Junts promete que vetará la contratación de empresas del Ibex-35 por parte de la Generalitat

Ninguna de las 35 empresas que integran el Ibex podrán mantener contratos con la Generalitat si Junts per Catalunya entra en el próximo gobierno catalán y logra imponer la propuesta número 45 de programa electoral para el 14 de febrero. En ella la formación presidida por Carles Puigdemont llama a modificar la Ley de Contratación Pública y a eliminar a las grandes cotizadas españolas como posibles proveedoras de servicios de la Administración catalana. Ese veto supondría dejar fuera también a los siete grupos catalanes que forman parte del selectivo: la farmacéutica Almirall, los bancos CaixaBank y Sabadell, la operadora de telecomunicaciones Cellnex, la socimi Colonial, el fabricante de hemoderivados Grifols y la energética Naturgy.

Según la presidenciable Laura Borràs, la modificación pretende que la ley favorezca la promoción a empresas que tengan la sede en Cataluña. “Como vimos un impulso real -en 2017- para la fuga de empresas de Cataluña, nos preocupamos por las empresas que ofrecen empleo y garantía de futuro y que no tienen problema en tener la sede social en Cataluña”, ha afirmado Borràs, sin concretar como este planteamiento encaja con la libre competencia en un concurso público. “No hay suficiente con decir que no renovaremos a las empresas del Ibex y no hacerlo como hace Colau. Nuesrro compromiso es firme para darle vida a las empresas catalanas que den riqueza y servicios a Cataluña”, ha añadido.

Al ser preguntada sobre la situación de los bancos, Borràs ha afirmado: “Proponemos un banco nacional catalán, es importante dotarnos de estructuras de estado. Hay cajas, como la de Ingenieros. Hemos querido dar ejemplo en Junts, hemos comenzado con autopréstamos y microcréditos, hacia un modelo sostenible”.

Consultadas por este diario, fuentes de la patronal Foment del Treball ha considerado la medida como “ilegal”, además de afirmar su posición totalmente “contraria al boicot a las empresas”, motivo por el cual Foment ya denunció una campaña de la Assemblea Nacional Catalana denominada Consum Estratègic que llamaba a adquirir productos solo de empresas implicadas con el independentismo. La justicia le dio la razón. Otras fuentes han señalado que la medida es una “carga de profundidad ideológica difícil de entender”, al considerar que agrava la problemática abierta en otoño de 2017, cuando miles de empresas decidieron trasladar sus domicilios sociales fuera de Cataluña ante los efectos de una declaración de independencia. Del grupo catalán del Ibex, solo Grifols mantuvo entonces su sede en la comunidad autónoma.

El punto que apuesta por el cambio de la Ley de Contratación únicamente explica que la medida solo busca mejorar los servicios públicos, simplificando procesos y ganando autonomía, apostando por la pequeña y mediana empresa catalana.

En otros apartados del programa electoral retoma referencias contra las empresas del Ibex. “El mandato de minimizar la dependencia respecto de los poderes españoles que actúan a través de las compañías del Ibex-35 en la provisión de todo tipo de servicios estratégicos y especialmente los financieros, energéticos o de comunicación”, defiende el programa, que apuesta por la diversificación de proveedores para “garantizar la independencia de la Generalitat respecto de los oligopolios españoles”.

El eje del programa contra la gran empresa de Junts per Catalunya tiene similitudes con el que llevó Joan Canadell, número tres de la lista, y la plataforma independentista Eines de País (vinculada a la ANC), a las últimas elecciones de la Cámara de Comercio.

Junts rechaza en su programa electoral aumentar la presión fiscal, sin entrar en concreción sobre los impuestos de sucesiones o patrimonio. El documento no fija posición sobre si se debe modificar al alza o a la baja el impuesto de patrimonio o el de sucesiones, ya que dentro de la formación existen diferentes visiones sobre este asunto. Canadell, por ejemplo, se ha posicionado a favor de rebajar el impuesto de Sucesiones y eliminar el de Patrimonio. La formación, sin embargo, plantea que ese debate interno se lleve a cabo en el marco de una hipotética Cataluña independiente que no esté “extorsionada desde punto de vista fiscal” por el Estado y que no tenga déficit fiscal, ha explicado Borràs.

En su programa, Junts per Catalunya también insiste en poner en marcha alguna solución tecnológica para “acreditar la situación individual libre de Covid”. Una idea muy similar al pasaporte biológico por la que en su día abogó el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. La existencia del pasaporte inmunológica era promovida por el infectólogo Oriol Mitjà, pero finalmente fue descartada. La OMS pidió en abril del año pasado no confiar mucho en esta iniciativa pues no estaba claro la mecánica de las reinfecciones. Borràs defendió que la idea cuenta con el aval de los expertos, pero matizó que sería una herramienta voluntaria.

La candidatura de Laura Borràs y Carles Puigdemont también propone inyectar más de 5.000 millones a la sanidad pública, la puesta en marcha de una prestación para la crianza de menores (que no cuantifica) y la universalización de la educación de 0-3. La presidenciable no ha explicado de donde piensa sacar el dinero para financiar estas iniciativas, pero si explicó que su propuesta no pasa por aumentar la presión fiscal.

Junts también aboga por una Ley catalana de la dependencia y renovar la cartera de servicios sociales. Se trata de iniciativas que llevan años en el tintero sin que nadie las atienda. Ambas, de hecho, hacían parte de la resolución del pleno extraordinario contra la pobreza que se celebró en el Parlament en 2014. Pese al mandato de la Cámara catalana, nunca se impulsaron.

Borràs también deja entrever cómo piensa remodelar el Ejecutivo catalán si logra la presidencia. La candidata explicó, que como ERC, quiere una consejería propia para el feminismo. También aboga por fusionar los departamentos de Trabajo y Empresa, un cambio que tiene sentido dijo la candidata para “poder estar desde el principio y hasta el final” en el ciclo laboral. En el Gobierno de Junts pel Sí, en 2016, Trabajo se fusionó con Asuntos Sociales y quedó bajo el mando de ERC.