilitar la candidatura de Puigdemont porque tuviera el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, al llevar ya más de seis años fuera de España. En ese sentido, matizaron que está por ver que Puigdemont tenga el DNI caducado. En todo caso, apuntan a que sí lo tuvo así en 2019 y pudo presentarse.