Pánico en El Saler por un nuevo incendio y un presunto pirómano en el vecindario
Las llamas llegaron esta semana hasta la entrada de un edificio del parque natural, próximo a Valencia, donde vive una persona investigada que espera juicio por un siniestro en octubre
Simon se trasladó de su querida Berlín al “paraíso”. Ahora vive en una torre de la Dehesa del Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia. Por una habitación ve el mar, por otra, el lago. El pasado lunes se percató, sobre las 14.20, de que salía humo de una parte del denso bosque que se extiende a los pies del edificio. El alemán grabó un vídeo para su mujer, valenciana, que se había ido a la ciudad con la hija de ambos, de ocho años. Al principio, no se preocupó demasiado, no parecía muy cercano. A los pocos minutos, tuvo que desalojar corriendo su vivienda porque una intensa humareda impedía ver las llamas que se aproximaban e incluso se hacía difícil respirar. El fuerte viento de Poniente había acelerado y empujado el incendio hacia la zona habitada. Llegó a pensar qué tenía que salvar con urgencia de su casa.
“Y me llevé el peluche de mi hija”, se permite bromear cuatro días después. Las llamas se contuvieron y no entraron en el edificio, gracias a la rápida acción de los bomberos que cuentan con una base dentro del parque. 30 personas fueron desalojadas. El fuego arrasó 14 hectáreas de un lugar privilegiado, una franja verde, que ha sufrido 17 incendios o conatos desde el pasado agosto. Simon se pone serio para incidir en el peligro de los incendios que asolan el paraje y también en el señalamiento a través de los chats y de comentarios de los vecinos, muchos de los cuales culpan directamente a uno de ellos de los siniestros.
No se habla de otra cosa en El Saler, del presunto pirómano que convive en la pedanía de Valencia con las cerca de sus 1.200 habitantes, población que se multiplica en verano. J. C., abogado de 59 años, vive allí desde hace décadas. Es uno más. “Todo el mundo lo conoce”, comenta un vecino. Se cruzan con él, lo ven en el balcón fumando. El pasado 25 de octubre fue detenido por el incendio que se inició unos días antes y quemó 16 hectáreas en otra zona de la dehesa tres días antes. Tenía algún antecedente por lanzar bengalas desde su casa y provocar un conato. Estuvo en prisión provisional hasta finales de diciembre. Salió con medidas cautelares, como no acercase a la zona boscosa, pero sí puede transitar por los múltiples senderos que atraviesan el parque. Reside allí, solo, tras la separación de su esposa, con la que tiene dos hijos.
Ahora se encuentra a la espera del juicio, mientras sus vecinos lo vigilan, están pendientes de sus movimientos, han organizado algunas patrullas para controlar si hay conatos. La Cope publicó en su web una foto de él con una garrafa de parafina, material inflamable, que luego se halló arrojada en el suelo. El pánico y el miedo se han extendido entre el vecindario. Por otro lado, existe temor entre algunos en que alguien se tome la justicia por su mano, de que pueda ser objeto de linchamiento, reconoce una vecina, que recuerda que no hay pruebas concluyentes. Otros rebajan la tensión. Hay quien sugiere que podría haber un efecto contagio y que haya más pirómanos.
El pasado jueves, el portero de la torre donde vive el vecino señalado insistía en que no puede hablar, que se lo ha aconsejado la policía. Unas horas después salió del portal J. C. y se dirigió hasta su coche. Este periódico le preguntó si quería hablar de las acusaciones y de su situación. Respondió que no, al tiempo que negaba con la cabeza. A una periodista de Tele 5 le había comentado con anterioridad desde el balcón de su casa que todo lo que tenía que decir lo diría ante el juzgado y que los vecinos contaban muchas cosas falsas. En una declaración voluntaria, el presunto pirómano negó ante el juez cualquier relación con el incendio y señaló que emplea la parafina para combustible de sus estufas, según publicó el diario Levante EMV. “Desde luego hay miedo y mucha preocupación, porque esta maravilla de vegetación implica un peligro alto y por todo lo que ya ha pasado antes”, comenta Rafa, jubilado que ahora vive entre El Saler y Madrid.
La situación es compleja. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que están investigando “a tope” y que no pueden decir nada más de momento. Se ven con frecuencia patrullas de agentes por El Saler. Dos vecinos aseguran que se han encontrado con “policías de la secreta”. La delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, ha manifestado que todo apunta a que el último siniestro también fue intencionado, como el anterior. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, parece no albergar ninguna duda y culpa directamente a que hay “un pirómano suelto”. El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, de Vox, señaló en enero que “desde que la izquierda se ha ido a la oposición [gobernó entre 2015 y 2023], los incendios se han multiplicado”. La oposición respondió con el anunció de posibles acciones legales por injurias y calumnias. La media de incendios registrados entre 2010 y 2023 fue de tres al año, enfatizó esta semana el concejal de Vox.
El Ayuntamiento, personado en la causa del incendio de octubre, ha pedido esta semana al juez de instrucción número siete de Valencia, que se geolocalicen los dispositivos móviles para “acreditar dónde se encontraba el supuesto pirómano en cada momento y también para solicitar que todas las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil durante estos días se tengan en cuenta en el juzgado”.
Un vecino duda de si se puede discernir por la localización a través del móvil si uno está en una zona boscosa o justo al lado, en una carretera o sendero. Otro sugiere que se le ponga una pulsera de control telemático, si bien es una medida que se impone una vez dictada la pena. Fuentes policiales judiciales recuerdan la importancia de contar con pruebas o indicios claros y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no contempla la alarma social (que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional) como una de las circunstancias (como el riesgo de fuga o la obstrucción de pruebas) por las cuales se podía acordar la prisión preventiva o la continuidad de la misma frente al derecho fundamental de la libertad individual.
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