Radiografía electoral: Castilla-La Mancha, hegemonía socialista y feudo conservador

Castilla-La Mancha es un territorio de contrastes electorales: tiene un voto mayoritariamente conservador en elecciones generales, pero la comunidad autónoma siempre ha estado gobernada por el PSOE, salvo el cuatrienio (2011-2015) en el que la presidió María Dolores de Cospedal. En los comicios regionales de mayo de 2019, por ejemplo, los socialistas cosecharon más votos (44%) que la suma de PP y Vox (39,8%). Solo unos meses más tarde, en las generales de noviembre de ese año, los partidos de la derecha obtuvieron el 49% de respaldo electoral, frente al 42,7% de la izquierda. Esa tensión política entre los dos polos se mantendrá en los comicios del próximo 28M. La legislación electoral que rige en Castilla-La Mancha implica que al socialista Emiliano García-Page no le valga con ganar: necesita arrasar, sobre todo si el debilitamiento de Unidas Podemos iniciado hace cuatro años se confirma. La macroencuesta del CIS señala que los socialistas obtendrían el 47,2% del voto, entre 16 y 22 escaños y el PP, entre nueve y 11.

García-Page gobernó en minoría durante la mitad de su primer mandato (2015-2017) y en coalición con Unidas Podemos en la segunda mitad (2017-2019). En las elecciones de 2019 logró la mayoría absoluta. En esos comicios, UP obtuvo el 6,9% de los votos, pero se quedó fuera de la Cámara. El sistema electoral de Castilla-La Mancha es uno de los más exigentes de España, porque cuenta con un Parlamento muy reducido —apenas 33 escaños, repartidos en cinco circunscripciones que son las provincias—, de modo que obtener un acta de diputado es muy difícil. Prueba de ello es que nunca han convivido más de tres partidos en las Cortes. Además, la ley autonómica establece que, en el caso de que ningún partido logre por sí solo o con pactos la mayoría absoluta de la Cámara o la mayoría simple (más síes que noes), la lista con más escaños se hace automáticamente con la presidencia.

La legislatura que ahora concluye ha sido relativamente cómoda para el presidente castellanomanchego. En la esfera económica, empezó con 163.325 parados y termina con 135.744: una reducción de casi un 17%, aunque la tasa de paro (15%) sigue estando por encima de la media nacional (13,2%). El PIB llegó a caer un 7,2% en 2020, el año más duro de la pandemia, pero se recuperó al año siguiente, gracias al peso menor del sector turístico. Para Paco de la Rosa, secretario regional de CC OO, el sindicato mayoritario, Castilla-La Mancha “aguantó el tipo” a pesar de la covid y la guerra en Ucrania. El Gobierno socialista, además, reivindica la llegada de nuevas empresas al Corredor del Henares (Guadalajara) y La Sagra (Toledo), que se aprovechan de la cercanía a Madrid y de las ventajas fiscales y administrativas vigentes. Entre los proyectos futuros ya acordados está el parque de aventuras Toro Verde, en Cuenca, un centro de datos de Meta en Talavera de la Reina (Toledo) y la ampliación del parque temático Puy du Fou en Toledo.

Las Cortes han dado el visto bueno a 46 leyes en esta la legislatura, de las cuales más de la mitad salieron adelante sin votos en contra, y un tercio por unanimidad. Entre esas normas aprobadas está la ley contra la despoblación, que implantó incentivos fiscales a particulares y empresas interesados en instalarse en el mundo rural. Castilla-La Mancha pierde población paulatinamente (el 2,3% en la última década, según el INE), y solo Guadalajara y Toledo, muy dependientes de Madrid, ganan habitantes. El movimiento de la España Vaciada se presenta por primera vez a estas elecciones autonómicas, pero únicamente por la provincia de Cuenca, con el cantautor Ángel Corpa como cabeza de lista. En su programa está la recuperación de servicios perdidos en la provincia, como el tren convencional, que antes tenía parada en los pueblos y ha desaparecido, o que se garantice un médico y una escuela a menos de media hora de todo núcleo de población.

También fue aprobada en este mandato una ley del agua, que vino a alimentar una de las principales batallas entre Castilla-La Mancha y otras tres autonomías: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. García-Page se apuntó un tanto político en enero cuando el Gobierno central sacó adelante el Plan Hidrológico del Tajo, que incrementa el caudal ecológico (el mínimo de agua que debe llevar permanentemente el río. En la práctica, eso implica que en los próximos años se recortará el agua que se envía a Murcia, Comunidad Valenciana y a la provincia andaluza de Almería. Sin embargo, el plan no cuenta con el beneplácito de los movimientos sociales que tradicionalmente han luchado contra el trasvase. Alejandro Cano, presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, cree que el caudal ecológico fijado es aún muy insuficiente. Por motivos contrarios, la organización de agricultores Asaja y las Cooperativas Agroalimentarias en Castilla-La Mancha han anunciado igualmente que van a recurrir el plan, porque también reduce el agua disponible para los regantes de esta comunidad.

En todo caso, la situación en el campo castellanomanchego por la sequía es muy delicada. Según un informe publicado por COAG la semana pasada, “es especialmente preocupante y grave la situación de los herbáceos [cereales de invierno, leguminosas, colza, girasol…]”. El agua embalsada en toda la región es de apenas un 38%, y la agricultura supone en torno al 10% del PIB regional, según Caixabank Research: uno de los porcentajes más altos de todas las comunidades autónomas y más del triple de la media nacional.

La precampaña arrancó con una polémica a cuenta de los ingresos del cabeza de lista del PP, Paco Núñez, que supuestamente cobró de forma irregular dietas por desplazamiento como diputado al no haber notificado el cambio de dirección de su residencia. Es decir, seguía percibiendo esas cantidades como si viviera en Almansa, a 305 kilómetros de Toledo, ciudad en la que reside ahora. Él alega que todo se debe a un error administrativo que se prolongó durante meses. El candidato del PP ha devuelto 16.000 euros.

Los populares apuestan por centrar la campaña en dos ejes: el sanitario y el económico. Este último basado en una alianza con Madrid y Andalucía, comunidades gobernadas por el PP a las que el candidato popular siempre pone de ejemplo de sus futuras políticas económicas en caso de llegar a ocupar la presidencia de la Junta: bajadas de impuestos, cambios en la ley de vivienda o de suelo y reducción de trámites burocráticos. El PP propone también recuperar la carrera profesional de los sanitarios —la expresidenta popular María Dolores de Cospedal congeló los ascensos en ese sector, y García-Page no los ha recuperado— y promete mejorar la atención primaria y acabar con las listas de espera. En este ámbito, el Gobierno de Page ha aprobado un anteproyecto de ley, que ha quedado pendiente para la próxima legislatura, estableciendo unos tiempos máximos de espera para operarse o ir al especialista.

Al margen de los partidos mayoritarios, en Castilla-La Mancha solo Vox tiene opciones de conseguir representación, según las encuestas. La formación de Santiago Abascal presenta como cabeza de lista a David Moreno, concejal en Talavera de la Reina, donde también se presenta como candidato a la alcaldía. En esto coincide con Ciudadanos, cuya candidata autonómica, Carmen Picazo, que ha sido diputada regional esta legislatura, aspira tanto al escaño como a la alcaldía de Albacete. El candidato autonómico de Unidas Podemos es José Luis García Gascón, enfrentado a García-Page —hasta el punto de que llegó a compararlo con un nazi— y que aseguró que no pactarían con el PSOE si el actual presidente de la Junta repetía como candidato. García-Page y García Gascón son viejos conocidos: el segundo fue director general de Participación Ciudadana en el breve Gobierno que compartieron PSOE y Unidas Podemos en Castilla-La Mancha (2017-2019), el primer pacto que hubo en España entre ambos partidos. Ahora ninguna encuesta augura que se repita.

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