Valencia no saca adelante su última propuesta de Zona de Bajas Emisiones

Valencia, tercera capital española, sigue a punto de acabarse 2025 sin una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que mejore la calidad del aire de acuerdo con los objetivos de la ley de Cambio Climático de 2021 para las ciudades de más de 50.000 habitantes. La propuesta original, “blanda, de mínimos”, según la oposición, que pactó la coalición de gobierno de PP y Vox —que no afectaría a los vehículos más contaminantes de la capital hasta 2028— decayó tras la espantada de última hora del grupo ultra en el pleno municipal del pasado octubre. Los de Vox la habían aprobado solo unos días antes en comisión pero cuando llegó al plenario para su aprobación definitiva, la tumbaron. Desde entonces, el PP ha intentado negociar con la oposición una alternativa que la oposición sigue considerando light. La falta de regulación pone en peligro unos ingresos de al menos 115 millones de euros en ayudas a la movilidad (las ligadas a la ZBE y la posible sanción), así como las subvenciones estatales al transporte público.

El Gobierno local, de PP y Vox, aprobó en comisión el pasado 21 de octubre una propuesta de ordenanza de ZBE, a falta solo de que la ratificara el pleno ordinario de ese mes. Pero llegó la cita mensual y Vox, socio de la alcaldesa María José Catalá retiró su apoyo porque responde a “directrices abusivas de Bruselas” y limita “libertades” de los ciudadanos. Los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, habían rechazado la redacción porque eran excesivamente blanda y no se comprometía con la reducción de la contaminación en la capital.

En esencia, la propuesta inicial de PP y Vox prohibía circular por la capital a partir del próximo 1 de diciembre de 2026 a vehículos considerados por la DGT como lo más contaminantes, los clasificados del tipo A, de fuera de la provincia de Valencia. A partir de enero de 2027, la limitación sería ya para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad. Y las restricciones serían para todos a partir del 1 de enero de 2028, que es cuando afectaría a los vehículos más contaminantes censados en la ciudad de Valencia.

“La implantación va a ser progresiva”, avanzó el concejal responsable de Movilidad, Jesús Carbonell, del PP, cuando presentó el proyecto. “Hasta el año 2028, los vecinos que vivan en Valencia podrán seguir circulando por la ZBE; y, llegada esa fecha, a quienes no hayan podido cambiar de coche, desde el Ayuntamiento se les facilitará un título de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para usar el transporte urbano gratuito todo el año, y dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE (con su vehículo)”, especificaba Carbonell.

La regulación incluía además una larga lista de exenciones: quedaban excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos…), también los vehículos usados por personas con movilidad reducida, los de familias numerosas o con menores de tres años a cargo y aquellos donde viajasen mujeres embarazadas. Tampoco tendrían que ajustarse a las restricciones los vehículos de emergencias, los de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año.

El PP apuntó que, a tres años vista de aplicarse la normativa a los vecinos de Valencia, sólo un 8% de los vehículos censados en la capital se vería afectado por la ZBE. En cuanto al perímetro, el área afectada por las restricciones abarcaba una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados, delimitada por las rondas norte, sur, y la avenida de Serrería. Los barrios del Marítimo, San Marcelino o San Isidro, con más de 75.000 vecinos, quedaban fuera de las restricciones, otro de los puntos inaceptables para la oposición. “Van a convertir esos barrios en el aparcamiento del resto de la ciudad”, denunciaron.

Después de la espantada de Vox, el PP ha intentado buscar un acuerdo con la oposición pero ha sido imposible por los objetivos “poco ambiciosos” de la ordenanza. Aun así, el concejal de Movilidad de Valencia ha presentado este martes al pleno, sin negociaciones previas con la oposición, una última oferta: adelantar seis meses la prohibición de los coches más contaminantes censados en Valencia al 1 de julio de 2027, en lugar de a 1 de enero de 2028. Y prohibir la etiqueta B (turismos y furgonetas de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y a los diésel a partir de enero de 2006) a los de fuera de la ciudad en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2030.

En cuanto al perímetro de la ZBE, Carbonell ha propuesto ampliarlo a los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo, que en la propuesta original quedaban fuera. Sin embargo, el PP, con el apoyo de Vox, ha rechazado todas las medidas que planteaban en sendas mociones Compromís y PSPV para la mejora de la calidad del aire en la capital en un intento de buscar consensos. “No quiero que hagan propia la ordenanza sino que se abstengan”, les ha dicho Carbonell. Finalmente, esa última propuesta no se ha presentado ni votado en el pleno al no haber posibilidades de que prosperase.

La portavoz de Compromís Papi Robles ha advertido que si Valencia “pierde decenas de millones de euros, será exclusivamente culpa de la alcaldesa María José Catalá. Su irresponsabilidad es enorme porque gobierna con mayoría, tiene todas las herramientas para aprobar una ordenanza y, en lugar de eso, se entrega a las tesis negacionistas de su socio”.

Borja Sanjuan, portavoz socialista en el consistorio, atribuye también al PP “la responsabilidad exclusiva de que Valencia sea la única gran ciudad española que se quede sin una Zona de Bajas Emisiones para poder reducir los elevados niveles de contaminación”, y ha reclamado el cese con carácter inmediato del concejal de Movilidad quien, a su juicio, “no ha tenido voluntad en ningún momento de llegar a un acuerdo”. Carbonell le ha respondido que no va a dimitir.

Asociaciones de vecinos, como la del céntrico barrio de la Roqueta de Valencia, han intervenido en el pleno para pedir una regulación valiente y uno de ellos se ha mostrado muy crítico. “Es una ficción administrativa diseñada para no molestar. Una ZBE sin ambición, con controles diferidos que no actúa sobre los puntos negros de contaminación. Es un trámite para salir del paso. Y nosotros, que somos uno de los barrios más castigados por el tráfico, el ruido y la contaminación, queremos mejorar”, ha manifestado su presidente Miguel Sánchez.