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Los socialistas denuncian el “apagón” desde octubre de las cámaras del área restringida al tráfico en Valencia

La portavoz Sandra Gómez advierte de una posible “prevaricación” por incumplir la ordenanza de la APR que prevé sanciones para coches no autorizados. El PP replica que la causa es la falta de personal

C. V.
Tráfico en el casco histórico de València el pasado diciembre.
Tráfico en el casco histórico de València el pasado diciembre.Mònica Torres

Los socialistas de Valencia han denunciado el “apagón” de las cámaras del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella, que restringen al tráfico privado el casco histórico, y lo comunicarán al Gobierno de España por las consecuencias que puede acarrear la decisión del gobierno local, de PP y Vox, sobre la asignación de los fondos Next Generation, “puesto que afecta directamente a la Zona de Bajas Emisiones que se ha tramitado para cumplir con la normativa europea”.

Gómez considera que el “apagón” de las cámaras de la APR por parte del gabinete de la alcaldesa María José Catalá podría ser constitutivo de una “prevaricación”, ya que incumple la propia ordenanza municipal. “Si quieren dejar de multar y permitir que todos los vehículos privados circulen libremente y sin restricciones por nuestro centro histórico lo que deberían hacer es trasladarlo abiertamente a la ciudadanía y modificar la normativa”, ha sugerido.

La responsable socialista ha incidido en una posible prevaricación después de que el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, haya asegurado antes del pleno que el gobierno local no está sancionando por falta de personal; de hecho ha apuntado que se ha tenido que desviar recursos del servicio de Movilidad, destinado a establecer las multas, a otro servicio como es el Padrón. “Estamos intentando solucionar lo antes posible” la falta de personal “que nos hemos encontrado cuando llegamos al Gobierno local”, según Caballero.

Según Gómez, la decisión del gobierno de Catalá de no multar a los coches en Ciutat Vella vuelve a evidenciar la política de favorecer el uso del vehículo privado por toda la ciudad: “Estas políticas están produciendo un efecto llamada porque cualquiera puede circular libremente por el centro de la ciudad de València porque con el Ayuntamiento nadie va a decir nada, nadie le va a poner una sanción y, por lo tanto, tenemos barra libre para todas aquellas personas que quieran circular libremente y sin ningún tipo de restricción por el centro”, ha destacado.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez.PSPV-PSOE

La líder de los socialistas en la ciudad, en este sentido, ha instado al PP y a la alcaldesa a que si ha decidido no multar a los conductores que atraviesen libremente el centro de la ciudad que derogue la ordenanza de la APR. No obstante, ha avisado que el grupo socialista transmitirá estos hechos al Gobierno de España por si esa situación pone en riesgo la asignación de los fondos europeos por la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones con la que combatir el incremento de contaminación que se está registrando en la ciudad desde que Catalá llegó al Ayuntamiento.

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“Esta decisión de no sancionar incumple con toda la normativa que hay a nivel nacional sobre Zonas de Bajas Emisiones y lo vamos a trasladar al Ministerio para que evalúe con detalle esta situación”, ha subrayado Gómez quien, además, ha señalado que tras el apagón de las cámaras de Ciutat Vella la ciudad ha registrado varios episodios de alerta por altos niveles de contaminación.

“Este fin de semana se han producido de nuevo varios avisos por alta contaminación, lo que demuestra que las medidas de Catalá de abrir toda la ciudad al coche de nuevo, en contra de las políticas que se están desarrollando en toda Europa, están dificultando la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Por eso, exigimos a Catalá que abandone su negacionismo y empiece a tomar medidas que nos ayuden a combatir la contaminación”, ha finalizado.

El nuevo gobierno municipal de Valencia interpuso en sus primeros cuatro meses de gestión 31.065 sanciones, por un importe de 1,8 millones de euros, a conductores que no respetaron la APR en Ciutat Vella, una restricción que María José Catalá dijo en campaña electoral que pensaba suprimir.

La APR se activó por primera vez en diciembre de 2021 por la anterior Junta de Gobierno Local, de Compromís y PSPV, para evitar que vehículos privados emplearan el casco histórico a modo de atajo. Más de 30.000 matrículas, entre residentes, comerciantes y otros servicios, cuentan con acreditación para circular por este área restringida sin riesgo de sanciones.

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Sobre la firma

C. V.
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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