La Generalitat valenciana anuncia una ley para regular el litoral y asumir competencias de Costas

El pleno del Consell ha aprobado este viernes formar un grupo de trabajo para la redacción del anteproyecto de una ley valenciana de Costas y la reforma del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) validado hace apenas un mes por el Tribunal Supremo y aprobado en 2018 para revertir como rústico lo declarado como urbanizable, protegiendo así miles de hectáreas y salvar del ladrillo al menos los primeros 500 metros de suelo desde la orilla. La Generalitat pretende asumir competencias que ahora ejerce el Gobierno central a través de Costas pero que, a entender del Ejecutivo que lidera Carlos Mazón, podrían ser transferidas en virtud del Estatuto.

La consejera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha explicado que la ley “aspira” a regular usos y actividades del litoral y a compatibilizar “el desarrollo económico y social y la protección del litoral”. Pese a que, en reiteradas ocasiones ha manifestado la capacidad de la Generalitat por asumir estas competencias, de sus propias palabras se han desprendido las dudas sobre la invasión de competencias en la que puede incurrir el gobierno autonómico. “Nos defenderemos”, ha dicho Pradas al ser preguntada si la iniciativa y futura ley no está abocada a la comisión bilateral Gobierno-autonomías para determinar la jurisdicción. La consejera ha asegurado contar con sentencias del Constitucional y con casos de otras comunidades a las que ya se han transferido las competencias. Los archipiélagos balear y canario y Andalucía y Cataluña son las autonomías que ya las tienen. En los dos primeros casos surgió de un acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico, que no es la vía en la que trabaja el Consell de Mazón. En el caso de Cataluña, la ley fue recurrida al Constitucional que la avaló, en la sentencia mencionada por Pradas, por la referencia que su Estatuto hace a la gestión del litoral, mucho más explícita que la que recoge el Estatuto valenciano. Lo mismo ocurre en el caso de Andalucía¡, cuyo estatuto tiene una redacción prácticamente idéntica que la del catalán. Sin embargo, la ausencia de las competencias recogidas en el Estatuto es lo que ha llevado al mismo Tribunal Constitucional a suspender la ley gallega, que pretendía aplicar sus propios criterios y plazos para actuar contra las construcciones ilegales en el litoral.

Según fuentes de la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana el modelo para el anteproyecto es esa ley gallega que pretende limitar la actuación contra construcciones ilegales y, de hecho, ese ha sido uno de los ejemplos que ha puesto Salomé Pradas que ha mencionado los conflictos por los poblados marítimos de Denia, Nules y Cabanes, unas agrupaciones de casas construidas hace decenas de años en la misma playa, un espacio que Costas considera dentro del dominio marítimo-terrestre cuya competencia exclusiva es del Estado.

De hecho, este es uno de los ejemplos que ha puesto Salomé Pradas y con el que ha justificado una nueva ley que “defienda” a los propietarios de estas viviendas ante los “desmanes injustos y arbitrarios” del Gobierno, tal como ha dicho.

Fuentes de la consejería han indicado además que las competencias que solicitarán serán las relativas a “tierra firme, hasta el mar”, con lo que la regeneración de las playas o la reconstrucción de los paseos marítimos que reiteradamente se ven afectados por los temporales marítimos deberían pasar a ser costeados por la Generalitat.

Respuesta socialista

El anuncio ha tenido ya respuesta del PSPV. La portavoz adjunta socialista en Les Corts y responsable del área de Territorio, María José Salvador, ha acusado al PP de utilizar “las instituciones valencianas como ariete contra el Gobierno de España” y ha remarcado que “esta propuesta invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional como ha ocurrido en Galicia”. Además, la dirigente socialista ha instado al Consell a “explicar con pelos y señales cuál es su objetivo real con esta nueva legislación” y ha lamentado que “la derecha vuelva a su modelo de urbanismo salvaje, del que parece que no han aprendido nada”.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE ha afirmado que “las políticas que defenderemos siempre los y las socialistas valencianos van a ser las que apuesten por luchar contra el cambio climático, preservar el territorio y los enclaves paisajísticos” y ha insistido en que “nos encontrarán siempre enfrente cuando hagan de la política un instrumento de confrontación”.