Las denuncias por fraude en el voto por correo enfangan el final de la campaña electoral

El terremoto provocado por la operación policial que desembocó el martes en la detención de 10 personas en Melilla, entre ellos un consejero del Gobierno de la ciudad, del partido Coalición por Melilla (CpM), por una supuesta trama de compraventa de votos por correo ha tenido varias réplicas el miércoles. Además de la destitución del consejero melillense, Mohamed Ahmed Al Lal, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponían en marcha a primera hora de la mañana una operación en Mojácar (Almería, 7.527 habitantes) con siete detenidos, entre ellos dos candidatos del PSOE en las elecciones del domingo, por un fraude electoral en esta localidad turística similar al de la ciudad autónoma.

Además, en las últimas horas se ha conocido que la junta electoral de zona ha ordenado al Ayuntamiento de Villalba del Alcor (Huelva, 3.316 habitantes), gobernado por el PP, “que se abstenga de efectuar peticiones de votos por correo”. En Moraleja de Sayago (Zamora, 290 habitantes), los socialistas han denunciado ante la Guardia Civil al alcalde y candidato por la formación Zamora Sí, por solicitar el voto por correo para 50 personas de la residencia de mayores. Y en Bigastro (Alicante, 7.130 habitantes), el PSOE ha acudido a la Fiscalía para denunciar a una concejala y un asesor del Gobierno popular por supuestamente condicionar el voto de vecinos de la localidad bajo la amenaza de “perder las ayudas que estaban recibiendo”.

La operación que ha desembocado en las detenciones de Mojácar se inició tras recibir la Guardia Civil hace un mes y medio una denuncia de un vecino de la localidad que aseguraba que una persona había intentado convencerle para que solicitara la documentación para emitir el voto por correo y, una vez la hubiera recibido, introdujera en el sobre la papeleta del PSOE. Las pesquisas posteriores han destapado una trama integrada por 10 personas (siete han sido detenidos y otros tres tienen la condición de investigados) por su supuesta implicación en un fraude del voto similar al de Melilla. Según fuentes cercanas a la investigación, la trama contactaba con personas en situación económica precaria y les ofreció, en la mayoría de los casos, 100 euros a la entrega de la documentación. En otras ocasiones, se comprometían a darles un contrato de trabajo.

La trama estaba encabezada por empresarios locales de nacionalidad española que estaban “en contra de la política de la alcaldesa del municipio”, del PP, y contó con el apoyo de tres ciudadanos latinoamericanos (un paraguayo, un colombiano y un ecuatoriano) para captar a los votantes. Entre los primeros estaban Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, que, además de empresarios, figuran como candidatos en las listas locales del PSOE, respectivamente en el número dos y en el cinco. Todos están acusados de un supuesto delito electoral por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera, que ha declarado secreta la causa. Los 10 pasarán a disposición judicial entre este jueves y el viernes. Durante la decena de registros realizados, la Guardia Civil ha localizado registros de votos por correo así como copias del censo electoral y otra documentación que fuentes cercanas a la investigación consideran “relevantes”.

Horas después, el PSOE confirmaba que uno de sus dos candidatos investigados, Flores Torres, que es afiliado del partido, será suspendido de militancia. Al segundo, Vizcaíno González, que concurría como independiente, el partido ya ha anunciado que le pedirá que renuncie a su puesto de concejal si sale elegido, informa José Marcos. “No nos tiembla el pulso con cualquier práctica ilegal o fuera de una altura ética máxima”, sostienen fuentes socialistas. En las elecciones de 2019, el PP logró 8 de los 13 ediles con 1.692 votos, mientras que el PSOE logró cinco con 1.145 papeletas. Se emitieron 2.990 votos, el 71,26% del censo. La actual alcaldesa, Rosa María Cano, que lleva 16 años al frente del Consistorio, no repite como candidata del PP en los próximos comicios, y la sustituye Fran García. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), ha pedido a la policía y a las instancias judiciales que lleguen “hasta el final” para que los responsables de esta supuesta trama paguen sus responsabilidades si finalmente se prueba que han intentado alterar un proceso electoral.

En Huelva, la sospecha de compra de los votos por correo no ha llegado a los juzgados sino a la junta electoral de zona, que el miércoles ordenó al Ayuntamiento de Villalba del Alcor que deje de gestionar para los vecinos esta forma de ejercer el sufragio después de recibir una denuncia del PSOE al respecto. Los socialistas, en un escrito presentado ante la junta el día 10, aseguraban que el Consistorio gobernado por el PP “está gestionando desde oficinas municipales y de modo online solicitudes de votos por correo” de los vecinos de este pueblo. El PSOE, que ya ha anunciado que va a presentar denuncia en el juzgado por estos hechos, estima que por esta vía se han cursado entre 200 y 300 peticiones.

Según la denuncia, las solicitudes están firmadas electrónicamente desde ordenadores municipales. Entre las direcciones postales que se facilitan para que Correos envíe la documentación figuran dos domicilios del pueblo vecino de La Palma del Condado (también con alcalde popular), uno de ellos “perteneciente a un concejal del PP”. Según la denuncia del PSOE, hay vecinos que afirman no haber autorizado la petición. Correos, a instancia de la Junta Electoral, ha informado de que a la dirección de la casa de ese concejal se han enviado 25 documentaciones electorales. Al otro domicilio, 21. Según la ley electoral, los votantes pueden solicitar que les sea enviada la documentación a cualquier dirección, con independencia del lugar en el que estén censados. En las alegaciones presentadas por el PP, este partido califica de “despropósito” la queja del PSOE y defiende que el Ayuntamiento de Villalba “le facilite” a los vecinos el voto por correo, ya que la oficina de Correos “solamente abre dos horas por la mañana”. En 2019, los socialistas ganaron las elecciones con 1.704 votos que les dieron cinco concejales, los mismos que logró el PP con 941 votos. El escaño que logró una formación local dio la alcaldía a los populares.

En Bigastro (Alicante), los candidatos socialistas del municipio han acudido a la Fiscalía de Orihuela para presentar una denuncia por un presunto delito electoral y otro de prevaricación contra una concejala y un asesor del Gobierno local, del PP. En el texto, al que ha tenido acceso este diario, el PSOE asegura haber recibido “múltiples informaciones” de que los dos señalados “ha estado depositando de forma masiva votos por correo”. La candidata socialista, Carmen María Sánchez, que es la que presenta la denuncia, asegura que ella y otra dirigente del partido fueron “testigos” el pasado 18 de mayo de cómo la concejala acusada acudía a la oficina de Correos con “gran cantidad de votos de correo ya preparados” en su bolso. En la denuncia se apunta que estos pertenecen a personas a las que supuestamente el gobierno municipal “les amenazaba con perder las ayudas que estaban recibiendo si no hacían el voto por correo” con la papeleta de los populares, lo que el PSOE considera una “compra”. El PP de la localidad ha respondido a la denuncia con una querella por difamación ante la Guardia Civil contra las candidatas socialistas. En 2019, el PP consiguió la mayoría absoluta con 1.666 votos y siete concejales. El PSOE logró cinco con 1.341 sufragios. Una formación local consiguió el último sillón del consistorio.

Agentes del instituto armado también intervienen en la supuesta compra de votos denunciada en la localidad zamorana de Moraleja de Sayago. El martes, el candidato del PSOE en el municipio, Samuel Mayor, y el número dos de su lista, Fabián Gago, acudían al cuartel del municipio para denunciar de “un delito contra la ley electoral” contra el actual alcalde del municipio, que concurre a los comicios del domingo en la candidatura de la formación Zamora Sí, de haber “solicitado los votos por correo de unas 50 personas internas” en la residencia de tercera edad del municipio que son en su “mayoría” personas “muy mayores y con enfermedades como deterioro cognitivo tales que le harían incapaces de decidir el partido político que van a votar”. En la denuncia, el candidato socialista asegura que algo similar ocurrió en los anteriores comicios locales con 29 sufragios y que entonces la denuncia que presentó ante la Fiscalía tras las elecciones no prosperó. Entonces, la lista que encabeza el alcalde logró la mayoría absoluta con cuatro concejales y 114 votos, frente a los dos que obtuvo el PSOE (50 sufragios) y uno del PP (39).