La exconsejera de Mazón investigada en la dana pide dejar de estar imputada

Salomé Pradas, la exconsejera del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón imputada en la causa de la riada, considera que es inocente y que actuó “del mejor modo posible” en la gestión de la catástrofe que el pasado año dejó 229 muertos. Así lo estima en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS enviado por su abogado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas, Nuria Ruiz Tobarra.

Pradas, que figura como investigada desde el pasado marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, considera que la declaración como testigo del pasado 19 de septiembre del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, justifica el sobreseimiento de su imputación. “Supone un punto de inflexión decisivo”, apunta la exconsejera a través de su letrado, el penalista y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano.

Pese a que Polo describió en el juzgado un ambiente de caos y falta de previsión en el Cecopi, el centro de la Generalitat que coordinó la crisis del 29O, y cuestionó la actitud de la propia Pradas, la exdirigente cree ahora que ella no incurrió en “indicios racionales de criminalidad”. Y, por eso, sostiene que su actitud durante la tromba “no fue negligente”.

A su juicio, el presidente de la CHJ reconoció en el juzgado que en el Cecopi “no se manejó” información del barranco del Poyo, detonante de la tragedia al causar la inundación que sepultó municipios valencianos como Catarroja o Paiporta; admitió que “nadie podía prever lo que iba a suceder”; y que el órgano de crisis se centró en la presa de Forata, cuya rotura pudo causar 20.000 muertos, según informes de la Generalitat.

En la misma línea de defensa del PP y de la Generalitat, el letrado de Pradas sostiene que la CHJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, no facilitó datos actualizados a la Generalitat. Y, por eso, se desató la cadena de fallos. “Esta falta de información esencial para mandar el Es Alert a la población es ajena a nuestra representada, a la que no se le puede imputar responsabilidad”, afirma el abogado. Se refiere así al mensaje masivo a móviles para informar a la población de la magnitud de la tragedia, que llegó a los teléfonos cuando se amontonaban muertos, desparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y que, según la instructora, es clave porque, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

La defensa de Pradas cuestiona las duras expresiones usadas por la jueza, que en mayo recurrió al término “negligencia grosera” para describir los errores cometidos durante el Cecopi por los dos exaltos cargos de Mazón imputados. “Conviene eliminar esta calificación [...] Al contrario, [la exconsejera] actuó conforme a lo estipulado legalmente y con la única diligencia posible ante las circunstancias e información disponible”, asegura el letrado.

En su alegato de defensa, Pradas vuelve a esgrimir también la tesis –que ya defendió cuando declaró como investigada el pasado abril- de la responsabilidad sindicada. O, lo que es lo mismo, que decenas de técnicos participaron en la gestión de la tromba de 2024. Y, por tanto, no es posible atribuir la responsabilidad de las muertes a la exdirigente, aunque ocupara el mando único. “Las víctimas no se pueden imputar, en absoluto, a nuestra representada ni tampoco a ninguna de las múltiples personas que intervinieron en la gestión de la emergencia”, defiende el letrado de Pradas.

La defensa estima que, junto al presunto apagón informativo de la CHJ, la exdirigente también sufrió la falta de información de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Ignora que este organismo, que también depende de Transición Ecológica, emitió ocho días avisos y, la misma jornada de la riada, declaró a las 7.36. horas la alerta roja, la máxima en la escala.

El abogado de Pradas, además, pide que se abandone la vía penal para indagar los hechos como una infracción administrativa. Los delitos que investiga la magistrada Ruiz Tobarra –homicidios y lesiones imprudentes- están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Junto a Pradas, se encuentra también imputado quien fuera su número dos durante la tragedia, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza ha ofrecido dos veces sin éxito a Mazón la posibilidad de declarar como investigado de forma voluntaria. Por su condición de aforado, el jefe del Consell sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.