Cataluña crea una institución pionera en España para proteger la costa frente a la especulación

El urbanismo salvaje y depredador del territorio ha destrozado paisajes, bosques y hasta entornos protegidos en España, pero se ha cebado especialmente con las costas. El ejemplo más sangrante es El Algarrobico, un hotel ilegal edificado junto al mar en Almería que lleva más de 16 años sin ser demolido, pero otros edificios similares ocupan playas y acantilados por todo el país. Tan solo los ecologistas han levantado su voz contra este expolio. Espoleada por el impulso de varias ONG, Cataluña está creando una institución pionera para proteger sus costas frente a la especulación: el Conservatorio del Litoral, un ente que imita —hasta en el nombre— al organismo estatal puntero que funciona en Francia desde 1975, donde ha comprado ya el 13% del litoral para preservarlo de la urbanización. Aunque el Conservatorio puede tardar unos meses en ponerse en marcha, tendrá presupuesto para empezar su labor en 2023. Ni el Estado ni otras comunidades costeras planean organismos similares; aunque Parques Nacionales y los ministerios con competencias de medio ambiente han hecho compras puntuales de terrenos, nunca de forma sistemática y casi nunca en la costa.

“En España no disponemos de una figura semejante, porque esa capacidad de adquirir terrenos y fincas costeras para añadirlas a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) la tiene y la ejerce la Dirección General de Costas”, dice un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica. Ese dominio es la franja de tierra más cercana al mar, los primeros 100 metros, aunque pueden ser más si hay marismas u otros elementos. La legislación española “tiene un carácter garantista y no se puede construir en esa zona”, dice el ministerio; las construcciones existentes en esa área son anteriores a la ley de costas de 1988. A partir de esa franja no hay, en general, ninguna limitación, y es precisamente de esos suelos de los que se ocupará el Conservatorio catalán. El Estado, por ahora, no lo contempla.

“Una vez más, el camino de la cultura y del respeto al patrimonio y a la arquitectura llega desde Cataluña”, señala Andrés Rubio, autor del reciente España fea (Debate), un crudo ensayo que denuncia el caos urbano del país. “Lo verdaderamente decepcionante es que no sea el Estado el que esté creando el Conservatorio del Litoral en España, de acuerdo con las comunidades autónomas costeras, lo que demuestra una vez más la incultura de los dirigentes políticos españoles en lo que se refiere a la conservación del territorio”, se queja.

“El Conservatoire du Littoral se creó en 1975 para contribuir a la preservación de las costas francesas frente a la especulación inmobiliaria”, explica Arnault Graves, delegado de riberas Mancha-Mar del Norte de la institución francesa. “Desde entonces, hemos adquirido unas 200.000 hectáreas, más del 13% del litoral francés, aunque en algunas regiones la cifra se acerca al 30%”, continúa. El organismo autónomo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del país vecino, intenta conservar espacios de gran valor patrimonial colindantes al dominio público marítimo terrestre, preservar el capital natural y el bienestar social de esas zonas, y proteger esos entornos frágiles de los fenómenos climáticos extremos impulsados por el cambio climático. Buscan terrenos de alto valor natural y tratan de que no sucumban a las excavadoras.

Purificació Canals, única española miembro del comité científico del Conservatoire, destaca que la protección del paisaje es política de Estado en Francia. “Quien promovió este organismo no fueron los ecologistas, sino el presidente Giscard d’Estaing y su primer ministro Jacques Chirac, poco sospechosos de ecologistas radicales”. En ese comité hay biólogos (como Canals), sociólogos, abogados, filósofos… Cuando el organismo compra un terreno, los 15 miembros del comité se encargan de reunirse con ganaderos, agricultores, alcaldes, ecologistas… “Visitamos el espacio, estudiamos sus características, y al final hacemos un dictamen para sugerir cómo recuperar el lugar, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, pero también sociales”, señala Canals.

Esa recuperación puede hacerse de varias maneras. “Si la zona tenía actividad agrícola o ganadera, se mantiene, pero con criterios ecológicos. Los ecosistemas degradados se restauran y se devuelven a su estado natural. Y en muchos casos se habilitan los accesos para que la gente pueda disfrutar de esos espacios de forma adecuada”, continúa la bióloga. Su presupuesto anual son 50 millones de euros, y también reciben donaciones. 180 agentes se encargan de gestionar estos lugares, mientras que 900 guardas de litoral los vigilan para mantenerlos en buen estado. Esto se convierte en una riqueza para el país: según los datos del Conservatoire, estos lugares reciben unos 40 millones de visitantes al año.

¿Y por qué no en España?

El ejemplo francés ha impregnado la cercana costa de Girona. “Cruzas la frontera y ves que Banyuls-sur-Mer tiene todo su litoral protegido. ¿Por qué no podemos tener aquí lo mismo?”, se queja amargamente el abogado Eduard de Ribot. “En 2018, varias organizaciones ecologistas analizamos los planeamientos en 22 municipios de la Costa Brava y vimos que se podían construir 250 urbanizaciones en primera línea de mar, en espacios forestales, en playas… Por eso creamos Sos Costa Brava”, señala. Pone como sangrante ejemplo la urbanizaciónSJardins de Sa Riera Living en la costa de Begur (Girona), construida sobre tres hectáreas de pinares mediterráneos y donde protestaron el pasado 30 de julio. La entidad llevó sus reivindicaciones a la Generalitat de Cataluña, que en 2020 aprobó una ley de protección de litoral y se comprometió a impulsar moratorias a la construcción de viviendas en este entorno y a poner en marcha un Conservatorio del Litoral antes de un año.

Ferran Miralles, responsable de proyectos de la Dirección de Políticas de Montaña y del Litoral de la Generalitat, explica que ha sido imposible cumplir ese plazo por los trámites administrativos, que todavía se pueden demorar unos meses, pero adelanta a EL PAÍS que su departamento gestionará un presupuesto de al menos dos millones de euros en 2023 para empezar a adquirir suelo en este periodo transitorio. “Esa cantidad se va a poner incluso si se prorrogan los Presupuestos. Cuando se inicia un proyecto de este tipo hay que definir una estrategia, ver los mercados, desarrollar proyectos… Y todo va lento al principio. Es sensato arrancar con esta cantidad y luego irla incrementando”. SOS Costa Brava cree que es poco: “En proporción deberíamos dedicar 4,5 millones, pero nosotros proponemos usar la mitad de lo recaudado por la tasa turística en el litoral, que son unos 11 millones”, dice Irene Gisbert, su portavoz.

El Gobierno catalán ha arrancado una consulta pública para decidir qué forma jurídica tendrá su Conservatorio: una institución autónoma —al estilo francés—, un consorcio con otras administraciones, o asignar estas funciones al Instituto Catalán del Suelo o a la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, creada en 2020. “Exigimos que sea un organismo autónomo y que no se diluya en otras agencias, el litoral es la zona más poblada, más frágil y más sometida a la presión de la especulación”, critica la ecologista Gisbert. Miralles, de la Generalitat, contrapone: “Hay maneras de dedicar un presupuesto específico y auditable para este fin sin crear nuevas estructuras. Hay que encontrar un punto de equilibro entre la ambición y la eficiencia de los recursos públicos”. La consulta terminará en octubre y después la Generalitat decidirá este aspecto.

Sea cual sea su forma, habrá un Conservatorio del Litoral en Cataluña. Será, cree Andrés Rubio, un “primer paso” frente al caos urbano español. “El patriotismo bien entendido pasa por el paisaje, pero en España hay una conspiración contra él. Aquí a los patriotas solo les interesa lo inmaterial ―las banderas—, pero lo material lo exprimen para extraer el máximo beneficio. El sistema que se ha aplicado, desregulado y favorecedor de la corrupción, sigue el modelo estadounidense, cuando se debiera haber seguido el más cercano ejemplo francés, que considera la defensa del territorio como un factor patriótico y de identidad nacional”, denuncia. Pide que se cree una figura estatal similar, algo que también comparten los ecologistas.

El departamento de Teresa Ribera destaca que “se han adquirido en el pasado y se siguen adquiriendo en el presente fincas costeras para su incorporación al dominio público cuando se estima conveniente para la protección de ciertos enclaves”, sin especificar cuáles ni por qué cantidades. Purificació Canals confirma que se han comprado terrenos en momentos muy puntuales tanto con gobiernos del PP como del PSOE, sobre todo desde el organismo autónomo Parques Nacionales. “El Estado se ha hecho con fincas, pero no de forma sistemática, y además ni se ha hecho nada con ellas ni las han abierto al público. Por eso hace falta un Conservatorio del Litoral español, para dar continuidad a estas políticas de compras y de gestión”.

Tampoco las comunidades costeras tienen planes de copiar este organismo. La Comunidad Valenciana y Baleares responden que no tienen competencias en costas y que ya tienen amplios espacios protegidos en el litoral. Sin embargo, Cataluña tan solo tiene una mínimas competencias sobre la gestión de autorizaciones del dominio público y, en cualquier caso, la franja sobre la que hay que actuar es mucho más amplia. “En Baleares casi todos los espacios naturales protegidos surgieron para evitar las grandes construcciones que se proyectaban ahí”, dice una portavoz del Ejecutivo isleño. Mientras, Murcia no considera necesaria esta figura, pese a ser la comunidad con más casos de corrupción de España —según el repositorio de casos del CGPJ y un estudio de la Universidad de La Laguna—, en su mayoría vinculados al urbanismo depredador del litoral. Andalucía, Galicia y Canarias no han respondido a las preguntas de este diario.

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