Valencia asegura que ha corregido el proyecto de bajas emisiones y seguirá multando en el área residencial de Ciutat Vella

El Gobierno municipal de Valencia asegura que la Concejalía de Movilidad corregirá el proyecto original de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en periodo de consultas, y se multará a quien acceda sin autorización al Àrea de Prioridad Residencial de Ciutat Vella durante el primer año que esté en vigor la futura ordenanza reguladora de la ZBE. La previsión es que la norma se aplique durante el primer año, 2025, a efectos informativos, sin sanciones.

El proyecto de ordenanza está en fase de consultas por parte de diferentes servicios municipales —trámite necesario antes de su aprobación— para que hagan aportaciones al texto original y han advertido de algunas deficiencias y puesto objeciones: una de ellas tiene que ver con la APR de Ciutat Vella Nord, que se puso en marcha a finales de 2021 y restringe el paso de vehículos por parte del casco histórico de Valencia, a excepción de a residentes, comerciantes y servicios públicos, para proteger el entorno monumental y pacificar la circulación en la zona.

El Servicio Central del Proceso Sancionador del Ayuntamiento de Valencia ha remitido a la Concejalía de Movilidad un informe en el que advierte que, tal y como está redactada la Disposición Derogatoria Única del proyecto de ZBE original, quedaría derogado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de creación de la APR “dejando de constituir infracción y en consecuencia no siendo sancionables los accesos al Área de Prioridad Residencial. Si se desea continuar formulando denuncias por infracción al APR en el periodo transitorio entre la aprobación de la Ordenanza de Bajas Emisiones y la finalización del periodo informativo sería necesaria la modificación de la citada Disposición Derogatoria Única”.

Durante la pasada campaña electoral, el PP se mostró crítico con las sanciones a los vehículos no autorizados y que accedían a la APR de Ciutat Vella aunque cuando accedieron al gobierno no las derogaron. No obstante, los socialistas denunciaron a principios de este año que desde el 1 de octubre anterior y hasta comienzos de 2024 no se había puesto ninguna multa. El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, explicó entonces que el no haber puesto ninguna multa en ese tiempo era una eventualidad provocada por la falta de personal y que se estaba subsanando.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró un mes después, en febrero, que se estaba multando a los vehículos que entran sin autorización en el APR y que las sanciones que se imponían se estaban tramitando.