El Poder Judicial estudia una queja contra la jueza de la dana de la exconsejera de Mazón imputada
Pradas estima que la instrucción no es imparcial y denuncia sin pruebas supuestas irregularidades


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia una queja contra Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, la monumental riada que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos en Valencia, según confirma el máximo órgano de gobierno de los jueces.
La protesta contra la magistrada fue presentada el pasado julio por Salomé Pradas, exconsejera de Justicia y Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón imputada en las pesquisas.
La exdirigente, defendida por el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, acusa a la instructora de “falta de imparcialidad” y de cometer supuestas irregularidades en la investigación.
La exconsjera, que fue destituida por el president cuatro semanas después de la tragedia, pidió el pasado julio al CGPJ que suspenda a la jueza Ruiz Tobarra por actuar supuestamente en su investigación sin base probatoria. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces admiten que se ha abierto una “diligencia informativa” contra la instructora. “En esta fase, se trata simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción”, indican.
El procediendo es análogo al iniciado por el CGPJ contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La exconsejera de Mazón recrimina en su queja la supuesta “intromisión” en las pesquisas de un “magistrado ajeno al procedimiento”, en alusión a la presunta injerencia en la investigación de la pareja de Ruiz Tobarra. Un dato que tiene su origen en informaciones sin confirmar aireadas por varios medios digitales.
Reprocha también no haber recibido la transcripción íntegra de su declaración como imputada. La exconsejera compareció ante Ruiz Tobarra el pasado abril como investigada por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
En su batería de críticas, Pradas estima, además, que la instructora “ha condenado” a priori a los imputados. Junto a ella, figura como investigado quien fuera su segundo durante la inundación, el exsecretario autonómico de Emergencias, que también fue destituido por Mazón tras la mayor catástrofe natural que ha asolado Valencia.
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