El presidente de la Diputación admitió a la jueza de la dana que el retraso de la alerta “fue una barbaridad”

El último alto cargo del PP que desfiló ante la jueza que indaga la dana no despejó la gran incógnita que planea sobre la investigación penal de esta catástrofe natural que dejó 228 muertos y una senda de destrucción el pasado 29 de octubre en Valencia. Unas pesquisas que se han transformado en el principal dolor de cabeza de los inquilinos de la Generalitat que pilota Carlos Mazón.

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicente Mompó, llegó a decir a Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada de Catarroja (Valencia) que instruye la causa, que la alerta masiva a móviles para avisar a la población de la magnitud de la tragedia “no se dictó por nadie”. Así lo recoge la declaración que Mompó prestó a la jueza el pasado 17 de julio y cuya transcripción íntegra ha tenido acceso EL PAÍS. El dirigente compareció durante siete horas como testigo, una condición que le obligaba a decir la verdad y a responder a todas las partes: jueza, fiscal, acusaciones populares y particulares y defensas.

La alerta masiva a móviles, difundida a través del denominado sistema Es Alert, se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La instructora estima que, de haberse enviado antes, se hubieran salvado vidas. Y es que la notificación llegó a las 20.11 horas del día de la gota fría, cuando se acumulaban muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes tras el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la catástrofe. Desgranar quién, cuándo y cómo se envió el mensaje resulta clave para depurar responsabilidades penales.

Pese a que Mompó asistió a la reunión de urgencia del Cecopi, el centro de emergencias de la Generalitat que coordinó la riada del 29 de octubre y donde se decidió remitir el aviso, el mandatario no recordó quién dictó el texto. Sin embargo, reconoció a la magistrada que el tiempo que transcurrió desde que se contempló la posibilidad de remitir la misiva hasta que se presionó el botón de envío -una hora y diez minutos- “fue una barbaridad”.

En su comparecencia, el presidente del organismo provincial desplegó una defensa cerrada de los dos exaltos cargos de Mazón imputados en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Y descargó las decisiones relevantes que devinieron en fatales errores en los técnicos.

Los imputados, convidados de piedra

“Pradas no redactó el mensaje, el texto no salió de su cabeza. En su caso, lo transmitió como responsable. [...] No era la cabeza visible del Cecopi y el envío del Es alert fue una decisión de todos”, indicó. “Si no hubiese estado ese día la consejera, posiblemente hubiese pasado lo mismo, se hubiera trabajado igual”, declaró el popular, que también minimizó la responsabilidad de quien fuera número dos de la extitular de Justicia e Interior. “El papel de Argüeso era menor. Intervino poco en la reunión. No voy a decir que nada, pero más bien poco, muy poco, aunque sí estaba en la sala [del Cecopi]. Por supuesto, recuerdo verlo allí”, aseguró.

A juicio del dirigente provincial, los dos máximos responsables de la Generalitat en la gestión de la tragedia imputados fueron una suerte de convidados de piedra en la emergencia. “Los técnicos llevaban la voz cantante”, relató a la instructora.

Unas declaraciones que chocan con la comparecencia judicial el pasado mayo de un técnico de Seguridad y Control del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que participó en el envío del aviso. Y que aseguró a la magistrada que Pradas le indicó “que no mandara nada hasta que ella le diera el visto bueno”, en alusión a la alerta. Como Mompó, este técnico visitó el juzgado como testigo y, por tanto, también tenía la obligación de decir la verdad.

El análisis de la declaración del presidente de la Diputación de Valencia revela también la exótica explicación que el dirigente dio a la magistrada sobre por qué eliminó correos, whatsapps y llamadas de su móvil del día de la tragedia. “Si en una conversación de WhatsApp no queda trabajo pendiente, borro la conversación. Me da igual llamada que mensaje. Lo mismo pasa con los correos electrónicos, solo tengo lo que considero de interés o quiero recordar. No borro las llamadas cuando tengo trabajo pendiente. Así me acuerdo”, indicó.

Tampoco detalló Mompó quién asumió el mando de la gestión de la peor catástrofe natural que ha asolado Valencia. “A las 20.30 horas, cuando llegó Mazón [al Cecopi] no sé quién presidía. No había una silla que pusiera ‘presidencia’”.

El dirigente desconoce también si Pradas trató de localizar al jefe del Consell, que el día de la dana prolongó su sobremesa de un almuerzo en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro mientras se inundaba la provincia. “No sé si Pradas se puso en contacto con Cayetano García [secretario autonómico de Presidencia] para que localizase [al president], o con José Cuenca [secretario de Comunicación] o con el equipo del presidente para que lo buscara”, zanjó.

Mompó reconoció a la jueza que la aciaga tarde llamó en dos ocasiones a Mazón -a las 19.10 y 19.36 horas- y el president no le cogió el móvil.

Pese a que la Generalitat esgrime un argumentario que sostiene que desconocía la magnitud de la barrancada por la falta de información de organismos estatales como la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), desde las 16.40 horas, el 112, el servicio de atención telefónico de emergencias autonómico recibió decenas de llamadas de alerta sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. Pradas y Argüeso, que fueron destituidos por Mazón cuatro semanas después de la riada, se enfrentan a una causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.