La jueza de la dana cita como testigo a la ‘número dos’ de Mazón

Un paso más para depurar responsabilidades penales en la gestión de la dana, la catástrofe natural que dejó 230 muertos en Valencia en octubre de 2024. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha citado como testigo a quien fuera número dos de Carlos Mazón, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero. La dirigente, que abandonó la gestión de la crisis para ir a unos premios, comparecerá ante la instructora el próximo 10 de junio y, al hacerlo como testigo, deberá decir la verdad y contestar a todas las partes.

Dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resolviera no investigar a Mazón por su papel en la emergencia, la jueza de Catarroja fija la fecha de la declaración de quien fuera su número dos. El movimiento llega tras analizar un informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat, que reveló que Camarero —que en ausencia del president era la máxima responsable institucional— apenas participó en la reunión del Cecopi, el órgano que gestionó la crisis y desde donde se tomó la decisión más crucial de la jornada: el envío del Es-Alert, el aviso masivo a móviles para reportar a la población de la magnitud de la tragedia.

La vicepresidenta, que también ocupaba durante la dana la cartera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, estuvo conectada por videoconferencia al Cecopi 83 minutos. Y, cuando arreciaba lo peor de la desgracia, abandonó la crisis para ir a un acto de entrega de premios de la patronal con el entonces conseller responsable de Carreteras, Vicente Martínez Mus.

Como responsable del área social, Camarero estaba al mando de las residencias de mayores que fueron sepultadas por la colosal riada que desató el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la tragedia al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, donde la dana dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. Solo en la residencia Salvia de Paiporta perdieron la vida seis ancianos.

Al margen de su papel durante la mayor catástrofe natural del siglo, como portavoz del Consell, Camarero ha sido la cara y los ojos de las distintas versiones —la mayoría contradictorias entre sí— que la Generalitat ofreció sobre el papel de Mazón durante la catástrofe. También se ha erigido en una de las principales defensoras de la denominada teoría del apagón informativo. Una tesis que sostiene que, si el Consell no actuó a tiempo, fue porque organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CJH) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no reportaron la dimensión de la tragedia a la administración autonómica. En decenas de autos avalados por la Audiencia de Valencia, la jueza de Catarroja ha desmontado esta idea que, durante más de un año, han esgrimido también el PP y los dos principales investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la crisis, Emilio Argüeso.

Junto a Camarero, la jueza Ruiz Tobarra ha citado también a declarar como testigos a cuatro miembros de la CHJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de la comisaria de aguas y cuatro trabajadores. Entre ellas, figura una operadora del denominado Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el mecanismo que controla los caudales desde la CHJ.