100 días de la dana: la imposible normalidad con 4.660 ascensores sin funcionar

Raúl Aliaga encaró hace tres meses el reto de su vida: levantar a pulso el restaurante que fundó su padre en la arteria principal de Catarroja (Valencia, 30.142 habitantes), uno de los epicentros de la catástrofe del pasado 29 de octubre. A sus 47 años, este empresario tiró de ahorros para desembolsar los 200.000 euros que le costó remozar en tres semanas la taberna que porta su apellido, que emplea a cuatro trabajadores y nutre su sustento familiar desde hace décadas. Un rústico bajo que quedó arrasado —electrodomésticos, mobiliario, género— cuando la bíblica riada cruzó en tromba sus puertas. “Siempre tuve claro que había que abrir”, explica el hostelero que no duda en criticar duramente la actuación de las administraciones. Su capacidad para salir del fango de empresarios como él coincide con el recelo de la veintena de testimonios recogidos cien días después de la tragedia que dejó 227 muertos y, al menos, 17.000 millones de euros en pérdidas, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

La sociedad valenciana asiste al enfrentamiento de los gobiernos autonómico y central por la gestión de la emergencia y también por la cuantía o velocidad con que las ayudas llegan a los bolsillos de los damnificados. Tras el breve armisticio de los primeros días, cuando el presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, agradecía en público al socialista Pedro Sánchez su ayuda, la catástrofe se ha trasmutado en un ariete contra el adversario político y centra el discurso de la Generalitat. El jefe del Ejecutivo autonómico ha optado en los tensos meses por blindarse para evitar el contacto con los vecinos. El barón popular no se ha reunido en 100 días con las asociaciones de víctimas y mantiene ocultos detalles clave sobre qué hizo entre las 14.30 y las 19.30 del día de la tragedia, cuando ya había pueblos inundados y el servicio de Emergencias 112 estaba desbordado.

Tras encarar cuatro manifestaciones de miles de asistentes que piden su dimisión, el presidente valenciano ha vuelto a insistir en lo que considera un “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al que atribuye no avisar de la brutal crecida del barranco del Poyo, lo que justificaría que no se incorporara antes al centro de emergencias. El organismo del Ministerio de Transición Ecológica desmiente la acusación, con un audio publicado del presidente de la Confederación sobre los avisos de ese día. Los dirigentes socialistas reiteran la petición de explicaciones a Mazón por haber mantenido una larga comida y sobremesa el 29 de octubre y no llegar hasta pasadas las 19.30 al centro que envió la alerta a la ciudadanía a las 20.11, cuando ya había pueblos anegados y personas desaparecidas.

Las espadas siguen en alto entre las dos administraciones en medio del hartazgo de la ciudadanía. Fuentes del Gobierno reconocen esta situación, pero inciden en que no pueden dejar de contestar a medias verdades o directamente bulos y reclaman lealtad institucional. La Generalitat pide constantemente más ayudas y rapidez al Ejecutivo central. El Gobierno ha dispuesto un total de 16.600 millones de euros. Tiene 375.882 solicitudes de afectados. Ha desembolsado 2.204 millones, un 13,2% (del que más del 9% procede del Consorcio de Compensación de Seguros). Y la Generalitat ha movilizado 897 millones en ayudas directas, que ya ha pagado 337,7 millones. El esfuerzo económico es cuantioso. Cada vez son más voces de expertos que reclaman un plan Marshall, el que concibió EE UU en 1948 para levantar con 13.000 millones de la época la devastada Europa tras la II Guerra Mundial.

Ajeno a la refriega partidista, el presidente de la primera organización de afectados por la dana en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros), Christian Lesaec, califica de “nefasta” la gestión política. Este profesor de secundaria de francés sostiene que una vez que se han recuperado los cuerpos y vaciado de lodo los garajes (quedan 12 aún sin limpiar) hay que enfrentarse al día a día. “Reparar los ascensores es fundamental. Hay personas mayores que no pueden salir de sus casas”, explica. Hay 4.660 elevadores todavía fuera de servicio (de un total de 7.600 afectados), de los que hay que cambiar por completo 2.500 a un precio que puede superar los 60.000 euros cada uno, según la patronal Ascencoval, sin técnicos suficientes para atender toda la elevada demanda. Lesaec también advierte del peligro de amontonar en campos los 90.000 vehículos retirados.

La asociación que pilota presentó la primera querella de víctimas suscrita por un centenar de familias contra cinco altos cargos de Mazón y la máxima autoridad de la CHJ, Miguel Polo. SOS Desaparecidos última otra denuncia que aglutinará 140 afectados ―la mayoría parientes de fallecidos― contra los responsables políticos. Un juzgado de Catarroja instruirá todas estas causas con la ayuda de cinco fiscales.

En el epicentro de la catástrofe, Catarroja, su alcaldesa, la socialista Lorena Sirvent, reconoce que el municipio no levanta cabeza. “Estamos intervenidos. Y no paramos. Hemos creado un departamento de lunes a domingo para tramitar duplicados de documentación y ayudas”, explica la primera edil sobre este municipio que concentró 25 muertos y en el que la dana arrasó 6.000 inmuebles, 381 naves y 12.400 vehículos.

En Massanassa, su alcalde, Paco Comes, del PP, reconoce que lo peor son las 12 muertes que registró su ciudad, de 9.584 habitantes. “Ahora está todo más limpio y hay mucho destrozo, pero no podemos llamarlo normalidad porque con solo darte una vuelta por las calles ves muchas plantas bajas sin arreglar y otras en obras”, describe. Sobre si llegan o no las ayudas, Comes responde que sí: “Nos está llegando, pero siempre nos toca reclamar más porque la gente necesita el dinero”. En este municipio, la catástrofe sentenció 200 negocios, 350 empresas y 3.200 vehículos.

José Enrique Garrido, de 65 años, vive estos días entre operarios que reparan su escaparate. Cuando se le pregunta por la dana, muestra en el móvil una colección de trajes embarrados de la tienda de moda que sus padres fundaron en Catarroja. Corría 1965. La riada le ha dejado 80.000 euros en desperfectos. Confía en que el seguro le pague los 55.000 prometidos. Como el negocio de José Enrique, radicado en un bajo, el comercio local se recupera a cámara muy lenta. La dana impactó en más de 8.000 tiendas. El 40% de estos negocios se encuentran cerrados, según la patronal Confecomerç. “Estamos ante una reactivación todavía muy baja”, indica esta organización, que asegura que en municipios de la zona cero como Paiporta solo hay uno de cada cinco establecimientos abiertos.

La riada también se llevó por delante los centros educativos, que están lejos de recobrar la normalidad. Más de 48.000 alumnos de 115 dependencias se quedaron sin clase tras la dana. La Consejería de Educación aseguró antes de Navidad, que el 100% de estudiantes había retomado la actividad con enseñanza online o reubicación de alumnos en centros de otros municipios. Al otro lado, no se hace el mismo análisis. “La situación es sencillamente caótica”, se queja Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres Gonzalo Anaya. El dirigente denuncia falta de transparencia por parte de la Generalitat a la hora de facilitar datos de seguimiento sobre alumnos y equipamientos. “Tenemos centros en los que las condiciones de salubridad no son óptimas porque hay que limpiar mejor los sótanos, o los patios no reúnen las condiciones”, describe.

La catástrofe activó una oleada de solidaridad sin precedentes, y desde particulares, con palas y escobas, hasta grandes corporaciones han aportado su granito de arena para paliar los latigazos de la riada. La Fundación Amancio Ortega ha puesto a disposición de unos 40 ayuntamientos de la zona cero —dos de ellos de Castilla-La Mancha y el resto, valencianos— 100 millones. La misma cantidad inyectada por Mercadona para costear comedores sociales, donar alimentos y reconstruir parques y jardines. A Sergi Albir, de 51 años, la dana le barrió el estudio de fotografía que estaba a punto de abrir en Alfafar y la primera ayuda que llegó a sus bolsillos fue la del empresario Juan Roig, de Mercadona. Fue tres o cuatro semanas después de la dana. También le ha llegado dinero de la mutua y la Seguridad Social le ha dejado de cobrar la cuota de autónomos dos meses, aunque no tiene claro si lo tiene que abonar más adelante o no. “Montamos un crowdfundig (financiación colectiva) para reconstruir el local y saqué bonos, parte donación y parte deuda, que voy a devolver con mi trabajo de fotografía”, explica. “A mí, hasta ahora, sobre todo me ha ayudado la gente”, zanja.