Alfonso Grau se desvincula de los pagos a las campañas electorales del PP de Valencia

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, número dos entre 1995 y 2015 de la alcaldesa Rita Barberá, se ha desvinculado este lunes de los pagos que la formación local realizó en las campañas electorales de 2007 y 2011. Su cometido, ha dicho, “era redactar el programa electoral, coordinarme con el resto de compañeros candidatos. No sabía de presupuestos de campaña. No encargué nada, yo solo transmitía [acuerdos del comité electoral”], ha manifestado en la Audiencia de Valencia durante el juicio por presunta financiación irregular que se sigue contra él, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento, Carmen García Fuster, y otros dos acusados, por delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

La Audiencia juzga el supuesto entramado creado por Grau para la financiación de las elecciones de 2007 y 2011, a través de empresas que realizaron trabajos electorales para el PP en las dos campañas electorales investigadas. (Laterne y Trasgos). También están acusados el exconcejal del PP Juan Eduardo Santón y el que fue director de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, José Salinas.

Grau ha insistido en que era el coordinador de campaña para la elaboración del programa electoral pero no sabía nada del presupuesto pues las decisiones se adoptaban en los comités electorales y no había un coordinador único. Sobre la contratación en 2007 de la empresa Laterne para la organización de los actos de campaña de aquel año, el exvicealcalde ha asegurado que él no contrataba a nadie, solo transmitía lo acordado por el comité. Tampoco realizada pagos, ha sostenido.

El número dos de Barberá ha explicado además la relación con su exasesor Jesús Gordillo, quien supuestamente entregó documentación sobre la presunta financiación irregular del partido, de la que luego se desdijo en el juicio. Lo conoció, ha dicho Grau, a través de su exmujer, ginecóloga de profesión, que asistió en el parto a la mujer de Gordillo. Grau lo contrató de asesor y no ha ocultado su sorpresa cuando el exasesor le acusó “de no sé qué” porque lo único que había hecho por él era ayudarle.

El exconcejal ha negado que le diera a Gordillo 350.000 euros para pagos en Laterne y tampoco le ordenó recoger cheques de empresas o sociedades o hacer facturas para justificar entregas de dinero. Sobre los presupuestos para campañas y si la dirección nacional del partido estaba al corriente, Grau ha manifestado que era “imposible” que desde el PP de Madrid se llevase la contabilidad exacta: “Una cosa es lo que dice la ley (...) La mayoría de veces son los pueblos los que se rascan el bolsillo y pagan la campaña electoral”, ha manifestado.

Por último, interpelado por cómo funcionaban algunas entidades como la Fundación Turismo Valencia, Fivec o CyD, entidades todas participadas por el Ayuntamiento, ha comentado que no se aprobaba nada sin la junta de patronos, de la que no solo formaba parte el consistorio, sino otros patronos privados.

100.000 euros en donaciones

La exsecretaria durante años del grupo municipal del PP de Valencia, Carmen García Fuster, ha dado a entender que las campaña electorales se financiaciaban gracias a donaciones de particulares. Ha asegurado ante el juez que era habitual que particulares llevasen sobres con diferentes donaciones, y que en una ocasión, en octubre de 2010, una mujer le llevó 100.000 euros en un bolsón o carpeta, no lo recordaba con seguridad.

Esa mujer era Conchita García Lliberós, según ha revelado posteriormente García Fuster, quien este lunes ha admitido también que el partido manejaba dos cuentas bancarias: una era con las subvenciones recibidas desde el Consistorio y otra donde los concejales y asesores ingresaban el conocido en el argot interno como “impuesto revolucionario”, unos 60 euros mensuales, que nutrían posteriormente las cuentas del PP provincial.

“Los gerentes del partido han negado conocer esas cuentas pero es falso. ¡Si me llamaban para pedirme ingresos! ¿Cómo no iban a conocer esa cuenta? Parte de esos fondos nos los quedábamos para hacer frente a las elecciones, pero el montante principal iba al PP provincial. Luego les enviábamos facturas y no querían saber nada”, ha declarado.

García Fuster se ha desdicho también de la existencia de un recaudador del PP, tal y como declaró cuando el caso estaba en instrucción para justificar la recepción de 116.000 euros antes de las elecciones de 2011. “Fue un invento para proteger a todos esos donantes anónimos”. “Si empiezo a dar nombres, se les hubiese investigado a todos y hubiese sido tremendamente injusto”, ha justificado en la sala.

La vista de este lunes ha comenzado con la reproducción de dos conversaciones teléfonicas protagonizadas por la exconcejal popular María José Alcón explica en una de las grabaciones autorizadas por el juez a su hijo el supuesto sistema de blanqueo. “En el partido me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500. Dinero negro”. “Ellos tienen mucho dinero negro”, “de empresas, comisiones, corrupciones...” y “no pueden aflorarlo”, afirma Alcón en las cintas cuyo pinchazo fue autorizado por el juez dentro de la investigación.