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El proyecto de bajas emisiones de Valencia deja un año sin multas el área residencial de Ciutat Vella

Los servicios municipales que revisan el borrador de la futura ordenanza apuntan que no concreta la reducción de emisiones contaminantes en las áreas residenciales, según denuncian los socialistas

C. Vázquez
Tráfico en el casco antiguo de Valencia el pasado mes de diciembre.
Tráfico en el casco antiguo de Valencia el pasado mes de diciembre.Mònica Torres

El gobierno local de Valencia, de PP y Vox, respondió a finales de junio a las exigencias medioambientales del Gobierno español y de la Unión Europea con el diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) blanda, de mínimos, que prohibirá circular por la capital solo a vehículos considerados por la DGT como lo más contaminantes, los de la clasificación A, y que no será plenamente efectiva antes de cuatro años. El proyecto de ordenanza es revisado en detalle ahora por diferentes servicios municipales —trámite necesario antes de su aprobación—, y advierten de algunas deficiencias: el borrador anula las sanciones del APR (Área de Prioridad Residencial) de Ciutat Vella durante un año si no se rectifica el texto, y no concreta ni cuantifica la reducción de emisiones contaminantes, denuncian los socialistas. “Somos Capital Verde Europea y, en lugar de hacer una ZBE ejemplar, que pudiera ser una referencia para el resto de ciudades, estamos intentando hacer trampas para no hacer ni una sola política real en contra del cambio climático”, denuncia el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán.

La Concejalía de Movilidad reveló a finales de junio el contenido de la ordenanza que está en estudio: la prohibición de circular afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores —no a los camiones— con distintivo A, es decir los vehículos con motor de gasolina y 27 años de antigüedad (a fecha de 2028) o con motor diésel y 22 años, según el borrador de ordenanza aprobado por los dos partidos de gobierno el viernes pasado. Su aplicación será de carácter progresivo: en 2025 no habrá sanciones y la ordenanza se aplicará solo a título informativo; a partir de 2026 los que porten la etiqueta A y sean de fuera de la provincia de Valencia no podrán entrar a Valencia o serán sancionados, en 2027 no podrán hacerlo los que sean de fuera de la ciudad, y solo a partir de 2028 tendrán vedada la circulación los matriculados en el municipio.

El borrador de Proyecto de ZBE, que acompaña al articulado de la ordenanza, la que justifica y sostiene la norma municipal y que la oposición no conoce, se somete ahora a revisión de los diferentes servicios municipales para que hagan sus observaciones. Y el de Mejora Climática advierte, por ejemplo, de que en algunas estaciones medidoras de la calidad del aire de Valencia, el valor estimado tras la implantación de la ZBE se mantiene e incluso aumenta respecto a los datos de 2023, como ocurre en la Pista de Silla, Viveros y el Bulevar sur. Además echan en falta la estación de Olivereta [que corresponde con una parte de la ciudad de tráfico intenso] a la hora de evaluar el efecto que tendría la ZBE.

Las objeciones continuan en el punto referido a objetivos cuantificables para reducir la contaminación en la capital. El texto recoge que el objetivo es reducir los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10) y partículas en suspensión menores de 2.5 micras (PM2,5) pero el proyecto no concreta ni cuantifica la reducción de emisiones contaminantes, según denuncian los socialistas. “Se considera que esos objetivos deberían de plasmarse en este apartado, tanto los objetivos parciales para las progresivas fases de implantación de la ZBE como los objetivos a alcanzar en el denominado escenario ZBE”, apunta el Servicio de Mejora Climática.

El departamento alerta de otro de los puntos del proyecto de ZBE cuando precisa que las estaciones medidoras de la contaminación de Olivereta y Centro estarían por encima de lo establecido por las directivas europeas. Cuando habla del escenario 2030, el proyecto dice que se estima suficiente la restricción del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos con etiqueta A sin necesidad de extender la prohibición a otras etiquetas puesto que, con estas restricciones, ya se estaría garantizando los umbrales de calidad del aire de la nueva Directiva, debería revisarse este aspecto, plantea el servicio municipal.

El Servicio Central del Procedimiento Sancionador municipal advierte de otro desajuste con el APR de Ciutat Vella. Cuando entre en vigor la ordenanza —tal y como está redactado ahora el proyecto—, el documento que regula el APR, ya en funcionamiento, dejará de tener validez. Y el problema está en que la futura norma tendrá un efecto informativo en su primer año de aplicación, 2025, por lo que se dejaría de multar a quien acceda al APR. “Si se desea continuar formulando denuncias por infracción al APR en el periodo transitorio entre la aprobación de la Ordenanza de Bajas Emisiones y la finalización del periodo informativo, sería necesario la modificación de la Disposición Derogatoria Única”, recoge la alegación.

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A la vista del articulado y de la falta de información sobre la documentación que acompaña al anteproyecto de ordenanza de la ZBE, la concejala socialista María Pérez preguntó y la respuesta por escrito del equipo de gobierno fue críptica: “Los criterios y el impacto estimado en materia de reducción de contaminación en virtud de los cuales se ha decidido la redacción del borrador de ordenanza de las ZBE están en íntima conexión con el contenido del proyecto que se ha remitido para informe de los diferentes servicios del Ayuntamiento”.

“Lo único que ha hecho María José Catalá es proponer una Zona de Bajas Emisiones fantasma. Es decir, no proponer nada e intentar hacer creer lo contrario. Somos Capital Verde Europea y, en lugar de hacer una Zona de Bajas Emisiones ejemplar, que pudiera ser una referencia para el resto de ciudades, estamos intentando hacer trampas para no hacer ni una sola política real en contra del cambio climático. Una situación que ahora han puesto de relieve los propios servicios municipales con los informes que desacreditan que la ZBE fantasma que ha anunciado a bombo y platillo el PP se base en datos objetivos “.

“La realidad es que Catalá está pensando en una ciudad a imagen y semejanza de aquellas personas que viven en urbanizaciones fuera de Valencia y quieren llegar en su coche al centro de la ciudad a costa de los vecinos y vecinas. Y nosotros necesitamos una alcaldesa que piense que los vecinos y vecinas están por delante de las necesidades de todos aquellos que creen que las calles son solamente para los coches”.

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C. Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.
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