Radiografía electoral | Canarias, más allá del volcán, la crisis migratoria y Tito Berni

“Mira, mi niño: el que salga elegido, que tenga algo más de suerte”. Asunción Padrón, jubilada de 73 años, acaba de hacer la compra en una cadena local de supermercados en Las Palmas de Gran Canaria. Se queja de los precios, pero también de la ristra de infortunios vividos por las islas en los últimos cuatro años. ”Porque lo de Canarias no ha sido ni normal”, sentencia. Primero fue el incendio desatado en Gran Canaria nada más comenzar la legislatura. Le siguieron la quiebra del turoperador Thomas Cook (uno de cada cuatro visitantes extranjeros llegaba a las islas a través del grupo británico) y una pandemia mundial —que en España comenzó en La Gomera— con el consiguiente golpe al sector turístico en una región que depende por completo de la llegada de viajeros. La nueva normalidad tras la covid se vio alterada por la mayor crisis migratoria en años desde las costas africanas. Y entonces llegó la erupción del volcán de La Palma, la primera en España en medio siglo, que parecía constituir un doloroso colofón a esa temporada convulsa. El mandato, sin embargo, aún guardaba la última sorpresa en forma de caso Mediador, un escándalo de corrupción low cost en el que se mezclan un general retirado de la Guardia Civil, un diputado socialista —apodado Tito Berni— y un intermediario hiperactivo con tendencia a grabar y fotografiar todas sus fechorías.

En julio de 2019, el Ejecutivo que lidera Ángel Víctor Torres (PSOE) puso fin a 26 años de gobiernos nacionalistas de Coalición Canaria. Con el tiempo ha resultado una suerte de triunfo envenenado. “No se conoce una etapa de tanta suma de adversidades en la historia de Canarias”, aseveraba el propio Torres hace año y medio, cuando el volcán en La Palma empezaba a expulsar lava. Pese a todo, el socialista parte en cabeza en las encuestas, con posibilidades, incluso, de ampliar los 25 escaños con los que cuenta en el Parlamento regional —compuesto por un total de 70—. Dependerá también, para revalidar el cargo, de lo que hagan en las urnas sus socios de Gobierno: Nueva Canarias, que aspira a incrementar su representación, según los sondeos; Unidas Podemos, al que las encuestas dan un leve descenso; y Agrupación Socialista Gomera (ASG), que se mantiene estable, beneficiada por la sobrerrepresentación que la ley electoral canaria otorga a las cinco islas menores.

Enfrente está Coalición Canaria (CC), la principal fuerza de la oposición, liderada por el senador Fernando Clavijo, quien aspira a volver a la presidencia cuatro años después de perderla. Las encuestas le auguran un retroceso que puede aprovechar un PP en franco ascenso. Pero las expectativas del bloque de centroderecha podrían quedar —como ya lo estuvieron las del PSOE hace cuatro años— en manos del amo y señor de la ASG, Casimiro Curbelo. En 2019, el veterano dirigente del partido gomero hizo tambalear hasta última hora el pacto de gobierno con su coqueteo con CC, PP y Ciudadanos. Por último, el exdiputado y exnúmero tres de Podemos Alberto Rodríguez concurre con Drago Verdes Canarias.

Avances sociales

Pese a las sucesivas crisis, el Gobierno de coalición se ufana de haber avanzado con un programa de marcado corte social en una región que tradicionalmente ha encabezado las clasificaciones nacionales de pobreza, desempleo, abandono escolar o escasez de vivienda. A finales de febrero, Torres reivindicó ante el Parlamento canario que ahora hay “menos paro que antes de la pandemia” —la tasa de desempleo es del 17,1%, por encima de la media nacional, pero el dato más bajo en Canarias en 15 años— o que, por ejemplo, las ayudas anuales a la dependencia llegan ahora a 10.000 personas, cuando “jamás” se había pasado de las 2.300 por año.

La pobreza, con todo, sigue constituyendo un grave problema: en una comunidad con 2,1 millones de habitantes, el porcentaje de población en riesgo de exclusión está en el 36,2%, que si bien es el dato más bajo desde que el INE comenzó a publicar este indicador en 2014, deja a la región en el segundo puesto nacional —solo por detrás de Extremadura— y 10,2 puntos porcentuales por encima de la media. Es por ello que uno de los principales hitos de la legislatura ha sido la aprobación de la renta ciudadana el pasado diciembre, “un derecho reconocido por ley y por el Estatuto de Autonomía”, según la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos). Esta ayuda está dirigida a unas 40.000 familias en situación de vulnerabilidad.

Canarias es, además, uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de España. En 2022 registró el segundo mayor encarecimiento en el precio de la venta de casas, según el INE, y el tercero mayor en el precio del alquiler, según el portal inmobiliario Idealista. Islas como Lanzarote estudian ya cómo poner freno a la vivienda vacacional tras declararse saturadas por el turismo. En Canarias hay 40.935 viviendas turísticas, un 8% más que en el mismo mes de 2020, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística.

La situación de la sanidad se ha convertido en la principal arma electoral de Coalición Canaria. El archipiélago tiene las listas de espera más abultadas de España (157 días de media para intervenciones quirúrgicas y 121 días para ver al especialista), según los datos del Sistema Nacional de Salud. Y los sindicatos profesionales de médicos han convocado una huelga indefinida que comenzará el 8 de mayo, a cuatro días de que arranque la campaña.

El que fuera consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento entre 2015 y 2019 bajo la presidencia del propio Clavijo, el actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, se muestra benévolo con la acción de Gobierno. “El Ejecutivo ha sido razonablemente bueno, y ha trabajado coordinado con los diferentes actores”, aplaude. Reclama para la próxima legislatura, no obstante, una mayor eficiencia en el sector público que permita acometer inversiones. “No podemos tener tantas normas y tantas correcciones de las normas. Canarias requiere una simplificación de los trámites y más colaboración público-privada”, dice.

“Hemos recuperado el diálogo social que se había perdido”, opina por su parte el secretario de Organización de UGT en Canarias, Héctor Fajardo. “Necesitamos más años de gobiernos progresistas para seguir implementando planes de empleo efectivos, que corrijan deficiencias como la escasa planificación a largo plazo”. Tanto Ortega como Fajardo coinciden en apuntar la necesidad de que la economía de las islas se diversifique hacia otros sectores más allá del turismo, como el de las energías renovables o la economía circular.

La gestión de la gran crisis migratoria registrada entre 2020 y 2021 —cuando llegaron al archipiélago más de 45.000 personas en pateras— suscitó roces con el Ejecutivo central, sobre todo después de que las imágenes de cientos de migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín (sur de Gran Canaria) diesen la vuelta al mundo. El Gobierno se comprometió a crear una red de acogida estable con 7.000 plazas; la gran mayoría de esas plazas —6.600— se llegaron a crear, pero no en una estructura permanente. De hecho, actualmente solo hay 3.700 disponibles. ”El sistema evoluciona, se adapta y se van creando o cerrando plazas según las necesidades”, afirman fuentes del Ministerio de Migraciones. En todo caso, la urgencia del alojamiento para migrantes es ahora menos apremiante, ya que la colaboración de las autoridades marroquíes —tras el giro diplomático realizado por el Gabinete de Pedro Sánchez en 2022, apoyando la posición de Rabat en el Sáhara Occidental por primera vez en décadas— ha reducido drásticamente las llegadas de pateras en el último año. La ocupación actual de estas instalaciones asciende a 977 personas.

El final de la legislatura ha estado marcado por el caso Mediador, la presunta trama de corrupción en la que media docena de empresarios pagó presuntamente unos 100.000 euros al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte para que, a través de sus contactos con un general de la Guardia Civil retirado y un diputado del PSOE —Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tito Berni, a quien el PSOE hizo dimitir tras destaparse el caso—, les consiguiera un trato de favor con el Gobierno insular. Un trato de favor que no ha llegado a acreditarse. La explosión mediática a raíz de la filtración del sumario (que incluía imágenes de Fuentes junto a prostitutas) hizo temer por las perspectivas electorales de Ángel Víctor Torres, al que las encuestas internas del partido auguraban en otoño la mayor subida de los socialistas en toda España. Ahora, pasado el primer golpe, el PSOE confía en que no sea ese el punto final de un mandato que ha llegado de sobresalto en sobresalto hasta el 28-M.